Un informe oficial revela que las cárceles provinciales alojan 440 internos por encima de su capacidad, mientras la población penitenciaria creció un 25% desde 2022. También registra una ejecución presupuestaria del 23% a mitad del ejercicio, un aumento de los retiros voluntarios y una fuerte concentración de algunas compras en un mismo proveedor.
El Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER) respondió un pedido de acceso a la información pública presentado por este medio con un extenso informe que expone la situación actual del sistema carcelario provincial y detalla aspectos vinculados con población penitenciaria, presupuesto, personal, seguridad, compras, infraestructura y convenios con el Estado nacional.
El documento, presentado por las autoridades como parte de un proceso de “transformación institucional” iniciado en diciembre de 2023, contiene más de treinta páginas de anexos técnicos con estadísticas, cuadros y datos correspondientes a 2026.
Sin embargo, varios de los números incluidos en esos anexos muestran un escenario que presenta importantes desafíos para el sistema penitenciario entrerriano.
440 internos por encima de la capacidad
El principal dato surge de la comparación entre la capacidad edilicia de las unidades penales y la cantidad de personas alojadas a julio de 2026.
En total, las cárceles provinciales cuentan con capacidad para 2.736 internos, pero alojan 3.176 personas, lo que representa 440 internos por encima de las plazas disponibles, equivalente a una sobrepoblación del 16,1%.
La situación es más crítica en algunas unidades.
La Unidad Penal Nº 5 de Victoria registra el mayor nivel de sobreocupación: tiene capacidad para 150 internos y aloja 209, un 39,3% por encima de su capacidad.
Le siguen la Unidad Penal Nº 8 de Federal, con 134 internos sobre 100 plazas, lo que representa un exceso del 34%; la Unidad Penal Nº 7 de Gualeguay, con 252 personas sobre 200 plazas, un 26%; y la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, que aloja 1.049 internos cuando su capacidad es de 900, un 16,6% de sobreocupación.
La única dependencia que se encuentra por debajo de su capacidad es el Anexo Femenino de la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú, donde hay 37 internas sobre un total de 56 plazas disponibles.
La población carcelaria creció 25% desde 2022
Los datos oficiales muestran además una tendencia sostenida de crecimiento de la población penitenciaria.
La cantidad de personas alojadas al último día hábil de cada año pasó de 2.540 en 2022 a 2.646 en 2023, 2.826 en 2024, 2.985 en 2025 y 3.176 en 2026.
De esta manera, el crecimiento acumulado en cuatro años alcanza el 25%.
El propio informe proyecta que, de mantenerse el ritmo registrado durante 2026, la población penitenciaria podría llegar a 3.311 internos al 31 de diciembre.
Entre el 30 de enero y el 15 de julio ingresaron 192 personas al sistema, un promedio de aproximadamente 27 nuevos internos por mes.
Presupuesto: se ejecutó el 23%
Otro de los datos relevantes aparece en materia presupuestaria.
Para 2026, el Servicio Penitenciario cuenta con un crédito de $11.551.040.000, equivalente al 0,18% del presupuesto general de la Administración Provincial.
Al 23 de julio, el gasto devengado alcanzaba $2.681.399.000, es decir, apenas el 23,2% del presupuesto anual, cuando ya había transcurrido más de la mitad del ejercicio.
El principal destino del gasto es la alimentación. El rubro alimentos representa el 63,4% de lo ejecutado, con unos $1.700 millones.
Le siguen bienes de consumo, con el 11,8%; energía, con el 7,6%; y combustibles y lubricantes, con el 6,9%.
El presupuesto destinado a alimentos también experimentó un fuerte incremento: pasó de $4.010 millones en 2024 a $5.878 millones en 2025 y $6.534 millones en 2026, una suba nominal del 63% en dos años.
Casi el doble de cámaras
En materia de seguridad interna, el SPER informó que las unidades penitenciarias pasaron de contar con 180 cámaras operativas en diciembre de 2023 a 355 actualmente, lo que representa un incremento del 97%.
Además, se prevé instalar otras 200 cámaras, con lo que el sistema llegaría a 555 dispositivos.
La Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú concentra una parte significativa de esa infraestructura, con 150 cámaras, equivalentes al 42% del total actualmente operativo.
El organismo aclaró que no mantiene contratos con empresas externas para la vigilancia mediante cámaras y que los centros de monitoreo son operados por personal penitenciario.
Según la información oficial, el equipamiento fue adquirido a través de Equicred SRL, proveedor que también aparece en otras adquisiciones de equipamiento general.
Más celulares secuestrados en las cárceles
El informe también revela un fuerte incremento en los secuestros de teléfonos celulares.
Entre 2014 y 2023 fueron incautados 3.469 equipos, un promedio de 347 por año.
En cambio, entre 2024 y lo que va de 2026 fueron secuestrados 2.157 celulares, con un promedio anual de aproximadamente 808 equipos, es decir, 2,3 veces la tasa histórica.
El Servicio Penitenciario atribuye este incremento al aumento de las requisas. Según el organismo, las inspecciones pasaron de unas cuatro mensuales por unidad penal a 20 o más desde 2024, un incremento cercano al 400%.
El informe también señala que fueron destruidos más de 4.000 teléfonos utilizados para cometer delitos desde el interior de las cárceles. La diferencia con los 2.157 equipos secuestrados durante la actual gestión indica que la cifra de destrucción incluye también dispositivos acumulados de períodos anteriores.
