La administración de Javier Milei comunicó a Entre Ríos que podrá buscar fondos privados para finalizar obras en rutas nacionales, una decisión que confirma el retiro del Estado nacional del financiamiento de la infraestructura vial y deja a la provincia librada a su suerte.
La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, junto al subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli, recibieron este martes al gobernador Rogelio Frigerio para informarle que el Gobierno nacional avanzará con un decreto que habilitará a las provincias a recurrir a inversiones privadas para ejecutar obras en tramos de rutas nacionales dentro de sus territorios. La medida fue presentada como un gesto de trabajo conjunto, pero en los hechos representa una descarga de responsabilidades que abandona a su suerte a los entrerrianos.
El anuncio se produce en un contexto de parálisis absoluta de la obra pública nacional. Un relevamiento de la Red Federal de Periodismo e Innovación indicó que el 54 por ciento de las obras heredadas del gobierno anterior permanecen sin avance bajo la actual gestión. En Entre Ríos, esa parálisis se traduce en 150 obras viales detenidas, según datos del Sindicato de Camioneros. El secretario general del gremio, Jorge Ávalos, advirtió que desde marzo a la fecha se registraron 15 accidentes de camioneros en la Ruta 14 atribuibles al mal estado de la traza y la falta de mantenimiento.
El deterioro de la red vial nacional es generalizado. Un informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional estima que entre el 65 y el 70 por ciento de las rutas nacionales se encuentra en estado regular o malo, y que las víctimas fatales por siniestros viales aumentaron un 14 por ciento interanual. En Entre Ríos, las rutas A015 y 136, accesos a los puentes de Salto Grande y Fray Bentos, presentan descalce de banquinas y agotamiento estructural. La Autovía 14, eje del corredor turístico, concentra quejas constantes por baches, pozos y ahuellamiento, según testimonios recogidos en Federación.
Mientras el impuesto a los combustibles aumentó un 118 por ciento en términos reales desde el cambio de gestión, el gasto de la Dirección Nacional de Vialidad se derrumbó y el Estado ejecutó menos de la mitad de lo recaudado para su destino legal. En los primeros diez meses de 2024, la obra pública nacional cayó un 83 por ciento en términos reales. El 78 por ciento del superávit primario que exhibe el Gobierno se explica por el recorte del gasto de capital, lo que implicó la pérdida de 62.300 puestos de trabajo en la construcción.
La postura de Frigerio: acompañamiento sin resultados
El gobernador Rogelio Frigerio, lejos de reclamar por el abandono de su provincia, ratificó el rumbo del Gobierno y destacó el trabajo conjunto. Su alineamiento con la administración nacional es público y reiterado: en octubre de 2025 afirmó que apoya a Milei sin esperar nada a cambio, y en marzo de este año defendió al Presidente al sostener que sus declaraciones contra empresarios no afectan el clima de inversiones.
Sin embargo, en la intimidad el propio Frigerio reconoce que el escenario financiero de la provincia es «peor que durante la pandemia» y admitió no tener certezas sobre el rumbo económico: «No tengo la bola de cristal». El gobernador justificó que su gestión avanza con obras pese al contexto adverso, pero la realidad es que su mandato transcurre sin que la Nación ejecute obra pública significativa en el territorio entrerriano.
Un decreto que transfiere el problema
La habilitación para buscar inversión privada en rutas nacionales no es una solución, sino una delegación de responsabilidades que el Estado nacional no quiere asumir. Las empresas que eventualmente inviertan en la reparación de rutas exigirán un retorno, que inevitablemente se trasladará a los usuarios a través de peajes u otros mecanismos de cobro. Mientras tanto, los entrerrianos seguirán transitando por rutas peligrosas, los camioneros continuarán sufriendo accidentes y la producción deberá afrontar mayores costos logísticos por el deterioro de la infraestructura.
El Gobierno nacional, que se jacta de haber logrado superávit fiscal, lo consiguió a costa de paralizar las obras que garantizan la conectividad y la seguridad de millones de argentinos. Ahora, en lugar de revertir ese abandono, opta por desentenderse y pasarle el problema a las provincias. Y Frigerio, en lugar de defender los intereses de los entrerrianos, elige acompañar sin chistar.
