El Frente de Todos logró la media sanción del proyecto. El PRO acompañaba pero terminó votando en contra.
El proyecto que reforma el régimen de prevención y represión del lavado de activos logró media sanción este jueves en la Cámara de Diputados, con 111 votos positivos, 96 negativos y cinco abstenciones. Finalmente, Juntos por el Cambio se mantuvo unido, pese a que el PRO había firmado el dictamen oficialista. El proyecto ahora deberá ser analizado en el Senado.
Aunque el bloque PRO había acompañado -con disidencias- el dictamen de mayoría junto al oficialismo, la bancada macrista terminó alineándose por el rechazo con sus pares de la Coalición Cívica y la UCR en Juntos por el Cambio.
Las diferencias centrales radicaban en dotar de más autonomía a la Unidad de Información Financiera (UIF), al tiempo de modificar el mecanismo de selección y remoción de sus autoridades.
Juntos por el Cambio, el interbloque Federal, el Frente de Izquierda y el liberal José Luis Espert votaron en contra. El bloque de Javier Milei no estuvo presente ni tampoco el ahora monobloque de Carolina Píparo, cercana al líder de La Libertad Avanza.
Junto al oficialismo, que tuvo ausentes en sus filas -así también la principal bancada opositora-, votaron sus aliados del interbloque Provincias Unidas y el flamante gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa.
Durante la votación en particular, la oposición no logró imponerse para agregar dos artículos para modificar la selección y remoción de las autoridades de la UIF, y otro sobre las facultades del organismo. Unos 30 artículos del proyecto en los que no había diferencias los votaron favorablemente a mano alzada.
La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo hace casi un año atrás -en mayo de 2022-, es exigida desde el Fondo Monetario Internacional, de manera de que el país se pueda adecuar a los estándares internacionales. Además, para el Gobierno urge su aprobación, a raíz de que en septiembre de este año Argentina comenzará a ser evaluada por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).
Modifica el artículo 5 de la Ley 25.246, de modo que la UIF funcionará como “organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera”.
El texto original del Poder Ejecutivo tuvo numerosos cambios. Uno de ellos fue que se modificó lo referido a la pena prevista para el lavado en el artículo 303 del Código Penal: se aumentará el monto de la «condición objetiva de punibilidad» de 300 mil pesos a 8.600.000 y se implementará una unidad de medida (Salario Mínimo Vital y Móvil) a los fines de su actualización periódica.
