Por Néstor Belini
“La ley es tela de araña, y en mi ignorancia lo explico, no la tema el hombre rico, no la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y solo enrieda a los chicos”. (José Hernández, Martín Fierro)
En 1872 José Hernández publicó la primera parte del Martin Fierro, el poema épico nacional por excelencia. A pesar de que fue pensado en una época muy diferente a la actual, tiene la claridad y la lucidez de los clásicos. Expone tópicos de la vida individual y social que atraviesan todos los tiempos. Entre estos, por la coyuntura, encuentran especial resignificación los versos que ofician de epígrafe de este desordenado texto y en los que el escritor reflexionó sobre la relación Justicia y sociedad.
Los hechos se suceden como si tuvieran independencia de otros hechos. La vorágine informativa no ayuda a detenerse unos minutos para observar y poder reflexionar, sacar conclusiones que vayan más allá de lo efímero y flamígero de las noticias, obtener herramientas para sobreponerse a la dureza de una realidad que golpea a los trabajadores ocupados y desocupados, como así también, de una realidad “construida” en los medios de comunicación masivos o hegemónicos. Realidades que no siempre coinciden, pero en las que la segunda tiene un rol performativo de la subjetividad de los ciudadanos.
Diálogo
El diálogo político en Argentina, desde los orígenes de la Patria, fue condicionado por la violencia y el enfrentamiento de facciones antagonistas que tenían proyectos de país irreconciliables. En el siglo XX aquella violencia se tornó unidireccional. La clase trabajadora fue sistemáticamente atacada. La dictadura cívico-militar fue la expresión más acabada de aquella violencia. Destruyó vidas –como consecuencia directa del terrorismo de Estado, e indirecta, por la destrucción de un tejido social enhebrado desde la solidaridad y el trabajo- y un modelo de acumulación que, con sus defectos, tenía a los trabajadores como protagonistas. La Justicia tuvo mucho que ver con aquella violencia. No solo porque la convalidó en no pocos momentos de la historia nacional con sus resoluciones, sino por el direccionamiento que sus más altas autoridades le han dado al servicio de Justicia.
Demagogia
En tal escenario cobra vital importancia reflexionar sobre el ataque al ministro Sergio Berni y las consecuencias para el cuerpo social. No es bueno ni sano para las instituciones que un ministro que fue agredido con golpes de puño, patadas y objetos contundentes, manifieste que no quiere que se investigue a quienes lo atacaron, si bien luego se iniciaron actuaciones. La Ley es para todos. Todos somos iguales ante la Ley. Todos estamos compelidos a cumplirla, aún si se trata de trabajadores conmocionados por el brutal asesinato de un compañero.
El mensaje confunde. Se puede interpretar que hay situaciones que ameritan recurrir a la violencia y saber que no se pagarán las consecuencias. Entonces vale preguntarse ¿quién decide qué violencia es legítima? Quién, ¿qué vale la pena investigar, aunque no acumule capital político? La demagogia es nociva, más aún si es el fundamento de decisiones que versan sobre cuestiones que exceden el interés de las víctimas para instalarse en el trabajoso y complejo capital institucional que ordena la vida social del país.
A siete meses del atentado contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner, el tema desapareció de la agenda informativa. Sólo cobra, cada tanto, un pálido protagonismo por alguna medida judicial que nunca llega a buen puerto. Si algo caracterizó la investigación de uno de los hechos de una gravedad institucional poco conocida, es la desidia y el direccionamiento en detrimento de la víctima y en “beneficio” de los autores materiales e intelectuales. Es difícil imaginar que no haya voluntad de investigar un hecho de tanta gravedad institucional, como así también los esfuerzos para ocultarlo, minimizarlo y tapar de sospechas a la víctima.
Entre Ríos
En Entre Ríos la situación exhibe sus particularidades. El Consejo de la Magistratura (CM) es un nuevo espacio de disputa de poder. De construcción de poder. El artículo 1 del CM prescribe que “es un órgano asesor permanente del Poder Ejecutivo provincial, con competencia exclusiva para proponerle, mediante concursos públicos y ternas vinculantes, la designación de los Magistrados y de los funcionarios de los Ministerios Públicos del Poder Judicial”. En este sentido, es muy importante la observación y el apego a los procedimientos que ordenan la selección de los consejeros y de los jurados que van a examinar a los postulantes para un determinado cargo.
El CM entrerriano se vio envuelto en una disputa se sentido respecto del proceder de algunos de sus integrantes. Se trató, nada menos, que de la integración de los estamentos de consejeros y de la selección de los jurados técnicos que evaluarán a los postulantes. En el primer caso, un magistrado accedió a una consejería vulnerando las prescripciones que el estamento al que representó le exigía según la norma. En el segundo, se seleccionó a los jurados que examinarían los concursos para fiscal anticorrupción y fiscal anticorrupción adjunto, de Paraná y Concordia, en un acto que no contó con la presencia de ningún estamento. Los que lo llevaron adelante, sin ningún control, fueron el presidente y el secretario del CM.
La primera situación devino “abstracta” –a pesar de que hubo un pedido de informes al CM de la Nación que duerme el sueño de los justos-, porque la sanción de la nueva Ley del CM vino a corregir el “desliz”. La segunda, porque se dio marchas atrás con la selección de los jurados técnicos para los concursos de fiscal anticorrupción, ante la publicidad de la situación, lo que a su vez habría generado la renuncia de los jurados seleccionados en un acto que se realizó vulnerando la nueva Ley del CM, que exige que aquellas sean públicas. En síntesis, se vulneró la vieja y la nueva Ley del CM, al poco tiempo de entrar en vigencia. Todo un récord.
Pregunta sin responder
La pregunta que aún no tiene una respuesta es ¿qué puede esperar la sociedad si quienes conocen las normas, porque son su especialidad, su ámbito de desempeño, no las cumplen? En la página web del CM de Entre Ríos, tras una cronología de la creación del organismo, se concluye que “de esa forma hemos construido los entrerrianos un espacio valioso de participación colectiva, que debemos sostener y perfeccionar, en pos de enaltecer y brindar mayores garantías de justicia al Estado de Derecho”. A juzgar por las acciones de los responsables del organismo, aquellos nobles objetivos no se estarían concretando.
