Carlos Torrendell y Alejandro Álvarez expondrán este martes, desde las 10, ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La presentación se realizará en medio del conflicto entre el oficialismo y las universidades nacionales por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
El Gobierno nacional presentará este martes su postura sobre la política universitaria y los recursos previstos para el próximo año, durante una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, convocada para las 10.
Participarán el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quienes expondrán sobre las partidas destinadas al sistema educativo contempladas en el proyecto de Presupuesto 2027.
La presentación tendrá lugar en un escenario de tensión entre la administración de La Libertad Avanza y las universidades nacionales, tanto por el financiamiento del sistema como por la implementación de la ley vigente. El debate se produce, además, luego de la multitudinaria movilización universitaria realizada la semana pasada frente al Congreso, que terminó con incidentes entre las fuerzas de seguridad y un grupo de manifestantes.
Durante la exposición, los funcionarios defenderán las medidas adoptadas por el Ejecutivo y sostendrán que la actuación oficial se ajusta a la normativa presupuestaria y financiera.
La disputa por los fondos universitarios
Uno de los principales puntos de controversia es la diferencia entre los recursos previstos por el Gobierno y los que reclaman las casas de altos estudios. Mientras el proyecto oficial contempla 7,3 billones de pesos para las universidades nacionales, las instituciones solicitan una asignación de 11 billones de pesos.
En distintas publicaciones en redes sociales, Álvarez argumentó que la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso asigna recursos sin ajustarse a las disposiciones de la Ley de Administración Financiera. En ese sentido, invocó el artículo 5 de la Ley de Ejecución Presupuestaria, que establece que toda norma que autorice o disponga gastos debe especificar cómo serán financiados. De lo contrario, su aplicación queda suspendida hasta que se incorporen las partidas correspondientes al Presupuesto nacional.
El subsecretario afirmó que el Poder Ejecutivo promulgó la ley y suspendió su ejecución por considerar que no contaba con los fondos asignados. También sostuvo que el Gobierno cumplió con la medida cautelar dictada en la causa judicial y señaló que el expediente se encuentra apelado ante la Cámara.
Condiciones para la asignación de recursos
El proyecto presupuestario incorpora requisitos para las universidades nacionales en relación con el manejo y la rendición de los fondos públicos. Las instituciones deberán presentar ante el Ministerio de Capital Humano la información necesaria para la asignación, ejecución y evaluación de los recursos que reciben. En caso de incumplimiento, la iniciativa contempla la posibilidad de interrumpir las transferencias.
Además, establece que los presupuestos aprobados, la ejecución presupuestaria y contable, y la cuenta de inversión de cada universidad deberán identificar los gastos correspondientes a las áreas de educación y cultura, salud, y ciencia, tecnología e innovación.
En materia salarial, el texto prevé que los aumentos de 2027 se apliquen sobre las plantas de personal docente y no docente vigentes al momento de la liquidación de noviembre de 2026. La excepción serán las ampliaciones de las plantas que cuenten con la aprobación y autorización del Ministerio de Capital Humano.
Educación: menos recursos para varios programas
El proyecto de Presupuesto 2027 contempla una asignación de 9,8 billones de pesos para el área educativa. Entre los rubros que prevén reducciones se encuentran las becas Progresar, la asistencia a comedores escolares, los programas de Educación Sexual Integral (ESI), la infraestructura escolar y la formación docente.
En contraste, el Plan Nacional de Alfabetización aparece como uno de los programas con mayor incremento de recursos, con una partida prevista de 773.000 millones de pesos.
La iniciativa también mantiene el mecanismo de distribución automática de fondos educativos destinados a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios. Esos recursos deberán utilizarse para cubrir gastos vinculados específicamente con la finalidad y la función educativa.
