El Gobierno nacional consiguió la aprobación de sus primeras dos leyes, con adhesión de gobernadores y bloques parlamentarios aliados. El apoyo del senador Kueider, la discusión interna del peronismo entrerriano, el rol de Frigerio, la hoja de ruta libertaria y la preocupación de los intendentes.
Periodista
El presidente Javier Milei consiguió la sanción de las normas “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” y “Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes”. La votación de la Ley Ómnibus, realizada en la sesión especial del miércoles y jueves pasado, culminó con 36 acompañamientos y 36 rechazos. El resultado final requirió un desempate de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, mientras que el paquete fiscal fue respaldado con 37 bancas a favor. Ambas iniciativas, que tuvieron modificaciones en distintos capítulos respecto al texto aprobado en la Cámara Baja, necesitan una nueva ratificación de Diputados para su sanción definitiva. El poroteo de esta nueva instancia aporta a priori un desenlace más holgado para el oficialismo, salvo que la intención gubernamental para el retroceso de los cambios, efectuados en el Senado, despierte enojos y empañe el respaldo de gobernadores, especialmente de los partidos provinciales.
La decisión del titular del comité nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, de dar quórum en el recinto, fue clave para el inicio del debate y el tratamiento de ambas normas. Sin embargo, el economista fue el único voto radical contra la Ley Bases, que además tuvo los rechazos de los santacruceños Natalia Gadano y José Carambia, que responden políticamente al mandatario provincial Claudio Vidal; y de los 33 legisladores que pertenecen a las bancadas del Frente Nacional y Popular y de Unidad Ciudadana. Como sucedió con la firma de los dictámenes, fue crucial el acompañamiento de Edgardo Kueider, Carlos Espínola y Alejandra Vigo, del bloque Unidad Federal; Sonia Decut y Carlos Arce, del Frente Renovador de la Concordia de Misiones; Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro; la tucumana Beatriz Ávila, de la bancada Por la Justicia Social; y Lucila Crexell, de Comunidad Neuquén.
Las modificaciones principales, que deben ser confirmadas o rectificadas por la Cámara de Diputados de la Nación, refieren a la exclusión de Aerolíneas Argentinas, del Correo Argentino, y de Radio y Televisión Argentina, dentro de las empresas susceptibles de ser privatizadas; a la permanencia de la moratoria previsional; a la reducción de las actividades incluidas en el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y la incorporación de un porcentaje de proveedores locales; y a la negativa de la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y del piso estipulado para el pago de Bienes Personales. El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, sumó el apoyo extra de Kueider a sus dos senadores nacionales, Alfredo De Ángeli (Frente PRO) y Stella Olalla (UCR), en una negociación donde ganó protagonismo luego de la difusión del comunicado de los 10 mandatarios de Juntos por el Cambio a favor de la Ley Bases, que después fue desmentido por sectores radicales, como el legislador nacional, Emiliano Yacobitti, cercano al mandatario de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
Kueider y el peronismo entrerriano
Como adelantó Punto y Seguido, la columna política de los domingos en LA CALLE, Kueider rompió el bloque peronista en la Cámara Alta en febrero del año pasado, con la excusa de un supuesto enojo por la falta de atención presidencial, en tiempos de Alberto Fernández, al proyecto que fijaba una tarifa subsidiada para la energía eléctrica de Entre Ríos, enmarcada en el esquema de jurisdicciones consideradas de clima cálido. El ex concejal de Concordia y funcionario de las dos gestiones municipales y del primer gobierno provincial de Gustavo Bordet, conformó una bancada propia junto al ex regatista olímpico, Carlos Espínola, y a la dirigente cordobesa, Alejandra Vigo, esposa del ex mandatario Juan Schiaretti. Con el cambio de color político en Casa Rosada, los tres integrantes del bloque Unidad Federal fueron piezas significativas para la designación de las autoridades de la Cámara Alta; el avance de la estrategia parlamentaria libertaria y los tiempos legislativos dispuestos por Villarruel; el bloqueo exitoso de sesiones solicitadas por sus ex compañeros de Unión Por la Patria; y la firma del dictamen y la sanción de la Ley Bases y del paquete fiscal.
