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miércoles, julio 24, 2024

Rompecabezas del escenario político: 100 días de las gestiones de Milei y Frigerio

La recesión económica, la deuda externa, los acuerdos legislativos y la promesa del segundo semestre. A 48 años del golpe de Estado, el Gobierno pone en debate el rol de las fuerzas armadas. Nuevas autoridades del PRO, del PJ y del Frente Renovador. La emergencia del dengue y la situación financiera de la provincia, donde el 77% de sus recursos provienen de Nación.

Mariano Osuna
Periodista

 Los primeros 100 días de gestión nacional de La Libertad Avanza estuvieron atravesados por un riguroso proceso de devaluación del 118% del tipo de cambio; de desregulación de la economía; de liberalización de las tarifas y los servicios a precios internacionales; de un circuito de enfriamiento y recesión de la actividad como supuesto antídoto a la inflación; de reducción y desinversión significativa del Estado; de mercantilización de lo social; de un nuevo posicionamiento geopolítico ligado a Estados Unidos, el Grupo de los 20, el Fondo Monetario Internacional (FMI) e Israel; y de una transformada correlación de fuerzas del tablero político, de las coaliciones de partidos y del Congreso nacional.

 El estilo de conducción de Javier Milei, durante su primer trimestre en la Presidencia de la Nación, residió en un nivel de confrontación llevada al extremo, que corrió la barrera de lo posible en cada discusión y decisión del Ejecutivo, logrando que toda negociación se realice en los márgenes dispuestos por el oficialismo. La oficina estelar de Casa Rosada conquistó avances sistemáticos de su programa de Gobierno, pese a los amparos judiciales contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/2023); la licuación de los ingresos individuales, familiares y generales; los tropiezos en la aprobación en particular de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos en la Cámara de Diputados de la Nación; las dificultades de acceso al crédito externo; y el deterioro de los salarios, los consumos, la producción industrial y las ventas. Una versión combativa que no discriminó entre propios y ajenos, como ocurrió con gobernadores que preliminarmente eran considerados aliados, como Ignacio Torres (Propuesta Republicana) de Chubut o Martín Llaryora (Hacemos Unidos) de Córdoba, que fue replicado en la relación con los bloques parlamentarios, autodenominados dialoguistas, como Hacemos Coalición Federal, donde conviven la Coalición Cívica, el socialismo santafesino, el peronismo cordobés, y dirigentes escindidos del PRO como Emilio Monzó, Ricardo López Murphy, Nicolás Massot y Miguel Pichetto.

 Es la economía

 Los avatares de la inflación, el enfriamiento de la actividad económica y los niveles de conflictividad social, son tres incógnitas del modelo libertario. El relato gubernamental pronostica un rebote en “V”, donde la disciplina fiscal y la estabilización de las variables macroeconómicas favorezcan el crecimiento del país. Ese discurso se repite en las publicaciones de redes sociales, en las declaraciones mediáticas, en las acciones cotidianas de gestión, y en las reuniones con empresarios, exportadores, acreedores internacionales y organismos financieros. Un mensaje que se sostiene en los niveles de adhesión social y legitimidad popular obtenido en las urnas, donde más de la mitad de la sociedad confía en un porvenir mejor pese a que sufre el deterioro de su bienestar, la caída de la mayoría de los indicadores económicos y la profundización de la pérdida del poder adquisitivo.

Esa narrativa del Ejecutivo nacional se reflejó en el discurso del ministro de Economía, Luis Caputo, efectuado este jueves en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, organizado por los actores centrales del mundo empresario, a quienes llamó como “héroes”, donde afirmó que “la estabilidad vino para quedarse” y anticipó que “logrado el superávit fiscal viene la baja de impuestos”. Esos mismos sectores, agrupados en el poderoso Grupo de los 6 que integran Daniel Funes de Rioja de la Unión Industrial Argentina (UIA), Nicolás Pino de la Sociedad Rural, Adelmo Gabbi de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Gustavo Weiss de la Cámara Argentina de la Construcción, Javier Bolzico de la Asociación de Bancos, y Mario Grinman de la Cámara Argentina de Comercio, fueron recibidos este viernes por Milei en Casa Rosada, donde el Mandatario reiteró su visión sobre los próximos meses y el futuro del programa libertario.

En esa dirección de objetivos macroeconómicos, el influyente Ministro anticipó que tiene los 2 mil millones de dólares necesarios para los vencimientos de deuda en moneda extranjera de julio y desestimó una nueva devaluación que considera incompatible con el propósito de la dolarización. La falta de divisas, entre la discusión interna sobre el tipo de cambio y las sugerencias externas de contención social por las consecuencias del modelo de la Casa Rosada, condiciona los plazos de brotes verdes. Las medidas de fuerza de trabajadores estatales, docentes y del sector privado, que se agudizará con una nueva ola de despidos masivos a finales de este mes, con la finalización de contratos prorrogados y la eliminación de organismos públicos, también desafía el filo de la motosierra oficial y la posibilidad de consensos legislativos para la sanción de un paquete de leyes sobre facultades delegadas, privatizaciones, reformas fiscales y fondos fiduciarios.

