El Gobierno nacional eliminó la figura del sereno de buque y generó fuerte preocupación por delitos y contrabando en el sector. Además, un decreto desregulatorio abrió las puertas a millonarios negocios empresarios.
La desregulación del sector de navegación marítima, impulsada por el gobierno de Javier Milei, generó, además de un fuerte impacto en materia laboral, una creciente preocupación por deficiencias en materia de seguridad en buques.
Es que el decreto 37/2025 sobre el Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre» (Reginave) provocó la eliminación de los serenos de buques. La nueva normativa otorgó la «libertad» de contratar a estos trabajadores a cargo de la vigilancia general de las embarcaciones amarradas en puerto. Son también quienes hasta entonces ejercían el control sobre la carga o mercaderías depositadas en muelles, riberas y plazoletas.
Por decisión del Gobierno nacional, a partir del pasado 20 de enero, la contratación de los serenos de buques de carga pasó a ser opcional. La situación encendió las alertas de distintos actores de la actividad que advierten sobre las graves consecuencias en materia de seguridad y control.
Buques sin serenos
El sereno de buque es un auxiliar de la Prefectura Naval Argentina que se encarga de la seguridad en los puertos. La figura data desde 1904 y desde entonces estuvo contemplada en distintos regímenes de la actividad.
Específicamente, un sereno tiene como funciones principales controlar el acceso al buque, vigilar la carga y mercaderías, detectar y denuncias derrames de líquidos, prevenir delitos y alertar sobre intentos de contrabando, entre otros puntos. Su tarea es fiscalizada por la Prefectura Naval para cumplir con la reglamentación vigente.
La eliminación de los serenos se traduce en menos controles y un incremento de delitos, con la alerta latente sobre un aumento del contrabando y tráfico de drogas y armas, entre otros delitos, sobre todo en buques de bandera extranjera. El sereno es el único que tiene la potestad para revisar a quien ingresa a la embarcación.
Además de las complicaciones operativas y de seguridad, el decreto de Milei implicó una pérdida de más de 600 puestos de trabajo en el sector portuario, que conforman un elemento esencial en la protección de los intereses nacionales.
Los analistas del sector consultados por mundo gremial coinciden en afirmar que «la eliminación de la figura del sereno de buque escondería la intención de las empresas de generar una situación inviable y quedarse más adelante con todo el servicio y colocación de control y seguridad a través de un nuevo régimen».
