Por Carlos Heller
En el actual escenario electoral queda bien en claro que hay dos modelos diametralmente opuestos y que no se trata de una cuestión abstracta.
Por un lado, hay en marcha un modelo de país con un Estado presente y con políticas que apuntan, entre otras importantes cuestiones, a cuidar el empleo, la actividad económica y a mejorar la distribución de los ingresos y la riqueza.
Por el otro lado, está el modelo de los negocios, aquel que eliminaría la mayoría de las funciones del Estado, que pulverizaría los ingresos de la población y fomentaría sólo aquellas iniciativas que implican una rentabilidad para el sector privado.
El candidato libertario acaba de reconocer que la devaluación del tipo de cambio es funcional al proyecto dolarizador (“cuanto más alto esté es más fácil”), todo un anticipo de lo que haría. También afirmó, entre otras tantas cosas, que eliminaría la obra pública y que si algo “no es rentable para el sector privado es porque no es deseable socialmente”. Quiere decir que algo importa sólo si permite hacer un negocio. Que la educación y la salud, para citar ejemplos, deben ser rentables y quedar en manos del mercado, por lo que toda la población, incluida la de menos recursos, tendría que pagarlas: gran retroceso en materia de derechos.
Respecto de la volatilidad cambiaria, que se ha exacerbado en estas semanas, lo que está claro es que con la incertidumbre se trata de influir negativamente en el humor social. Ya pasó en la previa a los ‘90, cuando se generó un caldo de cultivo para la implementación de la Convertibilidad, período en que completaron aquellas reformas que no había alcanzado a concluir la dictadura cívico-militar. El país no puede repetir la misma historia.
Coyuntura y estrategia
El Gobierno nacional se encuentra activo en la implementación de medidas que permitan contrarrestar los efectos de la devaluación (que impulsó el FMI) y, a la vez, empezar a recomponer los ingresos.
Estas políticas públicas se ponen en marcha a través de decretos para que la población que más las necesita encuentre un alivio inmediato. Pero, en paralelo, el Ejecutivo convierte estas iniciativas en proyectos de ley, para que se conviertan en políticas de Estado.
La semana pasada, en particular, se debatió en un plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Alquileres, que había sido devuelto por el Senado con modificaciones. Entre las más importantes se encuentra el mantenimiento en tres años del período mínimo para los contratos residenciales. Esto permite al inquilino reducir los eventuales costos transaccionales y relacionados con mudanzas en cortos períodos. Además, se redujo a 6 meses el plazo mínimo para la actualización de precios en los contratos: un cambio lógico en un contexto inflacionario. Se puntualizó también en el proyecto que en los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse “en moneda nacional y por períodos mensuales”. Además se establece ajustar el alquiler por el índice “Casa Propia”, fórmula que tiene en cuenta el menor indicador entre a) el 90% del promedio de la variación salarial del último año y b) el promedio de la inflación del mismo período.
Un 2024 de crecimiento
Pero, más allá de los pormenores del texto del proyecto de ley, queda claro que el martes próximo (cuando sea tratado en la sesión de Diputados) se debatirán dos alternativas antagónicas. La que “protege” al mercado, desregulando al sector lo más posible como propone JxC en el proyecto aprobado inicialmente en Diputados, que establece, entre otras cuestiones, que “las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler”. O proteger a los inquilinos, el eslabón más débil de la relación, como postula la sanción del Senado.
En cuanto al sector energético, la balanza energética terminaría 2023 con un superávit de U$S 100 millones. Mientras que para el 2024 este saldo positivo alcanzaría U$S 3800 millones, gracias a la culminación del primer tramo del Gasoducto Néstor Kirchner y la reversión del Gasoducto Norte, entre las obras más importantes.
Este es el modelo de país que nos permite pensar que el 2024 será un año con crecimiento y en el que se sentarán las bases para avanzar con un proyecto que mejore la distribución del ingreso y permita ir quitándonos de encima la mochila del FMI. Nada de esto puede conseguirse a partir del otro modelo que apunta a ajustar, endeudar, privatizar, y cuyos daños se sentirían por varias