El trabajo en equipo de los tres senadores, incluso en la contratación de asesores, como el nombramiento de Facundo Kueider, hijo del ex Secretario General de la Gobernación, al despacho de su par Espínola, ejemplifica los niveles de fragmentación política del peronismo luego de perder el poder en la nación y en diferentes provincias y ciudades históricas, como ocurrió en Entre Ríos en los distritos de Gualeguaychú, Concordia, San Salvador, Diamante y Federal. Acorde a un pragmatismo subestimado en la discusión del texto original de la Ley Ómnibus, el Gobierno nacional oficializó unas horas previas el Decreto 523/2024, que fija que Entre Ríos es la encargada de la selección de los tres integrantes de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. El acuerdo político entre la Casa Rosada, a través del ministro del Interior, Guillermo Francos, con Frigerio y Kueider, establece que el primero tiene asegurado uno de esos lugares, mientras que el segundo posee las dos sillas restantes. Algo similar ocurrió con el pliego enviado por el Ejecutivo para que la neuquina Crexell sea la nueva delegada permanente ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y con la discrecionalidad de fondos para algunas provincias para la reactivación de obras paralizadas desde el balotaje de noviembre de 2023.
Las negociaciones por Salto Grande y por las modificaciones de diversos articulados, fueron la justificación principal del Senador de Entre Ríos para su acompañamiento en la votación en general de las dos normas. En el caso de la Comisión Técnica Mixta, es histórica la discusión sobre el rol de la provincia en la selección de tres de sus miembros, que tiene un debate abierto en la redacción y formalización del decreto 24.954 de 1998. «Soy peronista, pero antes que eso, soy entrerriano y quiero lo mejor para la provincia que represento”, expresó Kueider en redes sociales. “Por eso apoyé la Ley del gobierno nacional con modificaciones y exclusiones en todos sus capítulos, que logramos a través del diálogo», destacó luego de la sanción de las normas y de las críticas del peronismo nacional, y especialmente del justicialismo entrerriano, sobre el papel del integrante de Unidad Federal. “Yo no me aparté jamás del peronismo. No considero que tenga que tener ningún tipo de sanción. Creo que el peronismo tiene que revisar algunas cositas, con respecto a algunas posiciones. Tenemos que cambiar esta lógica de cuanto peor mejor y tenemos que ir a un proceso de llegar a un gobierno porque tenemos propuestas superadoras y no porque se le incendie todo al otro”, respondió a los pedidos de expulsión de las departamentales de Paraná, Concordia y Gualeguaychú del Partido Justicialista (PJ).
“Estoy muy indignado”, afirmó José Cáceres, presidente del Consejo Provincial del PJ, sobre el posicionamiento de Kueider, que fue anticipado telefónicamente al actual Parlamentario del Mercosur y al ex gobernador Gustavo Bordet. Además, dejó abierta la posibilidad de sanción y demandó que los pedidos de expulsión se realicen por el canal formal “para que el tribunal de disciplina convoque al compañero para que se defienda y después se tome una decisión”. Dos respuestas fueron casi inmediatas, con la presentación institucional de las departamentales de Paraná y Concordia. “No es un librepensador surgido de un repollo”, cuestionó Jorge Vázquez del PJ de la capital entrerriana, que firmó la solicitud dirigida al tribunal de disciplina. “Es la radiografía de una cultura que se ha instaurado en las primeras líneas de nuestro partido”, lamentó. Facundo Ruíz Díaz, del PJ Concordia, también requirió formalmente la eyección del ex Secretario de la Gobernación y convocó a los concejales del peronismo de la capital del citrus a una adhesión contundente a la petición de la departamental del Partido, en un contexto donde el intendente Francisco Azcué (UCR) y su antecesor Enrique Cresto (PJ) exhibieron el diálogo abierto que mantienen hace años. “Tenemos que dejarnos de joder con las peleas, tenemos que salir de la grieta y buscar consensos. Ese acuerdo nos tiene que encontrar a todos trabajando por nuestra ciudad, a todas las personas, desde el lugar de cada uno”, expresó el dirigente radical que también envió flores a Kueider. “La grieta genera beneficios para algunos”, devolvió el actual diputado provincial de la bancada opositora.
