El juez federal Hernán Viri recorrió las costas de Colón junto a los legisladores que impulsaron la demanda contra HIF Global y Uruguay. Marianela Marclay destacó la importancia de que el magistrado pudiera conocer en el lugar la cercanía entre el proyecto y la toma de agua de la ciudad.
Por: Matías Dalmazzo
La causa judicial iniciada para prevenir un eventual daño ambiental por la instalación de la planta de combustibles sintéticos de HIF Global en la costa uruguaya del río Uruguay sumó este viernes una nueva instancia. El juez federal de Concepción del Uruguay, Hernán Viri, realizó un reconocimiento judicial en la zona costera de Colón, acompañado por la perito bióloga designada en el expediente y por los legisladores nacionales Guillermo Michel, Marianela Marclay y Adán Bahl, impulsores de la demanda.
El procedimiento comenzó en Concepción del Uruguay y continuó en el puerto de Colón, desde donde se realizó una inspección del sector frente al lugar donde se proyecta el emprendimiento. Durante el recorrido, la perito Viviana Cousté aportó las coordenadas correspondientes al punto donde estaría ubicada la toma de agua de la empresa, mientras que todavía no se conocen oficialmente las coordenadas exactas del lugar previsto para la descarga. La diligencia incluyó además la incorporación de fotografías al expediente.
Una mirada directa del juez
Marclay explicó que el reconocimiento judicial permitió que el magistrado pudiera observar personalmente el escenario sobre el que deberá resolver. “El juez va a conocer con sus propios sentidos de qué estamos hablando”, señaló la diputada entrerriana, al remarcar que durante la inspección Viri pudo identificar dónde se instalaría la planta, su ubicación frente a la ciudad de Colón y la proximidad con la toma de agua.
Para la legisladora, ese contacto directo con el territorio resulta importante porque permite al juez contar con “un panorama más abarcativo” de la discusión de fondo. La demanda por Daño Ambiental Preventivo se tramita ante la Justicia Federal de Concepción del Uruguay y tiene como demandados a la República Oriental del Uruguay y a HIF Global.
Qué viene después
Marclay aclaró que la inspección constituye apenas una etapa inicial de un proceso que todavía tiene varios pasos por delante. Según explicó, Uruguay, la empresa y la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) deberán responder los oficios enviados por el juzgado y presentar la información requerida, que todavía se encuentra pendiente.
Con esos elementos, la perito bióloga deberá avanzar con su evaluación dentro de la causa. A su vez, los demandantes contarán con un perito de parte, que será designado por la Universidad de Buenos Aires (UBA). “Esto recién está arrancando”, sostuvo Marclay al referirse al camino que queda por recorrer.
La diputada planteó que el desarrollo del conflicto dependerá también de las respuestas que brinde Uruguay, aunque remarcó que desde Argentina continuarán utilizando las herramientas institucionales y judiciales disponibles. “Nosotros hacemos lo que podemos desde el lado argentino para prevenir el daño ambiental que vendría con esta planta”, afirmó. La disputa se mantiene así en el ámbito judicial, mientras avanza el proyecto de instalación de la planta sobre la margen uruguaya del río Uruguay.