Por otra parte, 39 teléfonos fueron entregados a la División 911 para ser reutilizados en el sistema de botón antipánico destinado a víctimas de violencia de género.
Secuestros de drogas y elementos prohibidos
Los registros oficiales también detallan los secuestros realizados dentro de las unidades penales.
Los envoltorios con sustancias fraccionadas fueron 1.521 en 2024, 1.894 en 2025 y 2.015 durante 2026, aunque este último registro corresponde únicamente al período relevado del primer semestre.
En cuanto a elementos cortopunzantes, se registraron 248 secuestros en 2024, 386 en 2025 y 188 en 2026.
También fueron incautadas pastillas psicofármacas: 917 en 2024, 757 en 2025 y 146 durante el período relevado de 2026.
La marihuana secuestrada alcanzó los 5.297,91 gramos en 2024, 10.010,8 gramos en 2025 y 2.875,91 gramos en 2026. En el caso de la cocaína, fueron 1.536 gramos en 2024, 1.717,17 en 2025 y 1.120,047 gramos en 2026.
El propio informe advierte que los datos de 2026 son parciales y corresponden principalmente al primer semestre, por lo que no pueden compararse directamente con los registros anuales completos de los años anteriores.
Más ingresos, pero también más retiros
La planta total del Servicio Penitenciario asciende a 1.446 funcionarios.
El organismo informó que entre 2019 y 2023 no se produjo una ampliación de la planta y que desde 2024 se incorporaron nuevos cargos.
Los ingresos fueron de 62 agentes en 2024, 60 en 2025 y 94 durante 2026, incluyendo 56 aspirantes.
Al mismo tiempo, crecieron las bajas por retiro voluntario: fueron 20 en 2024, 29 en 2025 y 37 en el período relevado de 2026.
De esta manera, mientras aumenta la incorporación de nuevos agentes, también se registra una salida creciente de personal experimentado.
Las cesantías fueron considerablemente menores: cuatro en 2024 y dos en 2025.
En materia disciplinaria, a julio de 2026 había 21 funcionarios bajo investigación sumarial, menos del 2% de la planta total, según la propia información del organismo.
Nación mantiene una deuda de $271 millones
Uno de los puntos de mayor impacto económico es la deuda que el Estado nacional mantiene con Entre Ríos por el alojamiento de internos federales en establecimientos penitenciarios provinciales.
El convenio vigente establece que Nación debe reintegrar a la Provincia los gastos correspondientes.
El valor reconocido por interno y por día había pasado de $75 en 2011 a $104 en 2012 y recién volvió a actualizarse en 2024, cuando fue fijado en $2.000 diarios, con vigencia retroactiva al 1º de enero de ese año.
El 20 de febrero de 2026, Nación abonó $183.163.125, correspondientes a reintegros devengados entre julio de 2023 y diciembre de 2024.
Sin embargo, el SPER informó que todavía existe un saldo pendiente de aproximadamente $271.803.000, correspondiente a todo 2025 y al primer semestre de 2026.
Compras atomizadas y concentración en equipamiento
El informe también detalla las adquisiciones realizadas durante 2026.
En los gastos de menor cuantía aparece una importante cantidad de proveedores: personas físicas y empresas que suministran heladeras, freezers, ventiladores, aires acondicionados, equipos de comunicación, computadoras, impresoras, mobiliario y otros elementos.
Entre las compras de seguridad figuran 80 chalecos y seis cascos, 50 juegos de esposas y distintos elementos de uniformes.
En 2025 también fueron adquiridos cuatro furgones Mercedes Benz Sprinter 311.
El documento muestra, en paralelo, una concentración de algunas adquisiciones en Equicred SRL, proveedor al que se atribuye la provisión de cámaras y distintos elementos de equipamiento general.
Las compras de alimentos, mantenimiento de vehículos y otros bienes y servicios corrientes se realizan de manera descentralizada por cada unidad penal, principalmente mediante concursos de precios.
Ocho binomios caninos y 240 tobilleras
Entre las incorporaciones destacadas por el organismo se encuentran ocho binomios caninos, destinados a tareas de requisa y detección de sustancias en distintas unidades penales.
También se informó que la provincia cuenta actualmente con 240 tobilleras electrónicas activas para el control de personas bajo arresto domiciliario.
El sistema es administrado directamente por el Servicio Penitenciario en el marco de un convenio firmado con el Ministerio de Seguridad de la Nación.
La ampliación de plazas todavía es una tarea pendiente
En materia de infraestructura, el informe enumera obras terminadas, en ejecución y proyectadas.
La mayoría de los trabajos finalizados corresponde a intervenciones de menor escala, como remodelaciones de cocinas, oficinas, sanitarios y cerramientos.
En cambio, varias de las obras destinadas específicamente a ampliar la capacidad de alojamiento todavía aparecen como previstas.
Entre ellas se encuentran un nuevo pabellón para 75 internos y otros nuevos sectores proyectados para la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú.
La principal obra de ampliación actualmente en ejecución corresponde a la Unidad Penal Nº 8 de Federal, donde se construye un nuevo pabellón de alojamiento y un sector anexo mediante licitación pública.
Los datos oficiales dejan así expuesto uno de los principales desafíos del sistema penitenciario entrerriano: mientras la población carcelaria mantiene una tendencia ascendente y supera actualmente en 440 internos la capacidad disponible, las obras destinadas a incrementar de manera significativa las plazas de alojamiento todavía avanzan a un ritmo menor que el crecimiento de la demanda.
