Mediante la Resolución 42/2026 publicada en el Boletín Oficial, el gobierno de Javier Milei dispuso el cese de los servicios de control de calidad y seguridad que el INTI prestaba en 1.004 áreas productivas, transfiriendo de hecho la supervisión a las propias empresas privadas.
La medida, firmada por el presidente del organismo Miguel Ángel Romero y los vicepresidentes Ezequiel Capelli y Juan Pablo Intelisano, pone fin a casi siete décadas de controles científicos y tecnológicos sobre sectores estratégicos como alimentos, bebidas, calidad del agua, materiales de construcción, control del fuego, transporte, industria automotriz, electricidad, electrónica, software, química, metal y materiales de salud.
Solo en el área de alimentación, el INTI dejará de realizar análisis químicos, fisicoquímicos y sensoriales a vitaminas, grasas, aceites, azúcares, alcoholes, carbohidratos, proteínas, carnes, lácteos, cereales, edulcorantes, antioxidantes y bebidas. También cesarán los controles microbiológicos que detectaban la presencia de patógenos como salmonella y escherichia coli, así como la supervisión de envases plásticos en contacto con alimentos. La calidad del agua y los efluentes industriales tampoco serán monitoreados por el Estado.
Los considerandos de la resolución argumentan que «la evolución de las capacidades tecnológicas del sector privado» hace innecesaria la intervención estatal y que los controles oficiales «pueden derivar en distorsiones del mercado, afectando la libre competencia y desincentivando la inversión privada». En otras palabras, el gobierno confía en que las empresas se autocontrolarán.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, celebró la medida en redes sociales y justificó el desguace con un argumento que revela la lógica del oficialismo: «El INTI ofrecía servicios a un precio muy bajo, lo cual quiere decir que era el contribuyente el que financiaba estos servicios. En otras palabras, el servicio era un subsidio a ciertas empresas financiados por todos nosotros». Para el funcionario, que el Estado garantice que los alimentos no estén contaminados o que los materiales de construcción no se derrumben es un subsidio indebido.
La resolución establece que los convenios y compromisos contractuales vigentes se cumplirán hasta su finalización, pero el cese definitivo de las funciones de control ya está decidido. A partir de ahora, la seguridad de lo que comen, beben y usan los argentinos quedará librada a la buena voluntad de quienes producen y comercializan esos bienes. El Estado se retira y el mercado, con sus propias reglas, ocupará su lugar. Los consumidores, mientras tanto, quedan desprotegidos.
