Por Joseph Stiglitz (*)
Los conservadores siempre hacen exhibición de lo preocupados que están por la carga de deuda que dejamos a nuestros hijos. Este argumento ético es el mismo que suelen repetir respecto del gasto público (inversión pública). Más allá de que muchas veces reclaman algo y luego hacen lo contrario, lo que hay que preguntarse es qué políticas y compromisos fiscales que adoptemos hoy servirán mejor a los intereses de nuestros hijos y nietos.
No todos los gastos son lo mismo. Cualquier persona con formación económica sabe que siempre hay que mirar los dos lados del balance, ya que lo que realmente importa es la diferencia entre el activo y el pasivo. Si la deuda crece, pero el activo crece todavía más, la situación del país mejora. Y esto se aplica a la inversión en infraestructura, educación, investigación o tecnología. Pero algo todavía más importante es el capital natural: el valor del medioambiente, del agua, del aire y del suelo. Contaminarlos implica dejar a nuestros hijos una carga incluso mayor.
La deuda financiera es sólo algo que nos debemos mutuamente; pedazos de papel que se pueden pasar de un lado al otro para ajustar los derechos de diversas partes a acceder a bienes y servicios. No cumplir el pago de una deuda será una mancha en nuestra reputación, pero nuestro capital físico, humano y natural seguirá tal cual. Los tenedores de bonos se encontrarán más pobres que lo que pensaban, pero nuestra “riqueza” general seguirá siendo la misma.
Bancarrotas perpetuas
No sucede lo mismo con la “deuda ambiental”. Es una carga que ningún juez de bancarrotas puede eliminar de un plumazo. Reparar el daño que hagamos hoy puede llevar décadas y obligar a gastar dinero que se hubiera podido usar para enriquecer al país. Por eso mismo, gastar con inteligencia para proteger y rehabilitar el medioambiente (por ejemplo, inversiones para reducir la emisión de gases de efecto invernadero) dejará a las generaciones futuras en mejor situación, incluso si se financia con deuda.
Supongamos que pudiéramos estimar, en términos monetarios, los beneficios directos de esas inversiones, por ejemplo, el aumento de la producción (o la reducción de los costos de reparar los daños causados por incendios forestales o sequías extremas), y el valor de las mejoras en salud y longevidad derivadas de una menor contaminación del aire. ¿Qué tasa de retorno deberíamos exigir?
Tomemos como ejemplo a EE.UU. El gobierno está tratando de responder esta pregunta, y cualquiera sea el resultado, las consecuencias serán de largo alcance. Si se exige una tasa de retorno alta –como hizo la administración Trump cuando fijó un mínimo de 7%–, habrá poca inversión en mitigación del cambio climático, y las generaciones futuras se calcinarán en un mundo en el que las temperaturas habrán aumentado 3°C o más.
El retorno exigido de esta “inversión en seguridad” tiene que ser menor que el tipo de interés real (deflactado) de una inversión segura. En los últimos años, ese tipo de interés ha sido negativo, pero incluso tomando una escala temporal mucho más amplia, ha oscilado alrededor de 1%. De modo que la “tasa de descuento” correcta debería ser muy inferior al 7%, inferior incluso al intervalo de 2.5 a 5% que usó la administración Obama, y tal vez incluso negativa.
Límites planetarios
Para analizar el asunto desde otro ángulo, podemos preguntar cuál es la tasa de descuento necesaria para lograr el objetivo internacionalmente acordado de limitar el calentamiento global a entre 1.5 y 2°C. Los incendios, huracanes, inundaciones, sequías, heladas y otros desastres que hemos soportado hasta ahora son apenas un anticipo de lo que nos traerá un futuro semejante. Hacer los cálculos usando una tasa de descuento alta impedirá cumplir el objetivo de 1.5°C.
La cuestión también se puede analizar desde el punto de vista de las “generaciones futuras”. ¿Qué valor damos a nuestros hijos? ¿Cuáles son sus derechos?
Niños y jóvenes de todo el mundo exigen que los líderes actuales pongan en práctica las políticas necesarias para preservar su futuro.
Lo plantean como un derecho básico, y en algunas jurisdicciones van a la Justicia para defender sus intereses (una jueza federal de Oregón dictaminó la procedencia de una demanda por violación de derechos constitucionales en materia climática presentada por 21 jóvenes, que se suma a una acción similar que ya está en curso contra el estado de Montana). ¿No deberíamos hacer lo mismo los mayores?
(*) Premio Nobel de Economía. Profesor distinguido en la Universidad de Columbia.
