El gobierno nacional decretó el inicio del proceso de privatización de Corredores Viales SA y argumentó que la misma le costó al país más de 300.000 millones de pesos solo en 2023 a pesar de que un 45% de toda la red vial argentina que “siendo gestionado por esta empresa no se encontraban en condiciones óptimas para la circulación vehicular”.
La decisión fue anunciada el viernes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada y ratificada luego por la Oficina del Presidente a través de un comunicado. Allí, la actual administración cargó contra gestiones anteriores por haberse “empecinado” en sostener esta empresa estatal a la que calificó como “deficitaria”.
“Relevamientos realizados por este gobierno detectaron que hay 3.400 kilómetros de traza, 45% de toda la red vial argentina, que siendo gestionado por esta empresa no se encontraban en condiciones óptimas para la circulación vehicular”, señaló el Gobierno en el citado comunicado oficial. “Esto es una clara muestra que la administración estatal de la red vial no funciona”, añadió.
Desde el oficialismo consideraron que no es el rol del Estado la gestión de las autovías y adelantaron que gracias a este proceso “será el concesionario el que tendrá que realizar las obras necesarias a fin de conseguir el derecho de cobro de peaje”.
Según el último informe de dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades, dado a conocer por el Indec a fines de enero y correspondiente a diciembre de 2024, Corredores Viales SA contaba con 3.622 empleados.
