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miércoles, julio 24, 2024

Apuntes del escenario provincial: el segundo semestre de Rogelio Frigerio y la brújula del peronismo.

El Gobernador de Entre Ríos destrabó la media sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública y recibió el apoyo de intendentes peronistas para la reforma electoral. Pese a la asfixia financiera y una gestión ralentizada, el Mandatario apuesta a su relación con Milei y esquiva la interna del PRO. La caja de jubilaciones y la dispersión justicialista.

Mariano Osuna
Periodista

El comienzo de julio significa el inicio del segundo semestre del año, prometido e ilustrado por el discurso del Gobierno nacional como horizonte más fructífero del modelo económico de La Libertad Avanza y del programa de gestión del presidente Javier Milei. La especulación de los mandatarios provinciales aliados, incluido Rogelio Frigerio, siguió el ritmo de la hoja de ruta original de la oficina estelar de la Casa Rosada. Ese pergamino descontaba las aprobaciones de las leyes “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” y “Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes”, y la firma de diez ejes programáticos del Pacto de Mayo de Córdoba, durante la conmemoración de la Revolución de 1810. Ese camino, trazado por la brújula oficialista, representaba una referencia clave para la gobernabilidad y la musculatura política, con el objetivo de apaciguar los reclamos internacionales y nacionales en esa línea, y de fortalecer una imagen hacia los mercados y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Pese a las demoras, entre errores no forzados y posturas intransigentes del Gobierno nacional, ambas iniciativas se transformaron en leyes luego de la aprobación definitiva en la Cámara de Diputados de la Nación. Además, con auxilio de la Unión Cívica Radical (UCR), partidos provinciales y el bloque Unidad Federal, que integra Edgardo Kueider, el oficialismo logró con éxito el bloqueo al proyecto que establece una nueva fórmula de movilidad jubilatoria y que cuenta con media sanción de la Cámara Baja. Algo similar ocurrirá con los cinco dictámenes vinculados al presupuesto universitario y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que tenía una sesión prevista para este mes, aunque el oficialismo empuja su postergación para agosto.

El triunfo legislativo de La Libertad Avanza estuvo acompañado del relanzamiento del frustrado acuerdo de mayo, resignificado como Pacto del 9 de Julio, a 208 años de la declaración de la independencia realizada en el Congreso de Tucumán. Esa provincia, gobernada por el pragmático Osvaldo Jaldo, será el escenario central de la rúbrica de los diez puntos centrales del consenso extendido a ex presidentes, integrantes del Poder Judicial, empresarios y sindicatos. La inviolabilidad de la propiedad privada; el equilibrio fiscal innegociable; la reducción del gasto público, en torno al 25% del Producto Bruto Interno (PBI); una reforma tributaria que promueva el comercio; la rediscusión de la coparticipación federal; el compromiso de las provincias para la explotación de los recursos naturales del país; una reforma laboral que promueva el trabajo formal; la apertura irrestricta al comercio internacional; y una reforma previsional que dé sustentabilidad al sistema, emergen como los nueve principios que se mantienen del borrador de mayo. Solicitado por mandatarios de la extinta alianza de Juntos por el Cambio, especialmente los gobernadores radicales, la Casa Rosada añadió la premisa de una educación inicial, primaria y secundaria, con alfabetización plena y sin abandono escolar. El objetivo excluido de la primera versión fue la definición de una reforma política estructural, que incluya la implementación de la Boleta Única y la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que requiere otros tiempos y otros consentimientos. La convocatoria se encuentra formulada para las 00.00 horas, del próximo martes 9, en las instalaciones de la emblemática Casa Histórica y Museo Nacional de la Independencia, donde se esperan las ausencias confirmadas de Ricardo Quintela de La Rioja y de Axel Kicillof de Buenos Aires. En esa línea, la Casa Rosada también especula con las inasistencias de Gildo Insfrán de Formosa, Claudio Melella de Tierra del Fuego, Sergio Ziliotto de La Pampa y Gerardo Zamora de Santiago del Estero. La otra incógnita es la participación del ex presidente Mauricio Macri, que asumió nuevamente la presidencia de Propuesta Republicana (PRO) y mantiene una ruptura irremediable con su última candidata a la Casa Rosada, la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Segunda fase 

Apremiado por las presiones externas e internas para una nueva devaluación, la reducción progresiva de impuestos y la eliminación de las restricciones para la compra de divisas (cepo), la Casa Rosada anunció la segunda fase del programa libertario. Sin embargo, la conferencia de prensa del ministro de Economía, Luis Caputo, y del titular del Banco Central, Santiago Bausili, solo tuvo definiciones respecto a los pasivos remunerados de la principal entidad bancaria del país, que pasarán al Tesoro nacional.  «Queremos dar mayor certidumbre y mayor solidez para que de alguna manera deje de haber ansiedad sobre cuándo va a ser la salida del cepo cambiario», expresó el responsable de la cartera económica, en una semana compleja para las acciones argentinas, el riesgo país, el dólar libre (o ilegal) y la brecha del tipo de cambio.

