Lesa humanidad en Concepción del Uruguay: pidieron 20 años de prisión para dos ex gendarmes
En el marco del juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Concepción del Uruguay durante la última dictadura militar, la fiscal federal Josefina Minatta solicitó penas de 20 años de prisión e inhabilitación absoluta para los ex gendarmes Roberto Caserotto y Néstor Gómez del Junco.
Durante un alegato que se extendió por más de dos horas, la representante del Ministerio Público reconstruyó los operativos represivos realizados entre 1977 y 1978 y sostuvo que los integrantes locales del Partido Comunista fueron perseguidos, cesanteados, detenidos y sometidos a torturas en el marco del terrorismo de Estado.
En ese contexto, recordó a víctimas uruguayenses como Chilo Zaragoza, Neco Zaragoza, Miguel Ángel Rousseaux, Manuel Liberoff y Elvio Ángel Bel.
La fiscal también ubicó el accionar de los imputados dentro del esquema represivo desplegado por la dictadura y remarcó la importancia de los testimonios de las víctimas, junto a documentación oficial, como elementos claves para acreditar los hechos. Entre las pruebas mencionadas se encuentran registros de la Unidad Penal N°4 y órdenes militares de liberación que confirman la intervención de Gendarmería y la subordinación de los detenidos al Área 224.
Asimismo, durante el alegato se solicitó que, una vez firme la sentencia, se notifique a organismos vinculados a derechos humanos para avanzar en la señalización de cuatro sitios de memoria: el Escuadrón 6 de Gendarmería, la Unidad Penal N°4, una vivienda ubicada en las afueras de la ciudad y el balneario Banco Pelay.
En ese sentido, se expuso además la situación de la asistencia institucional a las víctimas y testigos del proceso judicial. Según se indicó, ante el retiro de profesionales de Nación y Provincia, la Municipalidad local, a través de la Dirección de Derechos Humanos, debió garantizar el acompañamiento y cumplir tareas de notificación por disposición del Tribunal.
Por otra parte, el texto también cuestiona la participación del Registro Único de la Verdad (RUV) como amicus curiae. El ex director del organismo y ex abogado querellante, Marcelo Boeykens, criticó la intervención de la actual gestión y sostuvo que no aportó elementos vinculados a verdad, justicia o reparación para las víctimas.
Finalmente, el documento plantea cuestionamientos hacia las políticas de derechos humanos impulsadas tanto a nivel nacional como provincial, señalando un retiro del acompañamiento estatal en causas vinculadas al terrorismo de Estado.
