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miércoles, julio 24, 2024

PUNTO Y SEGUIDO. Cinco meses de gestión: Variables y coyunturas de los gobiernos de Milei y Frigerio

El Ejecutivo nacional postergó para la semana próxima la firma de los dictámenes de la Ley Bases y del paquete fiscal en el Senado. Sin Pacto de Mayo ni gobernadores, Milei apuesta a un acto político en Córdoba. El voto de Kueider, el ahogo financiero a Entre Ríos y la incondicionalidad de Frigerio.

Mariano Osuna
Periodista

 Como detalló Punto y Seguido, la columna política de los domingos en LA CALLE, mayo emergió como un mes clave para la hoja de ruta del Gobierno nacional por el desenlace parlamentario de las leyes “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” y “Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes”, y por la firma conjunta con los mandatarios provinciales de diez ejes programáticos en Córdoba por el aniversario de la revolución de 1810. A la par, mayo también era señalado como mes bisagra por la coyuntura geopolítica, la posibilidad de auxilio financiero internacional, el respaldo interno político y parlamentario, y los niveles de conflictividad social frente a las reformas económicas de la administración de La Libertad Avanza.

Ómnibus pinchado

Como se describió en ediciones anteriores, el éxito del megaproyecto libertario estaba sujeto a la capacidad de tolerancia y negociación con los bloques autodenominados aliados o dialoguistas. A diferencia de la Cámara Baja, el poroteo de votos en el Senado asoma más parejo, donde es imprescindible la persuasión sobre las bancadas provinciales, como Unidad Federal (3), Por Santa Cruz (2), Cambio Federal (3), Frente Renovador de la Concordia de Misiones (2), Juntos Somos Río Negro (1), Comunidad Neuquén (1) y Por la Justicia Social de Tucumán (1), además de algunas voluntades claves en la Unión Cívica Radical (UCR) y en Propuesta Republicana (PRO).

Ese grupo de legisladores se transformó en un eslabón crucial para la sanción definitiva de ambas iniciativas gubernamentales. Durante las distintas reuniones plenarias de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Legislación General, y de Asuntos Constitucionales, se evidenciaron múltiples inquietudes y pedidos de modificaciones a articulados vinculados al Régimen Impositivo para Grandes Inversiones (RIGI); al listado de empresas disponibles para su privatización; a los requisitos para el Régimen de Regularización de Activos que habilita al blanqueo de bienes y cuentas no declaradas en el país; a los capítulos destinados al Empleo Público, la modernización laboral y el trabajo registrado; y a la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias.

Las voces interlocutoras de la Casa Rosada fueron el vicejefe de gabinete, José Rolandi; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el ministro del Interior, Guillermo Francos; y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. El estancamiento de las negociaciones y la incertidumbre sobre la aprobación de los proyectos libertarios, requirió un considerable protagonismo de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. Aunque el Gobierno mostró una mayor flexibilidad respecto a febrero para diferentes correcciones, la negativa a cambios bruscos que alteren el sentido de las legislaciones postergaron las firmas de los dictámenes para la semana que viene (martes o miércoles).

El plan original exigía que el texto quedara listo el pasado 16 de mayo, con el objetivo que el jueves 23 sea aprobado en el recinto de la Cámara Alta. El bosquejo alternativo para la consecución de ese propósito, ya sin la posibilidad de una votación antes de la conmemoración del 25 de mayo, promovía al miércoles 22 como nueva fecha para la rúbrica del dictamen y a las jornadas del 29 y 30 de mayo para su sanción decisiva. No obstante, la ausencia de los consensos necesarios en algunos artículos, y la persistencia de diferentes gestos de intransigencia oficial, estiraron el debate en comisiones.

Entre las demandas más solicitadas por las bancadas aliadas aparece la inclusión de la categoría de monotributo social, que había sido eliminada en la redacción aprobada en la Cámara de Diputados de la Nación. En esa sintonía, dentro del paquete fiscal e impositivo, hay reticencias sobre el blanqueo de capitales, especialmente por los plazos incluidos y la posibilidad que familiares de funcionarios, o directamente ex servidores públicos, sean beneficiados con la normativa. El RIGI surge como otro punto polémico del megaproyecto, que ha sido advertido oportunamente por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ya que su capítulo facilita que “capitales provenientes del tráfico de estupefacientes, armas y personas, ingresen al circuito económico y financiero de la República Argentina sin exigencias reales de licitud de origen y trazabilidad». Además, diversos sectores de la oposición parlamentaria alertaron y exigieron variantes respecto al nivel de desprotección de las empresas locales, las pymes, el mercado interno y la industria nacional, como también del rol de las autoridades provinciales respecto a dichas inversiones en sus territorios.

