El Movimiento Nacional de Inquilinos realizó una jornada de debate la semana pasada con ejes en la lógica mercantilista dominante sobre el alquiler de viviendas, el rol del Estado en la relación entre propietario e inquilino y el papel que juega la vivienda en alquiler en la política general de hábitat.
“Pensar en políticas que impulsen ciudades más inclusivas, equitativas, accesibles y justas, es un debate que se torna necesario, y que no puede centrarse sólo en acciones para lograr ser “la casa propia”, expresaron los organizadores del encuentro del que participaron representes de Argentina y de otros países de América Latina, donde la problemática es similar.
Dentro de los tópicos centrales del encuentro se destacaron: “¿Cómo impacta la lógica mercantil sobre la vivienda en alquiler en la manera de habitar las ciudades? ¿Cuál es el rol y la lógica de acción del estado ante esta situación? ¿Cómo articular las demandas puntuales del sector en una política más amplia e integral? ¿Cómo se vincula el alquiler con otros reclamos en torno al hábitat?”.
“Estas preguntas se tornan centrales para comenzar a trazar políticas públicas y articulaciones entre las diferentes organizaciones y movimientos que buscan un lugar en la agenda de las ciudades”, consignó el Movimiento Nacional de Inquilinos.
Asimismo, se señaló que la pandemia de Covid – 19 “desnudó y profundizó los mecanismos de exclusión y puso a los estados en la disyuntiva de continuar con esta lógica o aprovechar el momento para reestructurar los mecanismos de intervención para garantizar el derecho a la vivienda en todas sus dimensiones”.
El Movimiento Inquilino Nacional impulsa “una serie de encuentros con diferentes personalidades para ir debatiendo estos ejes y con la intención de avanzar en propuestas integrales y acordes a las complejas dinámicas actuales”. Uno de estos se concretó la semanas pasada bajo el título “Habitar la ciudad en la post-pandemia”.
El cuestionamiento central pasó por la acción del Estado como facilitador en el ordenamiento territorial del boom inmobiliario que responde a un esquema de maximización del valor de la tierra y la extracción de ganancias que no está en sintonía con las necesidades sociales y el derecho humano a acceder a la vivienda.
En el centro de la crítica estuvo la apuesta habitual de los Gobiernos por impulsar la reactivación económica a través de la construcción que refuerza el concepto de la casa como activo económico y degrada el de la vivienda como bien social, informó APF.
