Los gremios docentes universitarios nucleados en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) llevarán adelante un paro nacional de 48 horas los próximos 27 y 28 de agosto en las universidades públicas de todo el país.
La medida de fuerza se realizará en reclamo de una recomposición salarial y de mayores recursos para el sistema universitario. Además, las organizaciones sindicales exigirán al Gobierno nacional que implemente de manera efectiva la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación reclaman desde su aprobación.
La protesta, respaldada también por organizaciones como FEDUBA, se inscribe en el conflicto por los fondos destinados a las universidades. Los gremios sostienen que las instituciones no están recibiendo los recursos necesarios para afrontar gastos de funcionamiento, programas de becas y salarios del personal, pese a la vigencia de la legislación y de medidas judiciales relacionadas con su cumplimiento.
Reclamo por los salarios
Uno de los principales ejes de la protesta es la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios. Desde las organizaciones sindicales cuestionaron que los incrementos salariales otorgados durante los últimos meses fueron definidos de manera unilateral y no alcanzaron a compensar el avance de la inflación.
Según las estimaciones difundidas por los gremios, los docentes universitarios acumulan una pérdida cercana a un tercio de su poder de compra desde diciembre de 2023. En ese marco, plantean la necesidad de una recomposición superior al 50% sobre los salarios actuales para recuperar el nivel adquisitivo perdido.
Preocupación por la pérdida de docentes e investigadores
A la situación salarial se suma la preocupación de las autoridades universitarias por la salida de profesionales altamente capacitados. El deterioro de los ingresos frente a las oportunidades que ofrecen el sector privado y universidades del exterior estaría impulsando el éxodo de docentes e investigadores con formación de posgrado.
Desde las instituciones advierten que esta situación puede tener consecuencias sobre la calidad de la enseñanza y el desarrollo de la investigación científica en el país.
Ante la falta de respuestas a sus reclamos, los sindicatos universitarios anticiparon que podrían profundizar las medidas de fuerza y continuar con el plan de lucha en defensa del financiamiento de las universidades públicas y de los salarios docentes.
