El bloque de diputados de Juntos por Entre Ríos salió al cruce del justicialismo por sus cuestionamientos a los controles sobre la facturación de los prestadores de la Obra Social de Entre Ríos (OSER). Los legisladores defendieron las auditorías implementadas por la entidad y acusaron al PJ de proteger los privilegios del antiguo Iosper. “Les escandaliza que ahora se controle la plata de los afiliados”, sostuvieron.
La respuesta se produjo luego de la presentación de un proyecto del bloque justicialista relacionado con el funcionamiento de OSER. Desde Juntos por Entre Ríos consideraron que las críticas apuntan contra mecanismos de control destinados a garantizar el correcto uso de los recursos de la obra social.
Como respaldo a su postura, citaron datos difundidos por OSER, según los cuales, de 106 internaciones auditadas, se detectaron facturaciones duplicadas en 80 casos. También se identificaron prestaciones facturadas por profesionales que no figuran en el registro de prestadores, presentaciones fuera de los plazos establecidos y otras irregularidades administrativas.
“OSER tiene la obligación de pagar las prestaciones realizadas y correctamente facturadas. Ninguna entidad puede exigir que se renuncie a los controles como condición para mantener la atención”, manifestaron los diputados. En ese sentido, remarcaron que los fondos de la obra social provienen de los aportes de los trabajadores y deben destinarse a medicamentos, tratamientos y servicios de salud.
Asimismo, cuestionaron las medidas de interrupción de prestaciones y señalaron que las diferencias en la facturación deben resolverse mediante instancias de diálogo entre las instituciones, sin involucrar a los pacientes. “No vamos a permitir que se juegue caprichosamente con la salud de los afiliados”, expresaron.
En relación con las medidas adoptadas por la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER), aclararon que, de acuerdo con la información proporcionada por OSER, las internaciones y las cirugías continúan con normalidad. La restricción alcanza a las consultas durante las internaciones realizadas por profesionales nucleados en esa federación.
También se refirieron a los cuidadores domiciliarios y precisaron que OSER establece un plazo de pago de 30 días desde la presentación de la factura, mientras que para el resto de los prestadores el período habitual es de 60 días. Respecto de los descuentos cuestionados por horas de atención, sostuvieron que corresponde verificar las horas autorizadas, las efectivamente realizadas y las declaradas en la facturación.
La cobertura y los indicadores de gestión
Por otra parte, los legisladores brindaron datos sobre la dimensión del sistema de cobertura de OSER, que alcanza a 288.891 afiliados. De ese total, 286.620 residen en Entre Ríos, distribuidos en sus 17 departamentos y 286 localidades, comunas y parajes, mientras que los restantes 2.271 viven en otras provincias. Además, 9.312 afiliados cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
En materia de discapacidad, destacaron que entre enero y octubre de 2026 se aprobaron 16.538 trámites, frente a los 9.009 registrados durante el mismo período de 2025, lo que representa un aumento del 83,57%. También señalaron que el tiempo promedio de resolución disminuyó de 30,55 a 17,89 días.
A estos indicadores sumaron el incremento de las autorizaciones de prácticas médicas. Según detallaron, las resonancias de alto campo pasaron de 6.927 a 14.681 en los primeros diez meses del año, mientras que las autorizaciones de radioterapia aumentaron de 390 a 597, en comparación con igual período de 2025.
Críticas a la gestión anterior
Finalmente, desde Juntos por Entre Ríos rechazaron que el justicialismo atribuya los problemas de la obra social a la creación de OSER y recordaron la situación financiera del antiguo Iosper. En ese marco, mencionaron que, al momento de su intervención, se había denunciado una deuda acumulada superior a 42.800 millones de pesos y un salario para quien presidía el organismo que, actualizado a valores actuales, superaría los 26 millones de pesos mensuales.
Los diputados responsabilizaron al PJ por la situación heredada y cuestionaron que ahora ponga en discusión los mecanismos de control. También recordaron que el justicialismo gobernó la provincia durante dos décadas y consideraron que tuvo oportunidades suficientes para corregir los problemas del sistema.
“Con Rogelio Frigerio tomamos la decisión de terminar con los privilegios y defender los recursos de los afiliados. Vamos a pagar lo que corresponde y a controlar cada factura. Ni los cortes de prestaciones ni la presión política van a hacernos abandonar esa responsabilidad”, concluyeron desde el bloque oficialista.
