La Casa Rosada obtuvo los dictámenes de la Ley Bases y del paquete fiscal en el Senado. Fue con apoyo opositor, incluido el senador Kueider, a quien piden la expulsión del PJ. Fragmentación en los frentes políticos y al interior de sus partidos. Milei en Estados Unidos y Frigerio en España. ¿Qué pasó con los alimentos y el gas?
Periodista
El Gobierno nacional consiguió las firmas necesarias de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Asuntos Constitucionales, de la Cámara Alta, para los textos finales de las iniciativas “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” y “Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes”. Con modificaciones de las redacciones provenientes de la media sanción en Diputados, la reunión plenaria del día miércoles tuvo el acompañamiento de senadores opositores que responden a sectores políticos aliados, de facciones del peronismo y de mandatarios provinciales.
El último escrito de la Ley Bases, conformado por 238 artículos que se encuentran distribuidos en 10 títulos, tuvo las adhesiones iniciales de La Libertad Avanza (Juan Pagotto, Bartolomé Abdala y Ezequiel Atauche), del Frente PRO (Luis Juez, Carmen Rivero y la rebelde Guadalupe Tagliaferri), de Cambio Federal (Juan Romero) y del monobloque Por la Justicia Social (Beatriz Ávila). Sin disidencias, se sumaron integrantes de la bancada de la Unión Cívica Radical (Rodolfo Suárez y Mariana Juri) y una de las espadas del Frente Renovador de la Concordia de Misiones (Sonia Decut), que obedece al gobernador, Hugo Passalacqua.
Con distintos reclamos, los votos cruciales fueron aportados por el entrerriano Edgardo Kueider, hombre de confianza del ex gobernador Gustavo Bordet; su compañera de bloque de Unidad Federal, la cordobesa Alejandra Vigo, esposa del ex mandatario José Schiaretti y socia política del actual jefe provincial, Martín Llaryora; los radicales Pablo Blanco, Víctor Zimmermann, Eduardo Vischi y Flavio Fama; el santacruceño José Carambia, que responde al Ejecutivo local, conducido por Claudio Vidal; y la senadora Mónica Silva, que integra el partido Juntos Somos Río Negro, que dirige su caudillo Alberto Weretilneck. Allí se suman, con asistencia perfecta de los escaños patagónicos, la chubutense Andrea Cristina y la neuquina Lucila Crexell. En reiteradas oportunidades, Punto y Seguido, la columna política de los domingos en LA CALLE, explicó que los respaldos de los bloques aliados y de los oficialismos provinciales nunca estuvieron en discusión en términos generales, en un poroteo donde la mayor ¿sorpresa? la proporcionó el Senador de Entre Ríos. La mezcla de intransigencia y verborragia presidencial, y la falta de interlocutores válidos para la negociación política, complicaron los planes iniciales, frustrando el texto original del megaproyecto, discutido durante el mes de febrero.
Sin mes bisagra
La hoja de ruta de La Libertad Avanza construyó grandes expectativas alrededor del mes de mayo, para la consecución de fondos de organismos financieros internacionales; para la aprobación de la Ley Ómnibus y del paquete fiscal: para la realización del frustrado Pacto en Córdoba con los mandatarios provinciales por el aniversario de la Revolución de 1810; para el auxilio proveniente de sectores alineados en el mapa geopolítico; y para el robustecimiento de un relato simbólico de una gestión que aún no tiene leyes aprobadas y que posee diversos cuestionamientos por la paralización de obras y por los niveles de desinversión pública, social, educativa, vial y sanitaria.
La postergación de los plazos previstos para el tratamiento y la sanción de las propuestas parlamentarias, especialmente por las demoras de la negociación en el Senado de la Nación, impidió que el Gobierno exhibiera un hecho político hacia la convocatoria de Córdoba, para la adhesión a diez ejes programáticos. El evento culminó siendo un acto partidario, donde el líder libertario disimuló los errores no forzados con la invitación a un Consejo de Mayo, sin fecha definida, integrado por un representante de la Casa Rosada, uno de los gobernadores, uno por cada cámara del Congreso nacional, uno por los empresarios y uno por los sindicatos.