La disolución total o parcial de organismos públicos, y el alcance de las empresas disponibles para su privatización, es otro punto que genera disidencias. En un primer agrupamiento se ubican Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo SAU, mientras que en un segundo tramo, con posibilidades de concesión y privatización, asoman Agua y Saneamientos Argentinos, Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales. La desprotección de reparticiones o dependencias institucionales, vinculados a la cultura, la ciencia y la tecnología, que van desde el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), despierta diferentes reclamos de las bancadas aliadas. Otro eje temático que genera dudas es el conglomerado de reformas laborales, que extiende los períodos de prueba, reformula el rol de los colaboradores de los trabajadores independientes y transforma las características de las relaciones laborales en el empleo público.

Como informó LA CALLE, el devenir del proyecto tiene un capítulo extra después de su hipotética aprobación en el Senado, ya que la sanción de ambos textos con cambios requiere que el proyecto regrese a Diputados para que se ratifiquen las modificaciones. En el otro extremo, la escasa chance de un desenlace negativo de la votación actual del proyecto hipotecaría su tratamiento hasta el año próximo, nublando el horizonte dispuesto por el Gobierno nacional. La única forma que el recorrido legislativo de ambas iniciativas concluya en la Cámara Alta es que su tratamiento respete el escrito original de su media sanción.

¿Rueda de auxilio?

Cinco meses después de la asunción de Javier Milei, los principales logros políticos que expone la Casa Rosada son el ajuste fiscal y la construcción simbólica contra la referencia de casta. Sin embargo, uno de los últimos estudios del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que el superávit fiscal de abril fue financiado especialmente por las jubilaciones (36,6%), los gastos de capital (26,5%), los salarios (11,7%), las transferencias a las provincias (9,2%), los subsidios económicos (7,7%) y las universidades (4%). En sintonía, el freno gubernamental de los nuevos aumentos planificados de las tarifas de electricidad y de gas, ratificó la precariedad de ese superávit celebrado. Las consecuencias recesivas de la disciplina fiscal dejaron aplausos y dudas en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en los principales fondos comunes de inversión, ya que los números favorables obedece en gran parte a la propia caída de la mayoría de las actividades económicas y productivas, del consumo popular y del poder adquisitivo de las familias.

Como explicó Punto y Seguido, uno de los reclamos del mundo financiero y empresario, fuera de las fronteras argentinas, es el acompañamiento institucional, opositor, parlamentario y del círculo rojo del país, para que las reformas dispuestas por La Libertad Avanza comprendan una apoyatura política y social que sustenten dichos cambios. El pedido internacional no es secundario, ya que el Ejecutivo nacional necesita dólares frescos para el robustecimiento de las reservas del Banco Central, la eliminación de las restricciones cambiarias para la compra de dólares (cepo) y la prometida libertad de competencia de diferentes monedas. Más en una semana donde la edificación discursiva de la macroeconomía se resquebrajó por primera vez luego del salto del dólar denominado libre, el aumento del riesgo país y la caída de los bonos argentinos. El FMI convalidó la octava revisión del Programa de Facilidades Extendidas y confirmó el desembolso de 800 millones de dólares, aunque denegó la posibilidad de un pago extraordinario de 10.000 millones o 15.000 millones, que fue gestionado durante los cuatro viajes realizados por el Presidente de la Nación a Estados Unidos y por las comitivas encabezadas por su ministro de Economía, Luis Caputo.

