López Segura y Dal Molín señalaron que el exdirector del organismo debe explicar qué sabía sobre las maniobras fraudulentas investigadas y cómo funcionaban los controles durante su gestión. También respaldaron que se analice la evolución patrimonial de los exfuncionarios mencionados en la denuncia.
El vocal del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Eduardo López Segura, y el senador provincial Rubén Dal Molín cuestionaron al exdirector de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Marcelo Casaretto, a partir de una nueva denuncia penal vinculada con presuntas compensaciones impositivas fraudulentas.
López Segura reclamó que la presentación sea investigada “hasta las últimas consecuencias” y sostuvo que la Justicia debe determinar qué conocimiento tuvieron las autoridades del organismo sobre las operaciones denunciadas.
La presentación fue realizada por María Estrella Martínez de Yankelevich, exjefa del Departamento Despacho de ATER, quien reconoció su participación en las maniobras mediante un juicio abreviado. La denuncia también alcanza a otros cinco exintegrantes de la conducción del organismo, vinculados con las áreas de Impuestos, Fiscalización Tributaria, Informática, Jurídica e Interior.
Según la denunciante, las operaciones investigadas incluían modificaciones de cuentas tributarias, circulación de expedientes y resoluciones y compensaciones de deudas, procedimientos que, de acuerdo con su declaración, no podían ser realizados únicamente por empleados administrativos y requerían intervención de niveles superiores.
“Es razonable que la Justicia determine quiénes podían realizar cada operación, qué autoridades debían controlarlas y qué sabía la conducción”, sostuvo López Segura.
El vocal del IAPV también destacó que la denuncia solicita analizar la evolución patrimonial de Casaretto, de los restantes directivos y de otras personas eventualmente vinculadas con las maniobras. En ese sentido, aclaró que el planteo no constituye una acusación de enriquecimiento ilícito, sino un pedido de producción de prueba dentro de una causa penal.
“Si todo su patrimonio tiene un origen legítimo y guarda relación con sus ingresos declarados, Casaretto debería ser el primer interesado en exhibir la documentación y terminar con cualquier sospecha”, afirmó.
La investigación judicial comprende maniobras realizadas entre 2004 y 2014, con un perjuicio estimado en aproximadamente 46 millones de pesos a valores nominales de aquellos años.
El planteo de Dal Molín
Por su parte, el senador provincial Rubén Dal Molín vinculó la situación con las recientes declaraciones de Casaretto, quien manifestó su intención de competir por la Gobernación de Entre Ríos.
“Está en todo su derecho de expresar una aspiración política, pero quien pretende administrar Entre Ríos también debe estar dispuesto a responder por las decisiones y los mecanismos de control que funcionaron durante el período en que estuvo al frente de ATER”, sostuvo.
Casaretto condujo ATER entre 2011 y 2015, período que comprende parte de los hechos investigados.
Dal Molín también se refirió a la denuncia presentada por el propio Casaretto en 2014, cuando puso en conocimiento de la Justicia las maniobras que posteriormente fueron investigadas.
Según el senador, ese antecedente deberá ser valorado judicialmente, pero no debería impedir que se analicen otras hipótesis planteadas en la nueva denuncia.
“La nueva presentación sostiene precisamente que aquella denuncia pudo haber sido utilizada para apartar las sospechas de la conducción. Corresponde que la Justicia determine si lo denunciado tiene sustento y, en ese caso, cuáles fueron las responsabilidades”, manifestó.
Finalmente, ambos dirigentes coincidieron en que debe determinarse cómo funcionaban los controles internos de ATER, qué nivel de intervención tenían sus autoridades y si existieron responsabilidades de funcionarios durante el período investigado.
Dal Molín resumió su planteo al señalar que, si Casaretto aspira a gobernar la provincia, “tiene que estar dispuesto también a explicar su gestión anterior y a que la Justicia determine si existieron fallas de control y responsabilidades en el funcionamiento de ATER”.