La poda laboral incluyó la cesantía de trabajadores de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y el Sistema de Medios Públicos. Allí se encuentra la realidad de los trabajadores del Parque Nacional El Palmar, que iniciaron un plan de medidas progresivas que se extenderán hasta el 31 de marzo, como también los despidos en Entre Ríos de 26 personas en los Centros de Referencia (CDR), de 60 empleados del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y de 70 trabajadores del Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA).

Es el Congreso

Esa carencia de acuerdos fue la justificación principal del Gobierno nacional para el establecimiento de un aumento por Decreto del 12,5% para los jubilados, además de la decisión de subas mensuales atadas a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La constitución de una nueva fórmula de movilidad es uno de los ejes temáticos que genera mayores disidencias para su tratamiento en la Cámara Baja. No obstante, el oficialismo prevé una nueva convocatoria a los mandatarios provinciales, con la finalidad que se comprometan al acompañamiento de la nueva Ley Bases, como precondición de la firma del anunciado Pacto del 25 de mayo en Córdoba. Ese encuentro, que todavía no tiene fecha confirmada, emerge como continuidad de la reunión efectuada el pasado 8 de marzo, con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de gabinete, Nicolás Posse.

La necesidad de confluencia parlamentaria detonó las internas en el bloque de La Libertad Avanza, donde algunas voces legislativas ponen en duda la capacidad negociadora del jefe de la bancada, Oscar Zago, y del titular de la Cámara, Martín Menem. Incluso, en el poroteo actual de Diputados por el tratamiento del DNU 70/2023, rechazado recientemente por el Senado, el resultado proporciona los números necesarios para la caída definitiva del megadecreto. Aunque la explicación del Ejecutivo, respecto a las frustraciones legislativas, refiera a una supuesta estrategia de exposición y señalización de los sectores opositores al cambio votado en las urnas, en la hoja de ruta libertaria es indispensable la construcción de mayorías transitorias en el Congreso para empujar una agenda que se presenta con múltiples escollos y algunos errores no forzados.

En esa agenda aparecen las reformas sobre el rol de las fuerzas armadas, presentadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, que impulsan la modificación del artículo Nº 27 de la Ley de Seguridad Interior para la ampliación de las capacidades militares frente a actos de terrorismo en el país, con el ojo puesto en el combate contra el narcotráfico en Rosario. En ese paquete se encuentra la extensión del registro del ADN a personas condenadas por diversos delitos, la conformación de una normativa denominada “antimafia”, la modificación del Código Penal referido al orden público y las manifestaciones sociales, y la incorporación de la figura de “reiterante” que alude a quienes cometen dos veces la misma falta o infracción. De igual modo, se encuentran las nominaciones de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como futuros integrantes a la Corte Suprema de Justicia, en reemplazo de la vacante de Elena Highton de Nolasco y de la próxima jubilación de Juan Maqueda. Esos nombramientos, sugeridos por Milei, precisan del acompañamiento de las dos terceras partes de la Cámara Alta, luego de una etapa de avales e impugnaciones públicas de dichas candidaturas.

El primer postulante es una pieza clave de la estructura de Comodoro Py, a cargo de causas rimbombantes en el ámbito político, como las investigaciones al camarista Eduardo Freiler, al ex vicepresidente Amado Boudou (Ciccone) y al ex presidente Mauricio Macri (Correo Argentino). Una de las críticas es que no haya ninguna mujer en la terna recomendada, que significa un retroceso con la inequidad estructural respecto a la hegemónica predominancia de varones en el máximo tribunal del Poder Judicial. El repaso por sus 161 años de historia confirma que, además de Highton, solamente dos mujeres integraron la Corte, Margarita Arguás y Carmen Argibay, de 111 jueces que ejercieron esa función.

Es la batalla cultural

La eliminación del Fondo de Incentivo Docente, la reducción ministerial y de programas claves, la carencia de un Presupuesto 2024, la disolución mayoritaria de partidas discrecionales y la desinversión de la educación superior, complejizó el panorama de la educación en general y de la educación pública en particular. Esa visión de competencia entre las ofertas académicas de los establecimientos, promovida por Milei desde su campaña electoral, choca con la realidad de estudiantes, familias y docentes que padecen aumentos sostenidos en el transporte, los alimentos, los útiles escolares, y las tarifas de los servicios de electricidad, internet, gas, telefonía, agua y alquileres. El pronóstico del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa voces de diversas procedencias y trayectorias políticas y profesionales, alerta sobre la grave situación del sistema universitario en los próximos meses, marcando una coyuntura al límite para el segundo semestre del año.

