La Propuesta: Un Debate que Llega en el Momento Equivocado
Recientemente el actual Gobernador Frigerio se reunió con el ex Gobernador Bordet y le planteó la posibilidad de iniciar un nuevo proceso de Reforma Constitucional, fundamentado en la necesidad de “dotar de herramientas que faciliten la gestión del Estado”. Si bien toda Constitución es un instrumento vivo, cabe preguntarnos con responsabilidad: ¿es éste el momento para hacerlo?
Ante esta consulta, la realidad provincial ofrece una respuesta contundente. Los datos de empleo revelan una emergencia: Entre Ríos perdió 5.036 empleos privados registrados en los últimos 22 meses, según el informe del Centro de Economía Regional y Experimental (CERX), liderado por la ex funcionaria provincial Victoria Giarrizzo.
Este telón de fondo de deterioro laboral hace aún más urgente la advertencia del Diputado Nacional Guillermo Michel: “en lugar de armar reuniones de espaldas a la sociedad para reformar la Constitución, el gobierno debería ocuparse de resolver los 21 conflictos laborales que afectan a trabajadores entrerrianos”. Esta preocupación es concreta: solo en el caso de Granja Tres Arroyos, 700 empleos en la provincia corren riesgo de perderse.
La Paradoja Entrerriana: Una Constitución de Vanguardia
Nuestra Constitución Provincial fue reformada por última vez en 2008, tras un proceso participativo inédito. Aquel texto incorporó derechos y mecanismos modernos: la protección expresa de nuestros humedales, la creación del Defensor del Pueblo, el Consejo Económico y Social, y herramientas de democracia participativa. Fue, en su momento, una carta magna de vanguardia.
Sin embargo, 18 años después, gran parte de aquella arquitectura institucional permanece en estado de letra dormida. El Consejo Económico y Social nunca se constituyó, al igual que el Ente Ambiental o la Defensoría del Pueblo. Como bien ha señalado el ex convencional constituyente Américo Schvartzman, “tenemos una Constitución admirable en el papel, pero aún incumplida en la realidad”.
La ex convencional constituyente Celeste Pérez sostiene que la Constitución de 2008 es un texto plenamente legítimo, surgido de un amplio proceso participativo y con fuerte debate social, que incorpora de manera clara los derechos de segunda generación, y “cuyo principal problema no es su contenido sino la falta de cumplimiento efectivo”. Desde una mirada política, advierte que “plantear hoy una reforma constitucional sin discutir previamente las prioridades de la sociedad aparece como una maniobra distractiva” frente a problemas más graves, como el deterioro institucional y el incumplimiento de la ley, y concluye que “antes de modificar la Constitución el deber central del Estado y de la dirigencia es respetarla y hacerla cumplir”.
El Verdadero Costo: Dinero, Credibilidad y Oportunidad Perdida
Promover una nueva reforma sin haber intentado aplicar la vigente no solo es prematuro; es un gesto de frivolidad institucional con costos concretos y muy altos.
El procedimiento es complejo y oneroso. Requiere una ley que declare la necesidad de la reforma, seguida de una convocatoria a elecciones para convencionales constituyentes. Este proceso electoral tiene un costo económico millonario para el estado provincial, recursos que en un contexto de restricción fiscal y de pérdida de más de cinco mil empleos privados, son urgentes en salud, educación o para políticas activas de reactivación laboral.
Iniciar este camino en medio de una crisis de empleo sería una priorización errónea y un gesto de desconexión profunda. La ciudadanía vería cómo se movilizan esfuerzos y fondos públicos para un debate abstracto, mientras las instituciones creadas en 2008 siguen sin existir en la práctica y se destruye el tejido productivo y social de la provincia.
El capital político, la energía administrativa y los recursos financieros que consumiría el proceso de reforma se restarían de la obligación prioritaria de cumplir lo ya pactado y de atender la emergencia económica que golpea a miles de familias entrerrianas.
El Camino Sensato: Cumplir Antes de Reformar
Si de facilitar la gestión se trata, el camino más sensato y democrático no pasa por modificar la Constitución, sino por cumplirla. Reglamentar sus instrumentos, activar sus mecanismos de control, hacer realidad sus promesas de transparencia y participación. Una gestión ágil no requiere más poderes concentrados, sino instituciones que funcionen.
Por ello, antes de abrir un debate abstracto, propongo una agenda previa y concreta, donde se haga un inventario de cumplimiento. Una evaluación pública y detallada del grado de aplicación de cada capítulo de la Constitución de 2008. Además, reglamentación urgente para poner en marcha, mediante leyes específicas, los órganos y procedimientos ya previstos. Procurar un diálogo abierto sincero. Si tras ese ejercicio surgen consensos sobre la necesidad de cambios, que estos se discutan en el marco de una Convención Constituyente verdaderamente representativa y plural, no en acuerdos de cúpula.
No se necesita ser fundacionales todo el tiempo
En Entre Ríos poseemos una rica tradición constitucional y un pueblo que valora su identidad jurídica. No podemos depreciar ese capital social impulsando una reforma costosa y prematura. La verdadera demostración de fuerza institucional no es cambiar las reglas, sino tener la voluntad política de cumplirlas. Gobernar con legitimidad exige, ante todo, respetar el pacto social ya vigente y atender las urgencias apremiantes de la población.
Por eso, el mandato es claro: demostremos que creemos en la Constitución que tenemos, cumpliéndola. Solo entonces, y si fuera estrictamente necesario, estaremos en condiciones de escribir, entre todos, una nueva página. No se necesita ser fundacionales todo el tiempo.
(*) Abogado y Concejal. Vicepresidente 1° del HCD. Presidente del Bloque “Juntos por Uruguay” – P J. Congresal Provincial y Apoderado PJ Uruguay.