Además del traspié con la agenda legislativa y el consenso cordobés, el quinto mes del año dejó otros sinsabores en el Ejecutivo libertario, como la negativa del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de los principales actores financieros a la asistencia de dólares frescos; los conflictos diplomáticos abiertos con socios comerciales como China, España y Brasil; y la decisión de los exportadores y las patronales agropecuarias de una liquidación mínima de la cosecha ante la espera de una devaluación superior al 20%. Esa compleja situación se caracteriza por un escenario de recesión; de caída de la mayoría de las ramas productivas y de las actividades económicas; de deterioro del poder adquisitivo y los ingresos familiares; de desregulación de los precios de los alimentos, las prepagas, los combustibles, el transporte público, los alquileres y las tarifas de los servicios; y por una meta de superávit fiscal provocativa con los niveles de pobreza y las posibilidades de conflictividad social. La permanencia de ese superávit, aunque eso signifique la continuidad de la recesión y una mayor restricción del consumo, coloca al Gobierno en un lugar incómodo con sus postulados ideológicos, con decisiones que engloban la suba de la presión impositiva o la desaceleración de la etapa de quita total de los subsidios en electricidad y gas. Paradojas del pragmatismo, se trata de una inflación reprimida, uno de los mayores cuestionamientos del manual libertario a las gestiones anteriores y uno de los argumentos esenciales para la devaluación del 118% de diciembre del año pasado. El número de mayo de inflación será otro elemento para sostener un horizonte, donde la luz después del túnel, eufemismo del rebote en v, demora las promesas de eliminación del cepo cambiario, competencia de monedas, reducción impositiva o supresión de retenciones.
El nuevo borrador del cronograma oficial para la sanción definitiva de la Ley Bases y del paquete fiscal estipula una sesión de la Cámara Alta para el miércoles 12 o jueves 13 de junio. Ese esquema fue configurado por el ministro del Interior, ahora ascendido a jefe de gabinete, Guillermo Francos, y por la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que tuvo un rol ascendente en su protagonismo ya que originalmente no estaba dentro de las voces negociadoras en nombre del Gobierno nacional. Allí surgieron modificaciones a las propuestas legislativas, que comprende un sistema distinto para el cálculo de ganancias de los salarios en las zonas patagónicas; un incremento del 20% en las alícuotas para beneficiarios del blanqueo respecto a Bienes Personales; la incorporación de sanciones contra los bloqueos o la toma de establecimientos en medidas sindicales; la creación de la figura de trabajador independiente, que modifica las relaciones laborales y habilita la generación de emprendimientos con tres personas por fuera de la modalidad clásica de dependencia; la continuidad del monotributo social, que fue suprimido previamente en la discusión de Diputados; la extensión del período de prueba de tres a seis meses, que puede prolongarse a ocho meses y un año, con el agregado que esa relación puede extinguirse por cualquiera de las partes sin necesidad de justificación de causa; la exclusión de las contrataciones de obra, servicios y agencia de la Ley de Contrato de Trabajo, desmintiendo cualquier presunción de relación de dependencia; los cambios en el cuestionado Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), especialmente sobre el rol de las provincias; y la inhabilitación a funcionarios y sus hermanos para la adhesión al blanqueo por diez años.
El apoyo de Kueider
El ex Secretario General de la gobernación, durante la primera gestión de Gustavo Bordet en Casa Gris, aportó su firma el miércoles pasado para el dictámen de la Ley Bases. La decisión de Kueider no sorprendió del todo, ya que rompió la unidad de la bancada peronista en febrero del año pasado, cuando Alberto Fernández aún era presidente de la Nación y el justicialismo gobernaba la provincia de Entre Ríos. El actual Senador de Unidad Federal, el espacio que comparte con el correntino Carlos Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo, fue fundamental para la concreción de la estrategia de Villarruel sobre la designación de autoridades de la Cámara Alta. Su reticencia frente a la agenda de las bancadas peronistas del “Frente Nacional y Popular” y de “Unidad Ciudadana” también dieron mensajes contundentes sobre el comportamiento del ex Concejal de Concordia.
