Representantes de Agmer y abogados que impulsan un amparo colectivo contra el nuevo esquema de provisión de alimentos para comedores escolares brindaron una conferencia de prensa en Paraná y cuestionaron la decisión del Gobierno provincial de centralizar las compras.
El encuentro se realizó este miércoles en la sede de Agmer y estuvo encabezado por el secretario general del gremio, Abel Antivero, junto a los abogados Rubén Pagliotto y Verónica Fischbach y la representante de la Fundación Cauce, Valeria Enderle.
El reclamo se encuentra actualmente bajo análisis del Superior Tribunal de Justicia (STJ), luego de que el Ejecutivo apelara la medida cautelar que había frenado la entrega de determinados productos ultraprocesados a los establecimientos educativos.
Cuestionamientos a la calidad de los alimentos
Durante la conferencia, Antivero sostuvo que la alimentación escolar forma parte de las condiciones necesarias para garantizar el derecho a la educación y cuestionó la falta de fundamentos técnicos sobre la calidad de los productos incluidos en el nuevo sistema.
“En ningún momento se fundamentó lo que tiene que ver con la calidad de los productos. No son alimentos, sino productos”, afirmó el dirigente, quien acusó al Gobierno de utilizar la alimentación escolar como “una variable de ajuste”.
El abogado Rubén Pagliotto centró sus críticas en el presunto incumplimiento de la Ley de Etiquetado Frontal. Como ejemplo, mencionó productos con una elevada cantidad de sellos de advertencia y cuestionó que puedan ingresar a los establecimientos educativos.
“Imagínese un budín marca X que tiene cuatro octógonos, no uno, cuatro”, señaló el letrado, quien sostuvo que las recomendaciones de organismos internacionales como la OMS y Unicef respaldan restricciones para el ingreso de este tipo de productos a los entornos escolares.
El amparo llegó al Superior Tribunal
La abogada de Agmer, Verónica Fischbach, explicó el estado de la acción colectiva ambiental presentada contra el nuevo sistema de provisión y cuestionó la evidencia presentada por el Estado en el expediente.
Según detalló, entre los productos contemplados en el esquema hay budines, galletitas y cereales con varios sellos de advertencia. “Seis sellos tiene el budín, dos tienen las galletitas y dos tienen los cerealitos”, afirmó.
El conflicto judicial se inició a partir de la contratación de la empresa Teknofood SA para la provisión centralizada de alimentos destinados a los comedores escolares.
Los amparistas también plantearon objeciones vinculadas con la logística del sistema. Entre ellas, señalaron que el esquema contempla seis entregas anuales, lo que obligaría a las escuelas a almacenar grandes cantidades de productos y podría generar dificultades relacionadas con la conservación y el vencimiento de los alimentos.
Reclaman que se mantenga la cautelar
Los representantes legales de los amparistas presentaron además un planteo de nulidad ante el STJ respecto de la apelación del Gobierno. Sostienen que, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 8369, las medidas cautelares dictadas en procesos de amparo son inapelables.
La definición estará ahora en manos de los nueve integrantes del Superior Tribunal de Justicia, cuya conformación para resolver el planteo ya fue establecida.
Desde el sector que impulsa el amparo señalaron que cuentan con el respaldo de más de 400 personas, además de adhesiones de la CTA, Ctera y organizaciones gremiales de distintas provincias.
La convocatoria para sumarse a la acción colectiva permanece abierta hasta este domingo. Los impulsores advirtieron que, debido al carácter constitucional del proceso, los plazos judiciales continúan corriendo.
En caso de que el reclamo no prospere en el ámbito provincial, los amparistas anticiparon que analizan recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, eventualmente, ante organismos internacionales.
