Presentaron las conclusiones de una evaluación provincial para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes
El Superior Tribunal de Justicia (STJ), el Ministerio Público de la Defensa y el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) dieron a conocer las conclusiones de la evaluación territorial de la Guía de Buenas Prácticas en Procesos con Actuación Conjunta, una herramienta destinada a mejorar la coordinación entre organismos que intervienen en la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.
El informe sintetiza el trabajo realizado entre 2023 y 2025 en los 17 departamentos de Entre Ríos, a través de jornadas de intercambio y capacitación que reunieron a más de 800 integrantes de distintas instituciones vinculadas al sistema de protección integral.
Durante el proceso se relevaron experiencias territoriales, dificultades cotidianas y estrategias de intervención, con el objetivo de unificar criterios de actuación y fortalecer la articulación entre los organismos involucrados.
La vocal de la Sala Nº 2 en lo Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia, Gisela Schumacher, destacó el compromiso demostrado por quienes participaron de las instancias de capacitación y valoró la continuidad de una política institucional orientada al trabajo conjunto.
La Guía de Buenas Prácticas busca consolidar la corresponsabilidad entre las distintas áreas que intervienen en situaciones relacionadas con la niñez y la adolescencia. En ese marco, los equipos técnicos abordaron temas vinculados con medidas de protección, salud mental y procesos de adopción, incorporando como eje central la escucha activa de niñas, niños y adolescentes.
Por su parte, el defensor general, Maximiliano Benítez, resaltó la importancia del trabajo articulado y señaló que la experiencia entrerriana constituye una referencia para otras jurisdicciones del país. Además, destacó la continuidad de las acciones más allá de los cambios de gestión gubernamental.
Desde el Copnaf remarcaron que estas instancias permiten construir una visión compartida entre las instituciones, respetando las particularidades de cada territorio y fortaleciendo las redes de intervención ante situaciones complejas.
En ese sentido, la presidenta del organismo, Clarisa Sack, subrayó que el proceso permitió recoger las experiencias de quienes trabajan diariamente en cada departamento y avanzar en la construcción de respuestas coordinadas, centradas en la protección y promoción de derechos.
La presentación de las conclusiones se realizó en la sede de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná, con la participación de autoridades de las tres instituciones involucradas.
