El expresidente argentino Mauricio Macri deberá declarar ante la justicia el 3 de noviembre como sospechoso de ser responsable del espionaje ilegal a familiares de las víctimas de un submarino siniestrado, luego de que fue relevado de la obligación de guardar confidencialidad sobre asuntos de inteligencia nacional.
El juez federal Martín Bava firmó el viernes la orden para que Macri, quien gobernó entre 2015 y 2019, se presente en su juzgado situado en la ciudad de Dolores -a unos 200 kilómetros de Buenos Aires- tras la fallida audiencia del jueves, de la que el exmandatario se retiró sin declarar porque no había sido librado de su deber de guardar silencio sobre temas de inteligencia.
La defensa del exgobernante atribuyó el error al juez, quien tras suspender la convocatoria solicitó al presidente Alberto Fernández esa dispensa para su antecesor en el poder, la cual fue publicada el viernes en el Boletín Oficial.
El juez considera a Macri sospechoso de haber ordenado el espionaje ilegal de los familiares de los 44 tripulantes que fallecieron en el hundimiento del submarino ARA San Juan hace casi cuatro años a partir de una denuncia presentada a fines de 2020 por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
El decreto presidencial que libra a Macri de guardar silencio sobre temas sensibles argumentó que se busca “posibilitar el pleno ejercicio del derecho de defensa del imputado, así como la adecuada y efectiva actuación de los órganos jurisdiccionales”.
De concretarse, será la primera indagatoria para Macri, referente del ala más dura de la oposición al gobierno de Fernández, luego de haber dejado la presidencia. En 2010, cuando era alcalde de Buenos Aires, estuvo procesado varios años en otra causa por supuesto espionaje ilegal, pero tras llegar a la presidencia un juez lo sobreseyó al considerar que no había pruebas, lo que fue ratificado en una segunda instancia judicial.
Esta es la cuarta convocatoria del juez Bava al exgobernante luego de que se frustrara la del jueves y otras dos anteriores.
Macri sostiene su inocencia y señala que el juez actúa bajo motivaciones políticas en medio de la campaña electoral para las legislativas del 14 de noviembre, en las que la coalición peronista que encabeza Fernández intentará revertir la derrota sufrida en las primarias abiertas de septiembre -en las que fueron elegidos los candidatos a diputados y senadores- frente al espacio político que tiene entre sus referentes al exgobernante.
En el marco de la causa, el juez ha procesado sin prisión preventiva a Gustavo Arribas y a Silvia Majdalani, extitular de la AFI y la segunda a cargo de esa institución durante el gobierno de Macri, respectivamente.
Según los abogados de los familiares de los tripulantes, los actos ilegales de espionaje están probados y el juez busca determinar si el exmandatario fue responsable de los mismos.
Los elementos contenidos en el expediente son informes y fotografías recolectados sin autorización judicial, hallados en la delegación de la AFI en Mar del Plata, una ciudad costera 400 kilómetros al sur de Buenos Aires donde también se encontraba la base del submarino.
Algunos de los seguimientos no autorizados fueron realizados a participantes de manifestaciones celebradas en dicha localidad, donde se volcaban los reclamos por la desaparición de la nave.
