El Senado de la Nación debatirá este miércoles el proyecto conocido como «Ley Hojarasca», una iniciativa impulsada por el oficialismo que propone derogar cerca de 70 normas consideradas obsoletas, desactualizadas o incompatibles con el actual marco de libertades individuales.
La propuesta, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, será analizada desde las 15 en un plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por los legisladores libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez.
Según fuentes parlamentarias, el objetivo del oficialismo es obtener un dictamen favorable sin modificaciones para acelerar su tratamiento en el recinto y lograr su aprobación definitiva antes de finalizar el mes.
El proyecto apunta a eliminar leyes que, según el Gobierno, han perdido vigencia debido a cambios tecnológicos, sociales o normativos. Entre ellas figura una norma de 1973 que obliga a los organizadores de reuniones públicas en espacios cerrados a notificar previamente a las autoridades y habilita la intervención policial en esos eventos.
También se propone derogar una ley de 1975 que exige a las emisoras radiales y televisivas destinar al menos una hora diaria a la difusión de contenidos vinculados al turismo nacional.
La iniciativa incluye además la eliminación de normas vinculadas al control estatal sobre el papel para diarios, la regulación de determinados contenidos musicales, la autorización oficial para el uso de mapas del territorio argentino, la transferencia de tecnología y marcas, y diversas disposiciones consideradas anacrónicas por el Ejecutivo.
Entre los proyectos alcanzados por la derogación también aparecen la ley que instituye el padrinazgo presidencial del séptimo hijo, una norma referida al registro de palomas mensajeras de carrera, otra que declara de interés nacional la explotación de carbón mineral y la que crea el Premio Nacional a la Calidad para el sector público y privado.
Asimismo, el texto contempla la eliminación de la Ley 25.750, sancionada en 2003, que limita la participación extranjera en empresas propietarias de medios de comunicación, y de la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos.
Desde el oficialismo sostienen que la iniciativa forma parte del proceso de simplificación normativa impulsado por el Gobierno nacional y busca reducir regulaciones consideradas innecesarias o incompatibles con los principios de libre competencia y menor intervención estatal.
