Por Carlos Heller
Uno de los temas excluyentes de esta semana fue la firma del Consenso Fiscal para 2022, al cual adhirieron todos los gobernadores de las provincias argentinas, a excepción del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A diferencia de lo que Rodríguez Larreta mencionó, y que varios medios reprodujeron, esta iniciativa no apunta a un aumento de impuestos sino a una armonización tributaria. De esta forma, se otorga una mayor previsión a los contribuyentes al establecerse máximos para las alícuotas de los impuestos más importantes. El acuerdo “no aumenta impuestos, sino que pone topes a la suba de impuestos, es decir que los gobernadores están autolimitando la suba de impuestos”, aclaró el ministro Wado de Pedro.
Por ejemplo, en el impuesto de sellos se estableció una alícuota máxima del 3,5% a la transferencia de inmuebles, del 3% a la transferencia de automotores y del 2% a los restantes actos, contratos y operaciones alcanzadas por este tributo. En tanto, no estarán sujetos a alícuota máxima los contratos y operaciones relacionados con las actividades de loterías y los juegos de azar.
El nuevo consenso busca establecer una estructura impositiva orientada a la promoción de la inversión, del crecimiento económico y la generación de empleo formal en el sector privado, con el objetivo de reducir en forma gradual y sostenida las diferencias que, en materia de desarrollo económico y social, existen entre las distintas regiones del país.
El presidente Alberto Fernández dijo que es importante “buscar la progresividad del sistema recaudatorio para que paguen los que más tienen y dejen de pagar los que menos tienen”.
A su vez, las provincias se comprometieron a aplicar el criterio de Endeudamiento Responsable, por el cual solo podrán incrementar la deuda en moneda extranjera en líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito por desembolsos pendientes originados en convenios ya firmados. Esto evitará un “descalce” entre los ingresos en pesos de las provincias y su endeudamiento en moneda extranjera.
El caso de CABA es paradigmático ya que, si bien Rodríguez Larreta alega no haber firmado porque según dice, “en nuestra ciudad no vamos a aumentar impuestos”, la realidad se encarga de mostrar lo contrario. Un ejemplo de ello fue la imposición el año pasado del 1,2% a los consumos con tarjetas de crédito, un tributo indirecto que además afecta en mayor proporción a los que menos tienen.