Aunque el rechazo de Kueider al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina” dio esperanzas a los sectores opositores, el ensordecedor silencio de su posicionamiento respecto al megaproyecto y a los pedidos de dirigentes y actores del justicialismo entrerriano, sepultaron cualquier especulación. Aunque el representante de la Cámara Alta escribió la frase “en disconformidad” en el dictamen, la realidad es que su adhesión fue trascendental para que la iniciativa libertaria tenga luz verde para su tratamiento final en el recinto. La reacción de la dirigencia local proporcionó una fotografía concreta sobre las representaciones electorales, donde recibió reproches generalizados del peronismo y cosechó aplausos del presidente del Foro de intendentes de Juntos por el Cambio de Entre Ríos y mandatario de Concordia, Francisco Azcué, y del concejal de La Libertad Avanza Paraná, Darío Báez.
«Hace tiempo que estamos distanciados”, se desmarcó Bordet, jefe político de Kueider y quien lo impulsó para la banca del Senado en 2019. Un déjà vu de la situación que atravesó el peronismo en 2015, luego de la derrota nacional a manos de Cambiemos y del ex presidente Mauricio Macri, con la excepción que mantuvo el poder en Casa Gris. Los dos senadores que llegaron a sus bancas en 2013, Sigrid Kunath y Pedro Guastavino, promovidos por el acuerdo entre Sergio Urribarri y Cristina Fernández, acompañaron mayoritariamente la agenda legislativa del oficialismo desde 2016. También ocurrió en alguna votación puntual en la Cámara Baja, como la sanción de la Ley Ómnibus de Cambiemos, con respaldo de Lautaro Gervasoni y Carolina Gaillard, que aglutinó un blanqueo de capitales y el pago de la reparación histórica a los jubilados. Algo similar sucedió en los comicios de medio término de 2017, cuando los legisladores que asumieron ese año, Juan Bahillo y Mayda Cresto, apoyaron la reforma previsional del flamante titular del PRO nacional.
El escenario actual es diferente, porque el peronismo se encuentra fuera del poder en Entre Ríos y no tiene las presiones de asfixia financiera de la Casa Rosada, como aconteció en el gobierno de Cambiemos, donde predominaba la justificación de la gobernabilidad. Vaya paradoja, en aquel entonces la relación política de la administración nacional con el Ejecutivo provincial estaba a cargo del actual mandatario, Rogelio Frigerio, que era el ministro del Interior de Mauricio Macri. “Cuando Edgardo (Kueider) se fue del bloque, yo marqué mi desacuerdo, porque cuando uno presenta una propuesta electoral no puede defraudar a los electores”, remarcó Bordet. «No comparto en absoluto la idea de dar viabilidad al dictamen, porque esto facilita que se pueda tratar en el Senado», argumentó.
Como destacó Punto y Seguido en LA CALLE, en una reunión secreta pero filtrada a los medios, Guastavino, Bahillo y Bordet se reencontraron en Gualeguaychú. El cónclave, que tuvo como anfitrión al ex director General de Aduanas (DGA), Guillermo Michel, contó con las participaciones del ex intendente de la ciudad del carnaval, Emilio Garbino, que militó la candidatura de Frigerio al sillón de Urquiza; del último candidato del justicialismo a la gobernación, Adán Bahl; y de los presidentes municipales de Concepción del Uruguay, José Lauritto, de Villaguay, Adrián Fuertes, de San José, Gustavo Bastián, y de Paraná, Rosario Romero. Los invitados especiales fueron el jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, y el ex titular de la Anses, Diego Bossio. El primero fue líder de los senadores peronistas durante los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, pero luego se transformó en uno de los ideólogos de la avenida del medio junto a Sergio Massa, Juan Urtubey y José Schiaretti. Finalmente fue compañero de fórmula y candidato a la vicepresidencia del segundo mandato trunco de Macri y actualmente es la principal referencia de una bancada variopinta que incluye a los socialistas de Santa Fe, al liberal Ricardo López Murphy, al peronismo cordobés, a disidentes del PRO, a Florencio Randazzo y a Margarita Stolbizer.
