Sergio A. Rossi
La Real Audiencia de Buenos Aires fue el más alto organismo de justicia del imperio español que tuvo la región del Plata. Funcionó desde 1663 dependiendo de Lima, y desde 1785 tuvo jerarquía virreinal. Tras la Revolución de 1810, los miembros de la Audiencia, en intrigas con los realistas comandados por el jefe naval en Montevideo, fueron arrestados por la Junta de Mayo, embarcados y deportados a las Islas Canarias. Tuvieron mejor trato que Santiago de Liniers, héroe de La Reconquista, fusilado más tarde en Cabeza de Tiigre. Removidos así los oidores Francisco Tomás de Anzoátegui, Manuel de Velasco y Manuel José de Reyes junto con los fiscales Manuel Genaro Villota y Antonio Caspe y Rodríguez, nuestro Primer Gobierno Patrio congeló el sueldo de quien seguía en orden jerárquico hasta obtener reconocimiento, juramento de fidelidad, y acatamiento. El 23 de junio de 1810 la Junta llenó los lugares vacantes nombrando como conjueces a los abogados Vicente Anastasio Echevarría, Pedro Medrano y José Darregueira y como fiscal en lo civil y criminal a José Simón García de Cossio. Con la pesada deuda que dejó el gobierno de Cambiemos, tan avalada desde el Fondo Monetario Internacional por quienes nos dan lecciones republicanas que no practican en sus casas; con el agobio económico que nuestro país sufre, agobio que piden que consagremos y que vociferan profundizar si ganan las elecciones; la historia nacional puede ser guía e inspiración. Los falsos republicanos del Plata rechazaron y no votaron en el Congreso el Presupuesto Nacional, que es el acto legislativo que, sobre la base del plan de gobierno elevado por el Poder Ejecutivo, dispone la planificación anual de la actividad financiera del Estado. Privaron así al Ejecutivo de una herramienta adecuada para girar los fondos, entre otros al Poder Judicial. Al mismo tiempo proliferan y medran jueces y fiscales que rechazan por cautelares y declaraciones de inconstitucionalidad medidas para cobrar impuestos con que sostener el erario público. Sobrevuela, deslegitimante, que no paguen impuestos mientras acumulan cuentas en plazos fijos y bonos de unos 10.000 millones de dólares obscenamente acumulados; que les permitirían funcionar sin exigir más al conjunto que los sostiene y al que deberían brindar sus servicios y sus afanes.
