El gobierno de Javier Milei redujo el Programa Remediar de 79 medicamentos esenciales a solo tres presentaciones cardiovasculares, una decisión que afecta a más de 8.000 centros de salud y deja sin cobertura farmacológica a aproximadamente 19 millones de personas que dependen exclusivamente del sistema público.
Un programa que nació de la crisis y garantizó equidad durante 24 años
El Programa Remediar fue creado en 2002, tras la crisis socioeconómica de 2001, cuando casi la mitad de la población argentina no tenía acceso a medicamentos. Durante más de dos décadas, se consolidó como una política de Estado que garantizaba la provisión gratuita de fármacos esenciales en el primer nivel de atención, alcanzando a más de 8.000 centros de salud en todo el territorio nacional.
El vademécum del programa incluía 79 presentaciones farmacológicas que cubrían aproximadamente el 90 por ciento de las patologías más frecuentes en la atención primaria. Entre los medicamentos provistos se encontraban tratamientos para diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, asma, EPOC, antibióticos para infecciones respiratorias y urinarias, corticoides, antiparasitarios, sales de rehidratación oral, analgésicos y antiinflamatorios, entre otros.
El programa no solo garantizaba el acceso a medicamentos, sino que cumplía una función estratégica dentro del sistema sanitario. Fortalecía la atención primaria, evitaba que los pacientes concurrieran masivamente a las guardias hospitalarias por cuestiones básicas y operaba como un mecanismo redistributivo que reducía las desigualdades en salud. Además, permitía optimizar el presupuesto sanitario al conseguir una reducción del 75 por ciento respecto al precio de mercado en la compra centralizada de medicamentos.
El ajuste que golpea a los más vulnerables
La decisión del gobierno nacional de discontinuar el programa y reemplazarlo por una cobertura limitada a tres fármacos cardiovasculares —un antihipertensivo básico, un antiagregante plaquetario y una estatina para el control del colesterol— implica dejar sin tratamiento a millones de pacientes crónicos y agudos.
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, calificó la medida como «un desastre total desde cualquier punto de vista» y advirtió que el sistema sanitario podría colapsar. «Hay lugares del interior donde no hay farmacias. El único acceso a medicamentos es a través del Estado. Estamos hablando de 20 millones de personas», señaló el funcionario, quien además alertó que la eliminación del suministro gratuito obligará a millones de pacientes a concurrir a las guardias hospitalarias.
Kreplak también subrayó la gravedad del momento elegido para aplicar el recorte: «Estamos entrando en el invierno, cuando aumentan las enfermedades respiratorias. Es el peor momento para retirar medicamentos».
El impacto federal del desguace
El desmantelamiento del programa no es un hecho aislado, sino la culminación de un proceso de vaciamiento progresivo desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza. Según datos de la Fundación Soberanía Sanitaria, entre 2023 y 2026 la dispensa de botiquines cayó un 59 por ciento a nivel nacional.
En la provincia de Buenos Aires, los centros de salud abastecidos pasaron de 1.617 en 2023 a 1.132 en 2026, mientras que las unidades de medicamentos distribuidas se redujeron de 10.458.567 a 4.636.253, una caída superior al 55 por ciento. En Tierra del Fuego, las entregas se desplomaron de 143.652 unidades en 2023 a apenas 42.966 en 2025, una reducción cercana al 70 por ciento en dos años.
En Río Negro, el cierre del programa pone en peligro 320.000 tratamientos anuales y afecta especialmente a 60.000 rionegrinos sin cobertura de obra social que dependen exclusivamente del sistema público. La situación obliga a las provincias a asumir compras propias mediante licitaciones, incrementando el esfuerzo fiscal local sin el respaldo financiero correspondiente de la Nación.
Una ganancia marginal a costa de la salud pública
La senadora bonaerense Valeria Arata calificó la medida como «un ajuste a la salud de millones de argentinos» y denunció que trasladar el problema a las provincias y municipios sin el financiamiento adecuado es una maniobra que vulnera el derecho constitucional a la salud.
El cierre del Programa Remediar implica un cambio profundo en el acceso a medicamentos en Argentina. La interrupción de tratamientos crónicos como hipertensión o diabetes aumenta el riesgo de complicaciones y descompensaciones que, sin tratamiento oportuno, derivan en cuadros más complejos y costosos para el sistema sanitario.
La lógica del ajuste fiscal no puede ser el criterio rector en materia de salud pública. Discontinuar Remediar significa aceptar que habrá personas que no podrán sostener sus tratamientos. En salud pública, esa decisión puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. El ahorro marginal que el gobierno pretende obtener con esta medida se traducirá en un costo sanitario y social que pagarán, una vez más, los sectores más vulnerables de la población.