El contexto de discusión interna del justicialismo nacional y provincial, los cuestionamientos cruzados por las derrotas cruciales en distintos niveles ejecutivos, la construcción del rol opositor, la renovación de autoridades partidarias, y el debate de sus referencialidades y liderazgos, caracterizaron aquel encuentro de Gualeguaychú. El apoyo de Kueider al dictamen de la Ley Bases, una iniciativa donde Pichetto y Frigerio protagonizaron papeles relevantes para su aprobación en la Cámara Baja, expone nuevas especulaciones sobre los alcances de dicha cita, que tuvo una instancia previa con Massa y que pronostica futuras reuniones con nombres que exceden la pertenencia partidaria actual del peronismo.
“El voto en disidencia no es ningún aliciente para el peronismo”, apuntó el Consejo Provincial del PJ Entre Ríos, en un comunicado enviado a LA CALLE. “No hay acuerdo posible con los que planean la entrega del patrimonio nacional y agreden al pueblo argentino permanentemente”, advirtieron. “El peronismo fue votado para ser oposición, no para plegarse al oficialismo y garantizarle la gobernabilidad a costa del sufrimiento de la gente. Ese debe ser nuestro compromiso con la Democracia, ser un contrapeso frente a un poder que cada vez se maneja con mayor autoritarismo y desprecio a la población”, profundizaron.
Pedido de expulsión partidaria
El cuestionamiento más duro llegó de los consejos departamentales de Paraná, Concordia y Gualeguaychú, quienes pidieron la desafiliación partidaria del ex funcionario clave del primer período de Bordet. “Como mínimo deberíamos asumir la responsabilidad democrática de solicitar su expulsión de todo ámbito ligado a la vida política e institucional del PJ”, exigió Jorge Vázquez, titular del PJ de Paraná. “El repudiable accionar de Kueider solo se podría enmarcar en la profunda degradación a la que algunos personajes enceguecidos de poder han sumido a la noble actividad política”, criticó.
Por su parte, la departamental de Gualeguaychú explicó que la acción del Senador “es incompatible con los ideales del peronismo y representa una traición a la lucha por la justicia social” y que “debilita la unidad y la coherencia del movimiento peronista”. En la declaración difundida a la CALLE, se solicitó formalmente a la conducción provincial del partido “la desafiliación y expulsión de Edgardo Kueider”. Con un pedido contundente, también se demandó que “presente su renuncia a la banca de Senador. Creemos que su permanencia dentro de nuestras filas pone en riesgo la imagen del peronismo y la confianza que el pueblo ha depositado en nosotros”. Un documento parecido transmitió el PJ de la capital del citrus, donde resaltó que “el Consejo Departamental de Concordia declara persona no grata y solicita la expulsión del PJ al senador de Concordia, Edgardo Kueider”. Además, el texto pregunta retóricamente si “¿Se olvida de dónde salió? ¿A quiénes debería representar?”. La respuesta del propio documento fue que “todo cargo es temporal”.
Fragmentación política
La llegada al Gobierno nacional de Javier Milei reconfiguró los frentes electorales y la dinámica de sus partidos políticos. Unión por la Patria, especialmente el peronismo, rediscute su agenda, sus liderazgos, su rol como oposición frente a La Libertad Avanza y su estrategia para posicionarse como alternativa de gobierno. Los gobernadores Axel Kicillof de Buenos Aires y Martín Llaryora de Córdoba, asoman como dos caras de una moneda que sintetiza las diferencias internas, a veces dicotómicas, de sectores que se identifican como parte del movimiento justicialista. Las principales diferencias radican en la relación más cercana o más opositora respecto al gobierno libertario y en el posicionamiento frente a la centralidad política que todavía preserva la ex presidenta, Cristina Fernández.