La decisión del Senador de Unidad Federal trajo un déjà vu de situaciones distintas, pero con variables similares, que se vivenciaron en el peronismo entrerriano en los últimos años. La votación de junio de 2016 del proyecto de ley que creó el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y de modificación al Régimen Fiscal, que significó el quinto blanqueo de capitales desde la recuperación de la Democracia, fue acompañada por los diputados Lautaro Gervasoni y Carolina Gaillard, mientras que sus compañeros de bloque, Juan Huss, Jorge Barreto y Julio Solanas rechazaron la iniciativa. En esa sintonía, los senadores Pedro Guastavino y Sigrid Kunath respaldaron aquel paquete de normas, conocido como Ley Ómnibus de Cambiemos, de la misma forma que a la mayoría de las propuestas parlamentarias de Mauricio Macri, en tiempos de la segunda gestión de Bordet en Casa Gris y de Frigerio como ministro del Interior de la Nación. Dos años después, Juan Bahillo y Mayda Cresto se comprometieron con la regional de Entre Ríos de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) a oponerse a medidas que afecten los derechos laborales y previsionales, pero las presiones nacionales sobre Casa Gris, bajo la misma relación de los últimos dos mandatarios de Entre Ríos, empujaron a los dos legisladores al voto afirmativo de la reforma previsional impulsada por la alianza del PRO, la UCR y la Coalición Cívica (CC). Con contextos divergentes, porque el peronismo entrerriano se encuentra fuera del poder después de 20 años y porque ya no encajan las argumentaciones pasadas respecto a la gobernabilidad o la asfixia financiera de la Casa Rosada hacia un Ejecutivo propio, el voto positivo de Kueider agita recuerdos hostiles.
¿Discusión interna?
La derrota del justicialismo entrerriano en los comicios generales, de octubre del año pasado, profundizó viejas discusiones y abrió nuevas heridas sobre los modelos de participación, organización y conducción del peronismo. Las consecuencias de la desmovilización interna, la negativa a la incorporación de las minorías, los impedimentos para el pegado simultáneo, la desactualización de la Carta Orgánica del partido y la premisa que el mandatario de turno sea en simultáneo el titular del PJ, se agudizaron tras el cambio de gestión y la necesidad de una resignificación de los métodos de construcción, del ejercicio del papel opositor y de la conformación de una alternativa de gobierno. La convocatoria a la renovación de autoridades partidarias tampoco empujó una autocrítica sobre el desempeño electoral y un debate sincero sobre el peronismo en la provincia. La disputa inicial de dos listas, encabezadas por el ex diputado Marcelo Casaretto y el intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, dejó imágenes confusas sobre las diferencias de fondo, como también de los apoyos reclutados por cada nómina, donde se mezclaron generaciones dirigenciales, intereses territoriales y construcciones políticas diversas.
Como analizó Punto y Seguido, la ciudad de Gualeguaychú fue sede de un encuentro promovido por el ex director general de Aduanas, Guillermo Michel, que tuvo la presencia de Bordet y la participación estelar del jefe de bancada de Hacemos Coalición Federal (HCF), Miguel Pichetto, que cumplió un papel fundamental para la aprobación de la media sanción de la Ley Bases y del paquete fiscal en la Cámara Baja. Allí estuvieron el último postulante a la gobernación, Adán Bahl; los intendentes José Lauritto de La Histórica, Adrián Fuertes de Villaguay, Gustavo Bastián de San José y Rosario Romero de Paraná; el ex legislador Diego Bossio; y los dirigentes locales Juan Bahillo, Pedro Guastavino y Emilio Garbino. La evaluación de esa fotografía en la ciudad del carnaval tiene otros condimentos después de los posicionamientos peronistas en el tablero político provincial y nacional, porque muestra los lazos posibles en términos parlamentarios pero también la búsqueda de una brújula política para el justicialismo en tiempos de Frigerio y Milei.
Como ocurrió con el recambio de nombres del Consejo provincial del PJ, la conformación de la Liga de Intendentes justicialistas priorizó una conducción colegiada que incluyó a viejos caudillos y a generaciones más nuevas de dirigentes con responsabilidades institucionales. Rosario Romero encabeza ese esquema, seguido por Gustavo Bastián como vicepresidente, y por el presidente municipal de Feliciano, Damián Arévalo, como secretario. Los últimos dos fueron parte de los promotores del 1º Encuentro para Construir Presente y Futuro, realizado en San José el sábado pasado, que además tuvo como organizadores a Ricardo Bravo de Federación, Hernán Niz de Villa Mantero, Juan Amavet de Santa Anita, Mauro Díaz Chavez de Aldea San Antonio, Fernando Viganoni de San Justo, Ricardo Sandoval de Pronunciamiento, Ariel Stuker de La Criolla y Daniel Benítez de Puerto Yeruá. Todos transitan su segundo mandato en sus respectivas localidades y vienen fomentando espacios de debates puertas adentro del peronismo. No obstante, tal vez por la experiencia en estos eventos, la presencia del intendente de La Histórica, José Lauritto, del titular del ex vicegobernador José Cáceres, y de las diputadas nacionales Carolina Gaillard y Blanca Osuna, también capitalizaron las ganancias de la jornada.