Pese al optimismo de diversas franjas ciudadanas sobre el futuro de la gestión libertaria, los resultados negativos en la economía doméstica complejizan el escenario local y aletargan las expectativas de un rebote de crecimiento. El derrumbe del 11% de las ventas de los supermercados en el primer trimestre del año; la caída del 40% en las ventas del sector electrodomésticos; y la retracción del 8,4% en marzo de la actividad económica, donde se destacan los números rojos en la construcción (29,9%), la industria manufacturera (19,6%) y el comercio mayorista y minorista (16,7%), son algunos ejemplos que grafican la situación. El paro realizado el jueves pasado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), los gremios docentes nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT) y los sindicatos universitarios, refleja uno de los reclamos que trasciende los límites ideológicos y partidarios. El congelamiento del salario mínimo, la eliminación de la paritaria nacional, la supresión del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), el recorte de programas educativos y la paralización de obras públicas de infraestructura y conectividad, son parte del menú de reivindicaciones de las medidas de fuerza.  La inexistencia de un piso salarial nacional actualizado deterioró los ingresos docentes y profundizó la disparidad de sus sueldos en las distintas provincias, con márgenes desproporcionados que van desde el mínimo en Misiones de 250 mil pesos a un valor inicial en Río Negro de 620.000 pesos.

El martes pasado, en una sesión especial construida por distintos bloques opositores como Hacemos Coalición Federal (HCF), Unión por la Patria (UxP), Unión Cívica Radical (UCR), Coalición Cívica (CC), Innovación Federal (IF) y el Frente de izquierda y de Trabajadores (FIT-Unidad), se emplazaron a las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda, para el tratamiento de nueve proyectos sobre el financiamiento universitario, que establecen la emergencia educativa y fijan la actualización presupuestaria. La votación en el recinto tuvo el acompañamiento de los cuatro legisladores del peronismo, Gustavo Bordet, Carolina Gaillard, Blanca Osuna y Tomás Ledesma; y de los tres diputados radicales, Atilio Benedetti, Marcela Ántola y Pedro Galimberti. La ausencia de Francisco Morchio, dirigente del PRO, espada leal al gobernador Rogelio Frigerio e integrante de la bancada de Pichetto, no es un dato menor, enmarcado en el comportamiento y el alineamiento de la Casa Gris con el Gobierno nacional.

El desenlace fue la confección de cuatro dictámenes, que abarca el texto del bloque oficialista y de los escaños del PRO (26 firmas), el texto de la bancada peronista (24), el proyecto respaldado por HCF, CC, UCR e IF (21) y la iniciativa de redacción del FIT-Unidad (dos). Casi de manera paralela, pese a las maniobras en las conducciones de ambas comisiones (Alejandro Finocchiaro y José Espert), se abrió el debate sobre siete proyectos presentados para la restitución del Fonid, que significó la quita promedio de un 8% del salario real de docentes de todo el país. UxP impulsó una convocatoria a una sesión para el próximo 4 de junio por la situación de las universidades, mientras que el radicalismo difundió un pedido para la misma jornada por las jubilaciones.

Entre los hilos que conectan el superávit fiscal y el apartamiento del Estado nacional de políticas cotidianas y estructurales en las provincias, asoma el conflicto que tiene una decena de días de protestas en Misiones. El acampe frente al comando radioeléctrico de Posadas; las medidas de fuerza de la policía; y las acciones gremiales de estatales, docentes, trabajadores de la salud y guardaparques, ponen el foco en la precaria situación salarial. El Ejecutivo provincial reclamó la intervención del Estado nacional, como ocurrió en otras coyunturas de la historia, y recordó el recorte de 20 mil millones de pesos en las transferencias de recursos y una deuda cercana a los 80.000 millones por las regalías de la represa Yacyretá. La respuesta de la Casa Rosada al gobernador, Hugo Passalacqua, que fue un aliado parlamentario fundamental para la media sanción de la Ley Bases, fue que “es un tema de la provincia”.

Llamado a la grúa

Cinco meses después de su asunción en la Presidencia, el Gobierno aún no consiguió su primera ley en el Congreso nacional, pese al apoyo mayoritario de gobernadores y de bloques aliados para el acompañamiento de su agenda legislativa. La herida diplomática abierta con España, luego de los cruces entre los respectivos gabinetes y los dichos de ambos mandatarios, con la gravedad que las declaraciones del líder libertario fueron en un encuentro partidario de Vox, en un viaje efectuado sin agenda oficial, corrobora el estilo de construcción de poder de Javier Milei, que no expone miedo al costo político de sus acciones, de sus opiniones, de sus publicaciones en redes sociales y de sus políticas. Una metodología que lo llevó a confrontaciones inéditas con diputados, senadores, gobernadores, periodistas y empresarios, al extremo de ayudar a la implosión de consensos construidos para la Ley Bases, el paquete fiscal y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.

