Por Carlos Heller
El proyecto para crear el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda, presentado por un grupo de senadores y senadoras del Frente de Todos es una iniciativa que coloca a toda la coalición de gobierno a debatir con la principal oposición. Además, nos sitúa nuevamente ante una distinción nítida: el interés nacional frente a los evasores y fugadores de capitales.
El proyecto propone dos regímenes. Uno de ellos fomenta el acogimiento voluntario a un plan de regularización de quienes han llevado dinero al exterior sin declarar y sin pagar los impuestos y que, por lo tanto, han incumplido con la ley. Si estas personas o empresas hicieran una presentación espontánea en los primeros seis meses luego de sancionada la iniciativa, deberían pagar sólo un 20% del total de lo evadido. Si, por el contrario, lo hicieran entre los seis meses y un año abonarían un 35%.
Colaborador denunciante
El segundo es un régimen penal que promueve, entre otras cosas, investigaciones para descubrir a evasores con bienes en el exterior sin declarar. En el caso de ser descubiertos, tendrían la opción de abonar, en los siguientes quince días a que ello sucediera, el 50% del valor de lo evadido y, de ese modo, quedar exceptuados de la judicialización correspondiente.
La otra novedad del proyecto es que se crearía la figura del colaborador, que es aquel que denuncia y que ayuda en la búsqueda del infractor. La medida establece explícitamente que el mencionado colaborador debe ser cuidado y protegido en su identidad. Incluso tendría acceso a una recompensa en la medida que su información sirviera para que se recupere el dinero fugado irregularmente. Esa recompensa alcanzaría hasta el 30% de lo denunciado y efectivamente recuperado.
Este proyecto de ley tiene antecedentes en la historia reciente. En el año 2015, por ejemplo, se elaboró en el Parlamento un extenso informe que contenía las conclusiones de la Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros destinados a Facilitar la Evasión de Tributos y la Consecuente Salida de Divisas del País, que presidía el entonces diputado nacional y actual secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.
Algunas de mis propuestas finales, como integrante de esa Comisión Bicameral, fueron la eliminación o aguda limitación de las guaridas fiscales y la restricción de la “Private Banking” o “Banca en Secreto”, presente especialmente en las entidades financieras internacionales. También señalé la necesidad de crear la figura del colaborador, que en aquel entonces denominé denunciante. Sosteníamos ya la conveniencia de proteger a estas personas, en especial en los casos de las prácticas bancarias relacionadas con el lavado de activos.
“Una empresa por habitante”
En la misma perspectiva, describimos lo que sucedía en el Estado de Delaware, en los Estados Unidos, uno de los más pequeños y de menor densidad poblacional de ese país. En su sitio oficial de Internet se leía que su Secretaría de Estado tiene un modo de actuar “que se asemeja más al de una corporación que administra que a un aparato burocrático de gobierno”. Y en la Ley General de Sociedades de Delaware se dice que ella “está escrita con un sesgo en contra de toda regulación”.
En mi intervención, en aquella oportunidad, agregaba un dato concluyente: “en Delaware, donde viven 800.000 personas, tienen radicación 850.000 empresas”. Finalmente concluía que “en la página del Departamento de Administración Presupuestaria de Estados Unidos en el año 2015, se habla de la necesidad de una reforma impositiva que apunte a que las empresas norteamericanas paguen impuestos por los 2 billones de dólares que tienen en el exterior no declarados”.
En síntesis: el proyecto presentado en el Senado por el Frente de Todos tiene un gran objetivo que es generar recursos para pagar lo adeudado al FMI. Se trata de una iniciativa dirigida a personas o empresas que han evadido el pago de impuestos y a las que se les da la posibilidad de regularizar su situación y, de esa manera, abandonar su estado de ilegalidad. Puede haber una cantidad de personas que digan: “bueno, acá tengo una oportunidad, pago y dejo de estar en infracción”.
Por supuesto, aprobar esta ley no va a ser fácil. Algunos sectores de la oposición han optado por combatirla inmediatamente. Pero, el debate dejará claro quiénes están protegiendo a los que no cumplen con las leyes y no han pagado los impuestos que tenían que pagar por el dinero que ganaron en la Argentina.
No es un camino único, hay que seguir trabajando en muchos frentes en simultáneo. Pero este proyecto va en la dirección correcta.
