Por Ariel Vercelli
Los cambios informático–tecnológicos actuales están demarcando nuevos territorios y escenarios. Es posible advertir también, asociados a la tecnología, profundos cambios sociales, económicos y jurídicos-políticos. Muchos de los datos sensibles de personas y poblaciones están quedando a merced de las corporaciones y Estados en franca violación a un conjunto de regulaciones vigentes. Un relevamiento que realizamos desde la Universidad de Mar del Plata y la Universidad Nacional del Rosario, junto al Conicet, permite observar que, si bien existen múltiples normativas sobre gestión de datos, información y comunicación en la República Argentina, éstas no conforman un corpus legal que pueda ser utilizado de forma integral frente a los nuevos problemas que suscitan el extractivismo de datos personales, la construcción de perfiles psicográficos y la gestión automática de información personal y poblacional por parte de corporaciones comerciales y Estados. Este primer relevamiento permite advertir que las leyes vigentes en esta materia fueron pensadas y sancionadas para regular otro tiempo y otras situaciones socio-tecnológicas. Entre ellas se observa escaso diálogo (parecen conformar compartimentos estancos) y poca coherencia jurídica a la hora de poder encontrar soluciones a los actuales problemas sobre extractivismo, información automatizada, desinformación y perfiles psicográficos.
Son escasas aún las interpretaciones jurídicas, la producción doctrinaria y la jurisprudencia que permitan un ejercicio jurídico por parte de ciudadanos e instituciones en la defensa de los derechos humanos afectados a partir del uso masivo y compulsivo de las corporaciones.
Esta investigación permitió recuperar e indagar algunos conceptos que podrían ofrecer una mirada más amplia y ser de utilidad para repensar algunas soluciones jurídico-políticas. El concepto de la “autodeterminación informativa” podría ser de gran ayuda frente a estos nuevos escenarios. Inicialmente, fue acuñado como término jurídico-político por el Tribunal Constitucional Alemán en el año 1983 al respecto de la declaración de inconstitucionalidad de la ley de censos de 1982. En el fallo la argumentación doctrinaria relacionaba la autodeterminación informativa con el derecho a la intimidad y era definida como la facultad que tiene una persona de decidir por sí misma, cuándo y dentro de qué límites procede a revelar situaciones de su vida privada. Más adelante, este concepto fue asociado y extendido hacia el derecho de protección de datos personales. Es posible que frente a los grandes cambios descritos este concepto pueda ser interpretado de forma amplia y orientarse hacia la defensa de un conjunto de derechos humanos seriamente afectado en la era digital.