Algo similar sucedió con el frustrado Pacto de Mayo de Córdoba, anunciado en la inauguración del 142º período de sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa. La fotografía con los mandatarios provinciales, para la firma simbólica de diez ejes programáticos, en el aniversario de la Revolución de 1810, parecía una fecha significativa en la búsqueda de robustecimiento político para la consecución de crédito externo. Sin embargo, la exclusión de los gobernadores peronistas más críticos y la precondición de aprobación de las leyes en debate, sepultaron el formato de la convocatoria anunciada. La agenda final del 25 de mayo comenzó con la participación de Milei en el tedeum de la Catedral porteña, donde escuchó junto a su gabinete un encendido discurso del arzobispo Jorge García Cuerva. Continuó luego del mediodía con el viaje a Córdoba, donde fue recibido por el gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini. En una ciudad convulsionada por la llegada del Presidente y por las manifestaciones de la CGT y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Mandatario nacional pronunció su discurso en el Cabildo de la ciudad capital. Pese al fallido pacto con los gobernadores y los rumores sobre cambios en el gabinete, el Presidente capitalizó el enfrentamiento con su par español, Pedro Sánchez, la recorrida por medios televisivos, la tapa de la revista Time, y el show musical y la presentación de su libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”, en el emblemático Luna Park.

También realza su agenda internacional, mientras gana tiempo para logros tangibles y concretos, aquellos vinculados a la macroeconomía, como la salida de la restricción cambiaria, la liberalización del tipo de cambio y la prometida reducción de impuestos y retenciones, como la que se evidencia en la capacidad de compra diaria, en los consumos, en las actividades productivas y en el crecimiento económico. La posibilidad de incorporación en la Alianza para la Prosperidad Económica, que es el formato diseñado por Estados Unidos para la disputa geopolítica en América Latina; el anuncio del quinto viaje del Presidente de la Nación al país gobernado por Joe Biden, con la posibilidad de encontrarse con Mark Zuckerberg; la asistencia a la región italiana de Apulia, donde se efectuará en junio la cumbre de líderes del G7; y la posible visita a El Salvador para la asunción del nuevo mandato del jefe de Estado, Nayib Bukele, marcan esa línea simbólica trazada por el Gobierno de La Libertad Avanza. La carencia de dólares, las merma en la recaudación, la liquidación a cuentagotas de los sectores exportadores y las dificultades para apoyos financieros externos, requieren un doble esfuerzo para sostener el caudal identitario de las expectativas diversas de los diferentes electorados que llevaron a Milei al sillón de Rivadavia y que mantienen esperanzas en un rebote cada vez más lejano.

Sintonía entrerriana

El gobernador Rogelio Frigerio fue una de las primeras voces en manifestarse a favor del DNU 70/2023, de la Ley Bases, del paquete fiscal y del Pacto de Mayo. “Lamento profundamente que se postergue y que no se haga este domingo (por hoy). Me hubiera gustado estar ahí y acompañar con mi firma”, afirmó el Mandatario de Entre Ríos. “Es el sentimiento de la mayoría de los entrerrianos acerca de ese pacto, que son diez enunciados que tienen que ver con el sentido común, no con lo ideológico”, destacó. Como detalló Punto y Seguido en reiteradas columnas, las expectativas puestas en la agenda libertaria fueron acompañadas por un alineamiento incondicional con la Casa Rosada, por el rol de intermediario con sus pares de Juntos por el Cambio y los bloques aliados, pero también por la omisión de reclamos por los recortes de los recursos coparticipables y la eliminación de las partidas discrecionales para obras públicas, salarios docentes, infraestructura educativa, viviendas, caja de jubilaciones y el transporte público.

En las distintas reuniones entre el gabinete provincial y los ejecutivos municipales, Frigerio explicitó que no hay dinero para la gestión cotidiana y para ejes más estructurales del programa de gobierno. “Tenemos que preparar el terreno para cuando la mano cambie y podamos rápidamente empezar a dar respuestas a la gente”, afirmó en uno de esos encuentros. Ocurrió esta semana en la cita bilateral entre el Gobernador y el intendente de Ibicuy, Ezequiel Maneiro, con demandas por obras viales y viviendas que se encuentran sin terminar y por la situación de la ruta provincial 45. También en el cónclave encabezado por el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, mediante el formato de ventanilla única, con municipios, comunas y juntas de gobierno del departamento Concordia.

