Por: Carlos Heller
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de reducción de las tarifas de gas en las denominadas zonas frías del país. Es una medida de espíritu federal que va en la línea con la necesaria segmentación del cuadro tarifario y con la recuperación del poder adquisitivo de los hogares.
Contempla la reducción del 30% para los consumos de gas de usuarios de las nuevas zonas, que llegará al 50% en el caso de usuarios de mayor vulnerabilidad. Se incluye en este segmento a personas que reciban AUH, pensiones no contributivas y jubilados —hasta cuatro salarios mínimos—, monotributistas sociales, personal de casas particulares y quienes reciban una pensión vitalicia, como los veteranos de Guerra de Malvinas.
Las necesidades son muchas si se tiene en cuenta que en el período 2016-2019, cuando la factura residencial subió más de un 1.000%, casi 3 millones hogares cayeron en la “pobreza e indigencia energéticas”, según Enargas.
Se llegó a afirmar que “si bajás la tarifa van a consumir más”. Un pensamiento que pasa por alto que si en ciertas zonas se consume más es porque el invierno es más largo y es más crudo. Y cuando no hay posibilidades de costear la tarifa, se pasa frío.
Respecto del supuesto impacto en las cuentas públicas, el proyecto gira sobre la existencia de un fideicomiso que se autofinancia y es solidario. El costo de la ampliación se distribuye entre el total de los usuarios de gas natural del país, y resultaría en un cargo adicional de un 0,5% sobre la factura promedio. Es decir, que el conjunto soporta el beneficio para aquellos que viven en zonas que necesitan consumir más porque hace más frío.
Un aspecto importante es que los criterios de territorialidad no se basan en localidades seleccionadas a dedo sino en categorías establecidas en las zonas bio-ambientales utilizadas por Enargas que tienen que ver con las amplitudes térmicas de los últimos 10 años, lo que le da una objetividad absoluta. Más allá de esto, se trató de deslizar que hay una “intención electoral”, una frase que no resiste ningún análisis ya que más de la mitad de los municipios alcanzados son gestionados por la oposición.