Gol a favor
“Desde el primer minuto trabajamos para brindarle al presidente Milei las herramientas necesarias para llevar adelante el cambio que votó la gente en las últimas elecciones”, afirmó Frigerio tras la sanción de la Ley Bases y del paquete fiscal. “Esto fue sólo el primer paso. Es indispensable avanzar en otras reformas profundas”, expresó en una nueva señal de incondicionalidad con la hoja de ruta de la Casa Rosada, que finalizó la semana con una variación del 4,2% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el mes de mayo, la renovación de los swap de China por un año y la confirmación del desembolso de 800 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI). Números que traen un pequeño alivio al Gobierno, en un escenario de superávit con una inflación reprimida, de demora de inversiones prometidas, de negociación por un nuevo préstamo con el principal organismo financiero y de resistencia de sectores exportadores para la liquidación de la cosecha. Un contexto que además sufre el desfinanciamiento absoluto sobre la realidad educativa, sanitaria, social y vial de las provincias, y una economía doméstica caracterizada por una recesión sin piso a la vista, el deterioro de la vida cotidiana de las familias, la licuación del poder adquisitivo y los ingresos, la caída de la producción y los consumos, y las suspensiones y los despidos en distintos sectores privados.
Como se describió más arriba, el Mandatario de Entre Ríos fue un interlocutor fundamental para el reclutamiento de voluntades de legisladores provenientes de provincias gobernadas por Juntos por el Cambio. La estrategia de Casa Gris en el primer semestre fue la consolidación de ese caudal de representación, con varios puntos en común con los electorados de Milei, especialmente sobre el voto castigo a gestiones anteriores y respecto a la supuesta esperanza en un proyecto diferente. La asfixia financiera del Ejecutivo nacional; la eliminación significativa de los fondos para la caja de jubilaciones, la asistencia a hospitales, la infraestructura educativa, el salario docente y la continuidad de obras públicas; la volatilidad de la recaudación provincial; y la ralentización de la agenda parlamentaria vinculada a los ejes más simbólicos de la nueva gestión, como los proyectos sobre el Régimen Legal de Transición de Gobierno o la derogación de las pensiones vitalicias a gobernadores y ex gobernadores, desdibujaron la capacidad de iniciativa y el protagonismo coyuntural en el tablero político. El primero de esos proyectos, que establece criterios y obligaciones durante el período de cambio de gobierno, fue sancionado con modificaciones en la sesión de la Cámara Alta, celebrada el martes pasado, en una jornada donde también se aprobó la creación de un subsidio a la tarifa eléctrica de las universidades ubicadas en la provincia, presentado por el jefe de la bancada opositora, Martín Oliva.
Pese a la austeridad predicada y la negativa de auxilio nacional a las provincias, las tres bancadas libertarias de Entre Ríos apoyaron el proyecto de declaración de emergencia de la infraestructura vial por un año, que presupone la discrecionalidad de recursos para acciones de recuperación y preservación de caminos y rutas de la provincia. La medida, que tiene réplicas en educación, asistencia alimentaria y patrimonios culturales, fue votada por unanimidad, con la adhesión del bloque de Más por Entre Ríos, que preside la ex vicegobernadora Laura Stratta. En simultáneo, el Gobernador anunció la reactivación de un puñado de las obras paralizadas por la Casa Rosada, que incluye el acceso de General Galarza, distintas etapas de la ruta nacional Nº 18, el sistema de producción, transporte y distribución de agua potable a Concordia, el acceso sur a Paraná sobre ruta nacional Nº 12, la ampliación del sistema de agua potable de Diamante, la defensa contra inundaciones de Villa Paranacito, la ampliación del sistema de desagües cloacales de Villaguay, la puesta en valor de la ruta nacional Nº 136 y la trabajos sobre la ruta nacional Nº 127 entre Federal y el límite de Entre Ríos y Corrientes. Sin embargo, la inversión de la Nación en obras públicas en las provincias cayó 86,1% entre enero y mayo en la comparación interanual, en un contexto donde el Ejecutivo provincial suspendió en ese mismo período la ejecución de las inversiones a cargo de la Casa Gris. En el palacio municipal de La Histórica sorprendió la ausencia de novedades y financiamientos respecto a reclamos urgentes y estructurales para el departamento Uruguay y puntualmente para la ciudad cabecera.