El análisis de la oficina principal de Casa Gris es que luego de la aprobación de la Ley Bases y del demorado Pacto con los gobernadores, el estancamiento y la inflación darán paso a un crecimiento económico con recursos frescos para las jurisdicciones. Frigerio, que integra silenciosamente la nueva comisión directiva del PRO nacional, bajo la conducción del ex presidente Mauricio Macri, asegura que la nula variación del apoyo social pese al ajuste fiscal confirma la adhesión al modelo libertario. Además, asevera que los electorados de ambos gobiernos llegaron como respuesta al cansancio con el peronismo y a la necesidad de un cambio. Añade que el éxito de los dos se encuentra conectado en varias terminales, desafíos y objetivos.

 En esa espera, de horizonte favorable o crónica de una agonía, el Ejecutivo provincial reivindica el acuerdo paritario con docentes y estatales; muestra la aprobación por unanimidad en la Cámara de Diputados del aumento del Fondo de Desarrollo y Conservación Vial, que destina el 50% de lo recaudado en concepto del Impuesto Inmobiliario Rural para los caminos productivos; anuncia el incremento los vuelos semanales de Aerolíneas Argentinas a la provincia; y aceita sus propios contactos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y organismos financieros internacionales.

El bueno y el malo

 El oficialismo provincial y la principal fuerza opositora tienen en común una estrategia similar, con voces importantes de sus espacios políticos que difunden posicionamientos distintos frente a temas de la coyuntura. En Juntos por Entre Ríos, mientras Frigerio tiene una defensa cerrada sobre el Gobierno nacional, su jefe de bloque de la Cámara de Diputados de la provincia, Fabián Rogel, cuestiona la Ley Ómnibus, y los tres legisladores radicales nacionales acompañan los reclamos por las universidades. Sus dos intendentes más relevantes también marcan tácticas opuestas respecto al recorte de recursos nacionales, ya que el presidente municipal de Gualeguaychú aprovecha su vínculo personal con el titular de la Cámara Baja de la Nación, Martín Menem, se reúne con ministros nacionales y la hermana del Presidente, e incluso visita a Javier Milei, como aconteció esta semana, con un cuadro de regalo, realizado por un artista local. En cambio, Francisco Azcué, jefe comunal de Concordia, es uno de los firmantes, junto a la intendenta de Paraná, Rosario Romero, de un comunicado que convoca a una marcha al Congreso para el martes 4 de junio por la restitución de los subsidios para el transporte urbano de pasajeros. El escrito, firmado por distintos dirigentes, como Javkin de Rosario, Poletti de Santa Fe, Passerini de Córdoba, Jorge de Jujuy, Saadi de Catamarca, Montenegro de Mar del Plata, Fuentes de Santiago del Estero, Suárez de Mendoza y Biss de Rawson, manifiesta la preocupación por la resolución Nº 4/2024 de la Secretaría de Transporte de la Nación, que establece la suba discrecional de los subsidios para el transporte del Área Metropolitana de Buenos de Aires (Amba).

De igual modo, en el peronismo entrerriano asoman estrategias similares, apodada por un reconocido operador del ex gobernador, Jorge Busti, como la metodología “del bueno y el malo”. Los posicionamientos opuestos sobre la convocatoria oficial para una reforma electoral y la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), del ex mandatario provincial, Gustavo Bordet, y del actual titular del Consejo Provincial del Partido Justicialista (PJ), José Cáceres, que se ha mantenido orgánico durante los dos mandatos del dirigente concordiense, reflejan esa doble postura de dirigentes representativos del peronismo en los últimos años. Más pronunciado es el rol ejercido por el último Mandatario justicialista en Casa Gris contra la Ley Bases y el comportamiento de su hombre de confianza, el senador Edgardo Kueider, que negocia diferentes artículos para su apoyo en la votación en general del proyecto con media sanción de Diputados. No es la primera vez que muestra autonomía en la correlación de fuerzas del Senado, pero aparece como llamativo en un contexto donde fue uno de los votos claves para el rechazo del DNU, y donde el Ejecutivo niega la posibilidad de la mayoría de los cambios solicitados por el ex secretario General de la Gobernación entre 2015 y 2019. Una intransigencia mayor que los argumentos esgrimidos en los tiempos de ruptura del bloque justicialista durante el gobierno de Alberto Fernández.

Variables de un escenario complejo, a cinco meses del comienzo de ambas gestiones. Expectativas, dudas y desenlace abierto.

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