Con un gesto hacia sus propuestas de campaña, el Presidente lanzó un programa de vouchers educativos, que dispone un auxilio financiero mediante cupones a estudiantes que transitan la educación privada en los niveles de instrucción inicial, primaria y secundaria. La iniciativa oficial, destinada a establecimientos con una subvención mínima del 75% y con cuotas mensuales que no superen los $54.396, es un guiño al debate sobre el arancelamiento de la educación pública, más en tiempos de desinversión estatal a la escuela y la formación obligatoria, superior, científica y de investigación. Un cambio de paradigma que tiene ejemplos, con diversos matices y singularidades, en Chile y Colombia, entre los países de la región, además de experiencias en Suecia, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y Nueva Zelanda.

Mientras los lectores recorren esta edición de Punto y Seguido, la columna política de los domingos en LA CALLE, se conmemora el cuadragésimo octavo aniversario del golpe cívico-militar que inició la dictadura más sangrienta de la región, el 24 de marzo de 1976. Como ocurrió con las leyes de obediencia debida y punto final, con los indultos de la década de los noventa, y con el fallo del 2×1 en el caso del represor del hospital Posadas, Luis Muiña, que fijaba el cómputo doble de los días en la cárcel cuando la prisión preventiva superara los dos años, el Gobierno avanza en la discusión de lo ocurrido durante el terrorismo de Estado, con el concepto de “memoria completa”, que es un eufemismo del posicionamiento histórico a favor de la teoría de los dos demonios. Los discursos negacionistas de la fórmula presidencial; las vinculaciones directas de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, con militares condenados por delitos de lesa humanidad; la fotografía entre el ministro Petri y la defensora de represores, Cecilia Pando, en simultáneo a la discusión sobre el rol de las fuerzas armadas en seguridad interior; y la pieza audiovisual producida por el Gobierno nacional que protagonizan el ex titular de la SIDE, Juan Yofré, familiares del militar Humberto Viola y el dirigente, con pasado montonero, Luis Labraña, son algunos ejemplos de este cambio de época.

Como cada 24 de marzo, este domingo se realizan movilizaciones y actos en las plazas de las principales ciudades del país. En Buenos Aires, sin la esperada unidad, las Abuelas de Plaza de Mayo, las Madres Línea Fundadora y la agrupación Hijos marcharán este mediodía hacia la emblemática plaza con lectura posterior del documento; en tanto que el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia hará lo propio dos horas más tarde. En Entre Ríos, la Multisectorial de Derechos Humanos se manifiesta en Paraná, con un recorrida que comienza a las 17 horas, desde el monumento de Amanda Mayor de la plaza Sáenz Peña, para desplazarse hasta la plaza Alvear, donde se encuentra la placa a los detenidos-desaparecidos de la provincia. A diferencia de las concentraciones separadas en Capital Federal, las distintas columnas entrerrianas recorrerán las calles en unidad, aunque algunas agrupaciones de izquierda no se quedarán para la lectura del documento y seguirán hasta la plaza Mansilla, frente a la Casa Gris. En la Histórica, las actividades se encuentran programadas para las 19:30 horas, con un recorrido que finalizará en la plaza Ramírez, enmarcado en una agenda que comprende distintas acciones en ciudades como Gualeguaychú, Concordia y Colón.

Hay una disputa de sentido, identidad y relato, del pasado como raíz del presente y de ese transcurrir inmediato como tallo del futuro, que se vislumbra en las construcciones antagónicas entre cambio o statu quo, lo nuevo o la casta, la honestidad o la corrupción, lo que ya fue o lo que será, que atraviesa el debate político y la disputa simbólica. Allí se encuentra la discusión sobre la macroeconomía, el papel del Estado, la función de la política, el posicionamiento geopolítico, la inversión social, el modelo productivo y la disciplina fiscal, pero también respecto al rol de la Democracia, de los derechos humanos y de la historia oficial sobre ese camino recorrido.

Entre Ríos solo recauda el 23% de sus recursos

 Como describió en distintas ediciones Punto y Seguido, la eliminación mayoritaria de las partidas discrecionales de Nación, la reducción del envío de fondos coparticipables de Casa Rosada y el decrecimiento de la recaudación, agudiza cualquier diagnóstico inicial de las jurisdicciones provinciales. El alineamiento absoluto del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, con el norte marcado por el Ejecutivo nacional condiciona la vehemencia y firmeza de los reclamos sobre las necesidades más urgentes de la provincia. A las deficiencias financieras debe añadirse el retiro de la presencia del Estado nacional en inversiones, programas e infraestructuras sanitarias, educativas, de viviendas, obras públicas y viales, que exige otra capacidad de respuesta de Casa Gris y de las administraciones municipales. En ese contexto, se agudizó la emergencia epidemiológica por la proliferación del dengue, que tiene actualmente 120.000 casos y 79 muertes en el país, tres de ellas en la provincia de Entre Ríos, por consecuencias derivadas de la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Un panorama que derivó en la declaración de emergencia sanitaria por tres meses, formulada por el intendente de Concordia, Francisco Azcué, por la situación que vivencia la “Capital del citrus”.

