El presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, defendió el proyecto de reforma previsional ante diputados y aseguró que la iniciativa permitirá un alivio financiero de unos $3.500 millones mensuales. No obstante, aclaró que ese monto equivale al costo que representa incorporar nuevas jubilaciones al sistema y sostuvo que el objetivo de la reforma es garantizar su sustentabilidad a futuro.
El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, comenzó a analizarse en comisiones de la Cámara de Diputados. Durante una extensa jornada de exposiciones, el titular de la Caja de Jubilaciones y Pensiones brindó un informe sobre la situación financiera del organismo y explicó los alcances de la iniciativa.
Bagnat afirmó que la reforma apunta a ordenar el gasto previsional en el largo plazo, al señalar que se trata de un sistema con costos rígidos que no pueden reducirse mediante ajustes. En ese sentido, sostuvo que la intención no es disminuir el déficit, sino garantizar que la provincia pueda seguir otorgando jubilaciones, y remarcó que trabajadores activos y jubilados «no son responsables de la situación actual», sino de un proceso de desgaste del sistema que no fue previsto.
Reclamo por fondos nacionales
Durante su exposición, el funcionario repasó la evolución de las transferencias que la ANSES realizó a Entre Ríos para financiar el déficit de la Caja provincial y cuestionó a las gestiones anteriores por la falta de reclamos formales para exigir los recursos adeudados.
Según explicó, cuando la actual administración inició el primer reclamo formal, en febrero de 2024, no existían antecedentes de auditorías ni documentación que respaldara pedidos previos ante el organismo nacional.
Además, recordó que el 1 de abril de 2024 la provincia presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar los fondos correspondientes a varios años de desfinanciamiento. También indicó que la primera auditoría presencial de la ANSES en Entre Ríos se realizó en julio de ese año, luego de siete años en los que la provincia recibió anticipos sin una verificación técnica que permitiera determinar el monto real de la deuda.
Durante la audiencia de conciliación convocada por la Corte, señaló que la Nación justificó la falta de transferencias definitivas en la ausencia de auditorías que establecieran con precisión el monto adeudado.
Debate en Diputados
En el intercambio con los legisladores, la oposición planteó dudas sobre la constitucionalidad de algunos artículos del proyecto, cuestionó las facultades delegadas al Poder Ejecutivo y expresó preocupación por el posible impacto que la reforma podría tener sobre las finanzas de los municipios.