En Juntos por el Cambio, el tercer puesto conseguido el año pasado en la categoría estelar por el sillón de Rivadavia fulminó la alianza política que llegó a Casa Rosada en 2015. El PRO terminó apoyando a Milei en el balotaje, la fórmula de Patricia Bullrich y Luis Petri fueron designados como funcionarios del Ejecutivo libertario, y sus legisladores actuán como parte de un interbloque con la bancada oficialista. La vuelta de Macri como titular del partido a nivel nacional; las renuncias de 24 miembros del Consejo Directivo del PRO de la provincia de Buenos Aires; y la ruptura de diputados y senadores de esa jurisdicción, que responden a la actual Ministra de Seguridad de la Nación, grafican la agonía letal que vivencia el partido que conduce la Ciudad Autónoma desde 2007. Su ex socio, la Unión Cívica Radical armó bloques autónomos en el Congreso Nacional, aunque se encuentra tensionada por los diferentes posicionamientos respecto a La Libertad Avanza, especialmente cuando incluye temas educativos y de privatizaciones de empresas públicas. La Coalición Cívica fue la primera que rompió luego del apoyo explícito del PRO en el balotaje y la integración de varios dirigentes en su gabinete nacional. Con la renovación legislativa, la CC se integró al bloque comandado por Pichetto, pero las disidencias entre las diversas identidades eyectaron al partido de Elisa Carrió del espacio parlamentario.
El papel de los ex miembros de Juntos por el Cambio, en el tablero político actual, tendrá un capítulo más en la sesión solicitada por la bancada radical para el próximo 4 de junio, cuando se busque el quórum para el tratamiento de los dictámenes que promueven una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones. Ese mismo día, el bloque de Unión por la Patria convocó al recinto para la votación del financiamiento de las universidades y la restauración del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). La agenda se completa con la movilización de intendentes de todo el país, incluidos el radical Francisco Azcué y la peronista Rosario Romero, que aprovecharán esa jornada para exigir la restitución de los subsidios al transporte urbano de pasajeros. Algo que por ahora el Gobierno de La Libertad Avanza descartó.
Viajes
El Presidente de la Nación efectuó una nueva gira por Estados Unidos, que comprendió encuentros con los ejecutivos de Meta, Mark Zuckerberg; de Apple, Tim Cook; de Google, Sundar Pichai; y de Open AI, Sam Altman. Además, mantuvo un cónclave con Condolezza Rice, ex Secretaria de Estado de George Bush hijo, que se desempeña actualmente como directora del instituto Hoover de la Universidad de Stanford. Allí Milei realizó una conferencia donde dejó una polémica frase sobre el hambre «¿Ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir? Va a llegar un momento que se va a estar por morir de hambre y va a decidir para no morirse. No necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo porque alguien lo va a resolver», pronunció textualmente en su exposición.
Las declaraciones se dieron en un contexto local atravesado por la resolución del juez Sebastián Casanello, que ordenó al Ministerio de Capital Humano la confección de un plan de distribución de las cinco toneladas de alimentos que permanecen en los depósitos oficiales. Pese a la desmentida inicial del Gobierno nacional, se conoció que hay una tonelada más de lo previsto y que hay alimentos de primera necesidad que ya no están aptos para su consumo o que transitan su período final. En julio vence todo el acopio de harina, en tanto que entre agosto y septiembre se pueden perder 844.225 kilos de leche en polvo y 25.603 kilos de puré de tomate. En paralelo el despido del secretario de Niñez y Familia, Pablo De la Torre, destapó una red de sobresueldos en convenios con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) por 6.772 millones de pesos por la tercerización de la compra de alimentos, que mañana se transformará en una denuncia judicial que investigará al hermano del ex intendente de San Miguel y a la ministra Sandra Pettovello.
