Por Mariana Bardisa (*)
En muchas ciudades argentinas conviven escenas difíciles de explicar. Un comedor recibe cada vez más familias. A pocas cuadras, una empresa dice que no encuentra trabajadores con la formación que necesita. Una escuela intenta resolver problemas que comenzaron mucho antes del aula. Y muchos jóvenes estudian y trabajan sin poder imaginar cuándo podrán vivir por su cuenta.
La política suele resumir estas situaciones con palabras grandilocuentes: desarrollo, crecimiento, inclusión, justicia social. Pero para quien vive el día a día, la pregunta es bastante más sencilla: ¿qué cambia realmente en mi vida?
Hace poco, Rodrigo Zarazaga sacerdote jesuita y fundador del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), planteó la necesidad de construir una “coalición de los buenos”: una alianza entre actores económicos, políticos y sociales capaces de generar valor, enfrentar privilegios y sostener un proyecto de desarrollo para la Argentina.
La expresión provoca una pregunta inevitable: ¿quiénes son los buenos?
Argentina tiene demasiada experiencia dividiendo la política entre unos y otros: pueblo y oligarquía, República y populismo, productivos y parásitos, gente y casta. Por eso, la idea sólo resulta interesante si dejamos de discutir quién es moralmente bueno y comenzamos a preguntarnos qué hace cada actor con el poder que tiene.
¿Produce valor o captura rentas? ¿Acepta reglas generales o busca excepciones? ¿Genera oportunidades o necesita que otros dependan de él?
Y, sobre todo: ¿qué privilegio está dispuesto a resignar para que algo cambie?
Una coalición transformadora no se reconoce por los valores que proclama, sino por las ventajas que sus integrantes están dispuestos a abandonar. Porque los privilegios rara vez desaparecen por buena voluntad. Se necesitan instituciones, reglas y poder político para modificarlos.
Pero disponer de poder abre otra pregunta: ¿para qué usarlo?
Ahí aparece una idea que nos brindó del Papa Francisco: la “revolución de la ternura”.
La palabra puede parecer demasiado blanda para la política. Sin embargo, su sentido es profundamente político. La ternura comienza cuando dejamos de mirar al otro como un problema que debe administrarse y empezamos a reconocerlo como alguien cuya vida importa.
Eso significa evaluar una política no sólo por su eficiencia, sino también por sus consecuencias. ¿Quién paga? ¿Quién puede adaptarse? ¿Quién recibe los beneficios? ¿Quién queda afuera?
La ternura no elimina el conflicto. Lo hace visible. Incluso puede exigir confrontar privilegios, modificar presupuestos o invertir más allí donde existen mayores desigualdades.
También obliga a distinguir solidaridad de desarrollo. Que un comedor reciba cada vez más personas puede demostrar la enorme solidaridad de una comunidad. También puede demostrar el fracaso de su economía. Un comedor resuelve una urgencia, pero no reemplaza el empleo. Una transferencia evita una caída, pero no necesariamente construye una salida.
Y es allí, donde se encuentran los conceptos que venimos desarrollando.
La ternura sin poder puede terminar administrando el sufrimiento. El poder sin ternura puede administrar la desigualdad con enorme eficiencia.
En la Argentina, construir una coalición capaz de sostener un proceso de desarrollo exige articular intereses que muchas veces compiten entre sí: Nación y provincias, sectores productivos, trabajadores, universidades, organizaciones sociales y gobiernos de distinto signo político. No alcanza con coincidir en grandes objetivos. Hace falta acordar reglas sobre inversión, educación, infraestructura, empleo y distribución de recursos.
En las provincias, esa discusión adquiere además una dimensión federal. El desarrollo no puede depender solamente de las decisiones tomadas desde Buenos Aires ni reducir a los territorios a proveedores de recursos. Provincias como Entre Ríos necesitan construir capacidades propias, agregar valor, ampliar su base productiva y transformar sus ventajas económicas en oportunidades concretas para quienes viven allí.
Una “coalición de los buenos” tendría sentido si consigue romper con una lógica demasiado conocida: cada actor defendiendo su beneficio particular mientras reclama que el esfuerzo lo haga otro. Empresas que piden estabilidad deben aceptar competencia y reglas. Los gobiernos que reclaman inversiones deben garantizar instituciones previsibles. Las provincias que demandan mayor autonomía también deben asumir responsabilidades sobre sus resultados. Y el Estado nacional debe comprender que un país no se desarrolla concentrando oportunidades en unos pocos territorios.
Por eso la pregunta no es quién merece integrar esa coalición. La pregunta es ¿estamos dispuestos a limitar parte de nuestros propios privilegios para construir reglas que amplíen las oportunidades de los demás? Necesitamos perder privilegios para construir un futuro.
Nuestras instituciones se diseñaron para una sociedad que ya no existe. Y esto ocurre porque muchas de las instituciones que organizan nuestra vida social, política, económica y educativa fueron creadas en un contexto histórico diferente al actual y, por lo tanto, quedaron desactualizadas frente a las nuevas necesidades de la sociedad. No necesariamente son instituciones “malas” o “antiguas”; el problema es que fueron pensadas para responder a una realidad que se transformó.
Que vivir mejor deje de ser un privilegio y que la política comience donde termina la indiferencia. Construyamos una sociedad justa, que no administre dolores, porque en definitiva la solidaridad contiene, pero solo el desarrollo transforma.
(*) Concejal