Ese fue uno de los ejes de la tercera reunión del gabinete ampliado, que se realizó este jueves en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, con un temario que incluyó la urgencia frente a las inundaciones de diferentes localidades, la preocupación por el aumento sostenido de la tarifa eléctrica y el impacto de las dificultades financieras de Casa Gris. Un día antes, el Gobernador encabezó un encuentro con los sindicatos estatales y docentes, acompañado por el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, y el secretario de Finanzas, Uriel Brubpacher, para describir el estado financiero de la provincia. “Estamos en los mismos niveles del 2001”, fue el mensaje de Frigerio, que advirtió que el 77% de los recursos totales provienen de los fondos coparticipables. Esa cita fue la antesala de la nueva instancia paritaria, convocada para este martes en la Secretaría de Trabajo, donde se espera la oferta de recomposición salarial del Ejecutivo, luego de conocerse el dato inflacionario del mes de febrero de 13,2%.

La situación singular de las inundaciones no dejaron en segundo plano a los distintos frentes de acción del Gobernador de Entre Ríos, que abarca su posicionamiento dentro del escenario nacional del PRO y de la agónica alianza de Juntos por el Cambio; su vínculo con el líder libertario y la Casa Rosada; la aprobación del paquete de leyes enviado al Poder Legislativo provincial, y los avances de la gestión cotidiana en una situación donde Entre Ríos no recauda ni la cuarta parte de los recursos que posee mensualmente. Frigerio integrará el Consejo Directivo de la nueva conducción del PRO, encabezada por el ex presidente, Mauricio Macri, en una lista que además incluirá a la titular del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese, y al presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Gustavo Hein. En ese mismo proceso se encuentra el Partido Justicialista (PJ), que aceptó la licencia del ex presidente Alberto Fernández, y quedará a cargo de Cristina Álvarez Rodríguez, Axel Kicillof, Analía Rach Quiroga, Juan Manzur y Lucía Corpacci, que actualmente son vicepresidentes de la principal herramienta electoral del peronismo. De igual modo, el Frente Renovador, el sello del ex candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, eligió al ex ministro de Turismo, Diego Giuliano, como nuevo titular de la estructura nacional, en una nómina que no tiene dirigentes entrerrianos.

Volviendo a los frentes abiertos de la oficina crucial de Casa Gris, las complejidades de un escenario de dependencia financiera y coincidencia programática con el Gobierno de La Libertad Avanza, mientras necesita de recursos para el funcionamiento del andamiaje estatal y el desarrollo de su programa de Gobierno, atraviesa la incertidumbre del Ejecutivo. En sintonía con el encuentro con los sindicatos estatales y docentes, el Mandatario de Entre Ríos mantuvo encuentros bilaterales con los intendentes Daniel Rossi de Santa Elena, Alicia Oviedo de Federal y José Guillig de Bovril, donde repasó el panorama financiero y recibió pedidos para que la provincia interceda en las gestiones de obras paralizadas por la Nación. El ex Ministro del Interior atraviesa horas claves, entre la negociación paritaria, la renovación de contratos de la planta transitoria que vencen a fin de mes, la puesta en marcha del programa de alfabetización para nivel inicial y primer ciclo de la educación primaria, y la búsqueda de soluciones al desfinanciamiento nacional en partidas significativas. En esa dirección se encuadra la sanción definitiva de la Ley de emergencia económica y financiera en materia de obras públicas, que tuvo el respaldo de la bancada peronista en ambas cámaras, luego de la polémica desatada por la denuncia de violencia de género de la ex vicegobernadora, Laura Stratta, contra el titular del cuerpo, el ex intendente de Basavilbaso, Gustavo Hein.

100 días de gestión, con un horizonte incierto para las coaliciones de gobierno y los frentes opositores, pero fundamentalmente para las familias argentinas y entrerrianas, y las comunidades educativas, trabajadoras y empresarias. 100 días después de la llegada al poder de Milei y Frigerio, la sociedad transita los caminos votados en las elecciones generales del año pasado, con las dudas del horizonte más próximo y del norte más lejano. La pelota, nuevamente, se encuentra en la cancha de sendas administraciones.

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