La comitiva presidencial tuvo una nueva parada ayer en El Salvador, con la participación de Milei en la asunción del segundo mandato de Nayib Bukele. En paralelo, el gobernador Rogelio Frigerio participó de una doble jornada en España, invitado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con la urgencia de crédito externo e inversiones internacionales para obras de infraestructura en ejecución. En la última reunión con Francos, el Ministro le advirtió que el objetivo de la Casa Rosada es que las obras nacionales que quedaron paralizadas sean transferidas a las provincias. Con la Ley Bases y el paquete fiscal casi aprobado, el Mandatario tantea líneas de financiamientos que ayuden al relanzamiento de la gestión provincial y fortalezca la puesta en marcha gradual de las obras que dependen del Ejecutivo entrerriano, ya que además muchas de ellas sufren el deterioro natural que implica la paralización, la falta de mantenimiento y el paso del tiempo.
En la agenda legislativa local, la Cámara de Senadores aprobó la declaración por un año del estado de emergencia de la infraestructura vial, que persigue el propósito de la recuperación y conservación de la trama vial. Los legisladores del bloque oficialista en la Cámara Alta también se reunieron con el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, y el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, para avanzar en las convocatorias y la producción de contenidos y propuestas vinculadas a la reforma política. En simultáneo, en conferencia de prensa, Troncoso junto al presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Gastón Bagnat, anticiparon un nuevo plan previsional, caracterizado de salvataje, que impulsa cambios en los regímenes especiales, los estamentos esenciales y la centralización de las homologaciones de las paritarias sectoriales.
El viaje a España, la reactivación gradual de algunas obras en ejecución, los anuncios de debates para una reforma política y electoral y para modificaciones en el sistema previsional, forman parte de la búsqueda del Gobierno provincial de recuperar el protagonismo y la iniciativa política. El retraso incluso se dio en el abanico de proyectos legislativos que apuntan al fortalecimiento de la construcción simbólica e identitaria de Frigerio, como el Régimen Legal de Transición de Gobierno o la derogación de las pensiones vitalicias a gobernadores y vicegobernadores, que volverá con modificaciones para una segunda revisión de la Cámara Baja.
Como describió Punto y Seguido en diversas columnas, la estrategia de apoyo incondicional de Frigerio hacia Milei condiciona cualquier táctica que se disocie de la hoja de ruta libertaria. La recesión general, la merma de la recaudación, la disminución de la coparticipación y la eliminación de partidas discrecionales completas en educación, transporte público, cajas de jubilaciones, viviendas y obras viales, dejaron en una situación de asfixia las arcas provinciales. El rasgo determinante será la capacidad de resistencia de tolerancia social respecto al ajuste fiscal que sufren de manera constante sobre su bienestar cotidiano, sus consumos y su capacidad de compra, pero que además se evidencia en las suspensiones y los despidos de sectores privados. A ello hay que agregarle los aumentos implementados desde ayer en combustibles, tarifas de gas y electricidad y el boleto del transporte público.
Los errores no forzados del Gobierno nacional, como la improvisación sobre las toneladas de alimentos guardadas, poseen otro capítulo con el gas. El vocero presidencial habló de invierno duro para contrastar la falta de gas en industrias y estaciones de servicios, cuando faltan más de 20 días para el final del otoño. Entre la paralización de obras, Milei restó importancia al gasoducto Néstor Kirchner, que con una inversión de dos plantas podría transportar más de 20 millones de metros cúbicos por día desde Vaca Muerta. La negativa oficial al desembolso de 40 millones de dólares para el avance de las obras de los compresores, finalizará con un gasto cercano a los 3.200 millones de dólares para la importación de gas. Un gol en contra en tiempos de fundamentalismo sobre el gasto público.
Habrá que esperar la próxima parada luego de la Ley Ómnibus, entre la necesidad de hechos políticos tangibles y la urgencia de la economía doméstica. El éxito para Frigerio estará anclado a los logros de Milei. Desmentir esa reciprocidad es como negar el hilo que une a Kueider y Bordet.
