Arquitecto – Docente
Argentina se encamina a obtener niveles récord de producción de petróleo y gas, de la mano del desarrollo de Vaca Muerta, sobre todo a partir de la explotación no convencional. Las proyecciones a futuro muestran niveles sostenidos de aumento de la producción, las exportaciones y el superávit energético.
El auge de la formación Vaca Muerta en la Patagonia ha convertido a las arenas silíceas entrerrianas, particularmente las de los departamentos de Islas del Ibicuy y Victoria, en un insumo crítico para la producción no convencional. Sin embargo, mientras las flotas de camiones fluyen hacia el sur, la provincia asiste a la extracción de su riqueza natural con una estructura fiscal que parece diseñada para otro siglo y otra realidad.
¿Estamos aprovechando el «boom» de petróleo y gas de Vaca Muerta?
Actualmente, el sistema tributario se basa en un canon por tonelada de arena vinculada al precio del gasoil. Es un mecanismo administrativo, no una política de desarrollo. La incidencia de este canon sobre el costo final de la tonelada de arena puesta en boca de pozo en Añelo es marginal, apenas el 1,5% o 2%. Mientras tanto, la provincia sigue, como todas, teniendo al Impuesto a los Ingresos Brutos como la principal fuente de ingresos tributarios provinciales. Una aberración fiscal que castiga al que produce, al que invierte y al que arriesga.
Resulta paradójico. Gravamos en cascada con una gabela medieval al comerciante y al consumidor, encareciendo cada etapa de la producción y fomentando la informalidad. Pero al mismo tiempo, permitimos que la renta diferencial generada por un don de la naturaleza —la arena que nadie fabricó en Entre Ríos, sino que heredó de eras geológicas— sea capturada casi íntegramente por privados o se diluya en la ineficiencia logística.
Es aquí donde debemos rescatar las ideas centrales del pensamiento liberal de los padres de nuestra Constitución de 1853. La arena de fracking no tiene valor por el esfuerzo del dueño del suelo, sino por su escasez geológica y por la demanda externa generada por la técnica del fracking. Es lo que la economía clásica define como renta pura del suelo.
Si la arena es, según nuestro Código de Minería, una sustancia de tercera categoría que pertenece al dueño de la tierra, la estrategia para capturar esa riqueza no debe ser un impuesto a la producción (que desincentiva la inversión), sino un impuesto al valor del suelo libre de mejoras.
La propuesta es tan disruptiva como lógica: en lugar de fiscalizar cada camión en la ruta, la provincia debe tasar el valor de mercado de los yacimientos. Un campo en Ibicuy con estratos de arena aptos para Vaca Muerta no vale lo mismo que un bañado improductivo. Su valor fiscal debe reflejar esa aptitud extractiva. Al tasar el suelo y no el trabajo ni las mejoras, la provincia captura la renta antes de que se convierta en plusvalía apropiada por quienes no la generaron.
Para llevar esto a cabo, no basta con voluntad política; se necesita tecnología. La implementación de un Catastro Multipropósito es una reforma estructural pendiente. No hablamos de un simple dibujo de parcelas, sino de una base de datos dinámica que integre la geología, la infraestructura y los valores de mercado en tiempo real.
Este catastro permitiría que el impuesto al valor del suelo se aplique con precisión:
- En lo minero: Gravando la renta geológica de la arena, incentivando a los propietarios de canteras a producir con eficiencia o a pagar por el privilegio de retener un recurso estratégico. Si un productor instala una planta de lavado de arena ambientalmente responsable, esa mejora no debería aumentar su impuesto. Lo que se grava es el valor de la tierra, no el trabajo ni la inversión.
- En lo urbano: Eliminando la especulación con lotes baldíos que gozan de infraestructura pagada por todos y abaratando la construcción.
- En lo rural: Liberando de carga fiscal a las mejoras de los productores.
Muchos industriales y comerciantes se preguntarán: «¿Otro impuesto más?». La respuesta es: ¡No! Más bien todo lo contrario, menos impuestos, pero mejores. El impuesto al valor del suelo libre de mejoras no es otra cosa que el actual impuesto inmobiliario; en realidad se trata de dos impuestos disfrazados de uno; el que grava el valor del suelo, y el que grava las mejoras y construcciones. El primero es el menos malo, diría el Premio Nobel ultraliberal Milton Friedman. El segundo penaliza al que quiere invertir en construir y mejorar su propiedad. Y habría que empezar a pensar de qué manera se puede comenzar un proceso gradual de reducción de las alícuotas del impuesto a los ingresos brutos, con un horizonte temporal a futuro que prevea su eliminación.
En nuestro país el economista Eduardo Conesa ha estructurado gran parte de su propuesta macroeconómica de largo plazo —a la que define como un «liberalismo desarrollista»— alrededor de una reforma impositiva integral. Para Conesa, el sistema fiscal argentino actual castiga al que produce y premia al que especula. Su propuesta busca invertir esa lógica. Propone que sea un impuesto provincial, pero coordinado mediante una ley marco nacional que permita computarlo como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias. Esto alentaría la formalización de la economía.
Imaginemos el impacto: eliminar el impuesto más distorsivo y regresivo de nuestra economía a cambio de un tributo sobre las rentas “no ganadas” de la tierra que nadie puede esconder ni trasladar.
¿Por qué no lo proponen las cámaras empresariales? Quizás por esa «confusión de identidad» entre el productor y el propietario. Muchos temen que sea un nuevo gravamen que se sume a la asfixia actual. El desafío es proponer un pacto fiscal inquebrantable: la sustitución progresiva de las alícuotas del impuesto a los ingresos brutos hasta su eliminación.
La renta de la arena, y de los recursos naturales en general, se podría invertir en:
- Transición Energética: Investigación y desarrollo en hidrógeno verde y biomasa, aprovechando nuestra escala agroindustrial y nuestro potencial en energías renovables.
- Infraestructura Multimodal: Recuperar el ferrocarril y potenciar la hidrovía, para que nuestra competitividad no dependa solo de lo que hay bajo el suelo, sino de cómo nos movemos sobre él.
- Conocimiento: Financiar la aplicación de Big Data e IA a la gestión pública y la planificación territorial para el desarrollo sostenible.
Entre Ríos no puede seguir siendo una provincia que mira pasar la riqueza por sus rutas mientras castiga con impuestos absurdos a quienes crean valor. La arena de fracking nos ofrece una oportunidad de oro —o de sílice— para comenzar a reformar nuestra matriz tributaria.
No se trata de «atacar» a la propiedad privada, sino de defenderla en su forma más pura: el derecho de cada entrerriano a quedarse con el fruto íntegro de su trabajo, mientras la sociedad recupera para sí el valor que ella misma y la naturaleza han creado. Es hora de pasar de un Estado que «recauda de lo que puede» a un Estado que «recupera lo que le corresponde». Solo así, el boom de Vaca Muerta dejará algo más que baches en las rutas: dejará una provincia moderna, productiva y, sobre todo, justa.
