Representantes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) y de la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos expusieron este martes ante las comisiones de Presupuesto y de Asuntos Constitucionales del Senado provincial, en el marco del debate por la reforma previsional impulsada por el Ejecutivo. Durante la reunión, manifestaron fuertes cuestionamientos al proyecto, advirtieron sobre posibles inconstitucionalidades y alertaron por las consecuencias económicas que podría generar en las comunidades entrerrianas.
El secretario general de Festram, Mario Barberán, señaló que la preocupación del sector surgió desde que se conocieron los primeros lineamientos de la iniciativa y se profundizó tras acceder al texto definitivo. “Este proyecto no nos representa en absoluto”, sostuvo, al tiempo que recordó que esa postura ya había sido transmitida a las autoridades de la Caja de Jubilaciones.
Barberán también cuestionó el silencio de los intendentes frente a una norma que, según afirmó, podría afectar directamente a los municipios. En ese sentido, explicó que el proyecto contempla descuentos sobre fondos de coparticipación para aquellas administraciones que no cumplan con los aportes correspondientes.
Por su parte, el secretario general de la seccional Crespo, Hernán Muñoz, aseguró que el contenido del proyecto difiere de los planteos discutidos previamente con las autoridades provinciales. Además, reiteró el reclamo para que los jubilados municipales no queden sujetos al mismo índice de actualización que el resto de los empleados públicos.
Como ejemplo, indicó que en Crespo los trabajadores activos acordaron una recomposición salarial del 17% en seis meses, mientras que los jubilados recibirían incrementos considerablemente menores. También cuestionó la implementación del aporte solidario extraordinario previsto durante la emergencia previsional, al considerar que afectará tanto a trabajadores activos como pasivos.
Según Muñoz, la reducción del poder adquisitivo de los jubilados tendrá consecuencias directas sobre la actividad económica de las pequeñas localidades, donde gran parte del consumo depende de esos ingresos.
En la misma línea, el secretario general de Festram en San Salvador, Martín Santana, sostuvo que la incidencia de los municipios en el déficit de la Caja es mínima y remarcó que los salarios municipales promedian apenas por encima de los 800 mil pesos.
Durante la exposición, el secretario legal de Festram, César Cruz, puso el foco en los aspectos que el gremio considera incompatibles con la Constitución. Entre otros puntos, cuestionó la ampliación de facultades otorgadas al presidente de la Caja de Jubilaciones y señaló que algunos artículos podrían vulnerar derechos laborales y previsionales garantizados por la legislación provincial.
A su turno, el presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos, Oscar Pirillo, defendió la vigencia del sistema de movilidad jubilatoria y del 82% móvil, y pidió que la futura ley establezca expresamente que no tendrá efectos retroactivos sobre derechos ya adquiridos.
La vocal representante de los pasivos, Claudia Valori, respaldó ese planteo y advirtió que varios artículos permiten interpretar que la reforma alcanzará también a quienes ya están jubilados. Entre las preocupaciones mencionó la aplicación del aporte solidario y la posible pérdida de influencia de los representantes de los jubilados dentro del directorio de la Caja.
Finalmente, Valori cuestionó la propuesta de elevar la edad jubilatoria de las mujeres y sostuvo que la medida desconoce las tareas de cuidado que históricamente desempeñan tanto durante su vida laboral como después de retirarse de la actividad.