El actual Gobernador también fue uno de los dos mandatarios que fueron recibidos por el ex presidente Mauricio Macri, en sus oficinas de Vicente López, en una reunión encarada como nueva referencia del PRO a nivel nacional. Sin un desenlace claro respecto a la integración parlamentaria y electoral con La Libertad Avanza, el partido amarillo busca resignificarse luego de la disputa mortal con la ministra de Seguridad de la nación, Patricia Bullrich. Allí estuvieron el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y dirigentes como María Vidal, Diego Santilli y Cristian Ritondo, que funcionan como bloque oficialista en la Cámara Baja frente a las propuestas del Ejecutivo. El principal objetivo es la supervivencia en un contexto nacional desdibujado para el partido fundado en la Ciudad de Buenos Aires y con una interna que dejó afuera del PRO a sus dos candidatos presidenciales en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de agosto del año pasado. La ex funcionaria de Fernando De la Rúa por acuerdo personal con Milei y Horacio Larreta por autoexclusión del flamante armado de su ex jefe político.
La confusión nacional del PRO, y el desenlace mortal de la alianza de Juntos por el Cambio, no se replica en la realidad política provincial. El triunfo en Entre Ríos contuvo las diferencias internas del armado entrerriano y convirtió a Frigerio en la referencia sin grandes rivales puertas adentro. Su estrategia respecto a la relación con Milei, especialmente sobre el modelo económico y los reclamos de los fondos recortados por la Casa Rosada, y los posicionamientos contundentes a favor de la Ley Bases y del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, no ha tenido fuertes divergencias en el pago chico. Una de las pocas voces, que no deja de ser relevante, es del jefe del bloque de los diputados del oficialismo, Fabián Rogel, que en octubre pasado manifestó públicamente su voto a favor del postulante presidencial de Unión por la Patria, Sergio Masa, en el balotaje. Desde allí, el Legislador radical se transformó en una espada significativa para la defensa de la administración provincial, pero también en la única voz crítica del gobierno libertario dentro de la versión local de Juntos por el Cambio. “Lamento profundamente que a los gobernadores no les haya quedado otra posibilidad que acompañar este proyecto de ley, puesto que estuvieron frente a la amenaza permanente de que si los legisladores de cada provincia no acompañaban, el ajuste iba a ser mayor aún”, fustigó.
Seis meses después del inicio de ambas gestiones, Milei celebra la sanción de sus dos primeras leyes. Las internas públicas del gabinete; las presiones internacionales por la conflictividad social y la sostenibilidad del ajuste fiscal; la carencia de inversiones que arrojen dólares frescos; la construcción y constancia de un nuevo piso inflacionario; y los reclamos por las demoras respecto a la eliminación de las restricciones cambiarias (cepo), marcan los objetivos de una segunda etapa del año, donde se mantiene la promesa de competencia de monedas, eufemismo de dolarización. Frigerio apuesta a ese norte para la llegada de recursos que desaparecieron en los primeros cinco meses del año y que trajo una paralización significativa de los planes originales de la Casa Gris. Fue el mensaje central de cada reunión de gabinete ampliada con diferentes administraciones municipales, donde paradójicamente se esgrimía la necesidad de gestionar sin plata. La tolerancia social sobre la recesión, los resultados de la hoja de ruta nacional y el desenlace del programa del gobierno provincial serán cruciales. Los jefes municipales, aturdidos por el desfinanciamiento en sus localidades, hace un tiempo funcionan como bloque corporativo, que trasciende las identidades partidarias de ellos. El recorte, la paralización o la eliminación de partidas presupuestarias sobre diversas obras estructurales, que va desde cloacas, red de gas, viviendas, al transporte urbano, dejaron en una situación financiera compleja a las administraciones, que conviven directamente con el humor social y las realidades ciudadanas.
Pese al escenario de fragmentación política en cada frente político y en sus diversos partidos miembros, una tesis sobre la correlación de fuerzas es indiscutible. Con sus matices, el destino político de Frigerio se encuentra atado al éxito de Milei. Desconocer esa afirmación, es como negar la construcción histórica de Edgardo Kueider alrededor de Gustavo Bordet, que busca reconvertirse como una voz escuchada de la reorganización del peronismo entrerriano.
