Por Carlos Heller
Según sostiene el presidente electo Javier Milei, si su gobierno no aplica un fuerte ajuste se producirá una hiperinflación que va a generar un 90% de pobreza. En paralelo, Mauricio Macri habló de la necesidad de aplicar un ajuste “bestial”. ¿Qué están diciendo? Que el ajuste es el costo que hay que pagar para no ir al escenario de “la peor crisis de toda nuestra historia”.
Ajustar conlleva recortar y la magnitud del recorte que están proponiendo afectaría a una gran parte de la sociedad. Porque ese ajuste excede largamente “a la política”.
Hay diferencias importantes entre el inicio de la gestión de Milei comparado con el inicio de la gestión de Macri en 2015: este último venía de una campaña electoral donde había mentido sobre parte de las políticas que proponía implementar. Entre otras promesas, había asegurado que iba a respetar todo lo que estuviera bien del gobierno anterior y que derogaría el Impuesto a las Ganancias. Fueron los tiempos en los que hablaba de una “revolución de la alegría” como punto de partida de una Argentina de la felicidad.
Milei, en cambio, ganó diciendo todo lo que pretende hacer. Por eso afirma: “propuse el ajuste y la gente me votó y me dio legitimidad para que lo haga”. Lo cual es cierto. Pero ahí también comienzan los matices. ¿Todo el sector de la sociedad que lo votó es consciente acerca de qué significa el ajuste que está promoviendo y cómo, en muchos casos, los incluirá y afectará?
El discurso de la culpa
Milei dice que tiene que hacer todo rápido en el principio, cuando mantiene la máxima
credibilidad. En seis meses o en un año la legitimidad no será la misma y, entonces, las políticas de shock serán más difíciles de aplicar. En la misma línea, ahora sostiene que las políticas de ajuste que propone llevar adelante, y sus efectos negativos, son –según él– una consecuencia de las políticas implementadas por el gobierno actual.
¿Puede funcionar un modelo así? Sólo durante un tiempo, mientras esté vigente, entre otras cosas, el discurso de que la culpa de lo que sucede es de los que estaban antes. Ese 55,69% que votó al presidente electo, pese a todo lo que se dijo y se alertó durante la campaña electoral, le va a dar un crédito a la implementación de su modelo de país. Pero es un proyecto difícilmente sustentable en el mediano y largo plazo. Las sociedades pueden votar contra sí mismas pero no soportar durante mucho tiempo políticas que empeoran sistemáticamente sus condiciones de vida.
Hay una segunda diferencia importante entre el inicio de las presidencias de Macri y de Milei: el primero asumió en un país desendeudado y con una economía ordenada y en crecimiento. No quiere decir que el país no atravesaba problemas, pero eran menores comparados con los que dejó el jefe del PRO cuando finalizó su gobierno en 2019.
Hoy, por el contrario, estamos ante una Argentina hiperendeudada, con alta inflación y altos niveles de pobreza. Diversas cuestiones como la pandemia, la guerra y la sequía, sin desconocer errores propios, dificultaron revertir el punto de partida del gobierno actual.
“Hacer cumplir la ley”
Es en este escenario que el presidente electo propone políticas de ajuste que comienzan con la eliminación total de la obra pública. Sin solución de continuidad se amenaza con que “se aplicará la ley” a aquellos que no acepten el deterioro de sus condiciones de vida, consecuencia del desempleo o de la reducción de sus ingresos reales. Ya sabemos qué quiere decir en el lenguaje del neoliberalismo “hacer cumplir la ley”.
El próximo gobierno ha sido votado para que permanezca cuatro años y habrá que tratar de lograr que sus políticas sean lo menos gravosas para la población en general, y sobre todo para los sectores más vulnerables. Para ello es necesario construir mayorías que le pongan límites a ese proyecto. Nada es para siempre.
Hay cuatro años por delante de un gobierno elegido por la voluntad popular. Una mayoría legitima su mandato. En ese escenario, resulta imprescindible reafirmar nuestros valores, el de la solidaridad, el de la inclusión y el de la justicia social, entre otros, y fortalecernos en todos los logros alcanzados en estos 40 años de democracia. Se trata de continuar defendiendo un Estado presente que genere una mejor redistribución del ingreso, con un enfoque federal, con el respeto a las minorías y las disidencias, con preocupación por el cuidado de la “casa común”.