Tras las dilaciones de su nombramiento, el presidente Javier Milei tomó juramento este viernes a Federico Sturzenegger como ministro de Desregulación y Transformación del Estado. El propósito estelar es la implementación de una reforma estructural de la administración pública, que articule la reducción del gasto, la simplificación del Estado, la transformación de la gestión, y la eliminación de los controles sobre la economía, la producción y las inversiones. El ideólogo del vigente Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y del megacanje de 2001, fue una pieza clave de la hoja de ruta del primer semestre libertario, aunque su incorporación formal al Ejecutivo implica un protagonismo mucho más visible. Su nuevo cargo comprende 27 atribuciones, con distintas funciones absorbidas de áreas del actual jefe de gabinete, Guillermo Francos, que además había concentrado sus responsabilidades originales del Ministerio del Interior. La principal duda es la relación cotidiana con Caputo, que tiene la lapicera crucial del gabinete nacional, con quien trabajó durante el mandato de Cambiemos y de Mauricio Macri en el sillón de Rivadavia. “Intentaremos tener la ley Hojarasca para la semana que viene”, expresó el flamante funcionario sobre el próximo paso parlamentario. “Refiere a un compendio de leyes que hemos encontrado y que han quedado obsoletas”, anticipó sobre el contenido.

El relato de un rebote en V de la economía y de las expectativas del segundo semestre, trastocaron con diversas situaciones de la arquitectura macro y de la administración doméstica. Allí están la escasez de dólares para el fortalecimiento del Banco Central, además de la demorada supresión de las trabas cambiarias y de la implementación de la competencia de monedas; la decisión de los sectores exportadoras de una liquidación de la cosecha en cuotas; la merma de la recaudación y la profundización de la recesión, que se ejemplifica en el retroceso interanual del 14,8% de la producción industrial y del 32,6% de la construcción, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), y del consumo de carne más bajo de los últimos cien años (45 kilos per cápita), según la Bolsa de Comercio de Rosario; y la negativa del FMI y de otros organismos o bancos internacionales a financiamientos extras para el despegue de la segunda etapa del plan de gobierno, ratificada en la tibia reacción de los mercados a la sanción de la Ley Bases y del paquete fiscal, y a los posteriores anuncios de Caputo. También se encuentran las dudas respecto al piso inflacionario, ante la amenaza que las cifras de junio y julio superen los números de mayo, con el agregado de ciertos aumentos de tarifas que fueron postergados para el sostenimiento de la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC); la paralización total de obras públicas y de una agenda de gestión, profundizada por el nombramiento de Sturzenegger y por la firma de convenios con las provincias, incluida Entre Ríos, para que se hagan cargo de las obras abandonadas, que tenían financiamiento nacional; las dificultades, pese al ajuste fiscal, para el mantenimiento de la bandera del superávit; y el agravamiento del desgaste de los ingresos de amplias franjas ciudadanas, que pone en jaque el humor social y los niveles de conflictividad.

El equilibrista

Entre Ríos recibió un 25% menos de coparticipación en el mes de junio. El dato se complementa con la supresión general de las partidas presupuestarias destinadas para diferentes obras públicas, desde la ruta 18 a la realización de viviendas; el transporte de pasajeros; las infraestructuras de hospitales y escuelas; y los salarios docentes; y la reducción casi total de los recursos para la caja provincial de jubilaciones. Iniciado el segundo semestre, la paralización de la gestión nacional y la asfixia financiera de la Casa Rosada, ponen en alerta a las administraciones provinciales, inclusive las que son conducidas por actores aliados, como Frigerio en Entre Ríos, que también esperan los beneficios del segundo semestre, después del Pacto de Julio en Tucumán.

Como expresó Punto y Seguido, la columna política de los domingos en LA CALLE, el Mandatario de la Región Centro reclamó a Francos la celeridad en algunas respuestas claves para una dinámica distinta de la gestión de Casa Gris. Por ahora la única novedad refiere a la cesión de un puñado de obras licitadas o en ejecución y a la habilitación para la búsqueda de financiamientos externos para la continuidad de esas inversiones, que incluyen rutas, viviendas, accesos de localidades y obras sanitarias. La fotografía con Caputo, un día antes de la sanción definitiva de la Ley Bases y del paquete fiscal, es parte de la necesidad provincial de un interlocutor económico, más allá de las reuniones con el actual Jefe de Gabinete, que encabeza el ala más política del Ejecutivo de La Libertad Avanza. Sin embargo, Frigerio encabeza la lista de mandatarios de Juntos por el Cambio más alineados con la Casa Rosada y ratifica el apoyo con la hoja de ruta de Milei. “Estos 10 puntos (del Pacto de Julio) nos van a permitir avanzar en las reformas básicas y fundamentales que necesitamos para ordenarnos de una vez por todas”, afirmó el Gobernador. “Tenemos la oportunidad histórica y la responsabilidad de consolidar una agenda de crecimiento, desarrollo tecnológico, inversión y empleo en el sector privado”, destacó.

La asfixia financiera nacional repercute en la gestión provincial, que todavía posee un ritmo discreto dentro de la agenda gubernamental. Las dificultades iniciales sobre el conocimiento y los alcances de la administración del Estado; la compleja situación económica nacional; las peculiaridades de una transición de gobierno con cambio de signo político en el sillón de Urquiza; y la merma de fondos nacionales en coparticipación y partidas discrecionales, agudizaron el escenario heredado el 10 de diciembre pasado. A diferencia del tablero legislativo nacional, Frigerio tuvo el acompañamiento unánime del peronismo para las distintas leyes de emergencia educativa, alimentaria, de infraestructura vial y de obras públicas, que facilita la discrecionalidad del uso de recursos y agiliza los procesos de la administración. Tampoco tiene voces rigurosas de la oposición, salvo algunas críticas del ex director general de Aduanas, Guillermo Michel, y en menor medida de algún presidente municipal, como Gustavo Bastián de San José.

Como detalló Punto y Seguido en la columna del domingo pasado, la situación financiera facilitó una decisión del Mandatario de Entre Ríos respecto a un tema sensible e histórico en la política entrerriana: el déficit de la caja de jubilaciones. El Decreto Nº 1.576, que no lleva la firma del ex Ministro del Interior sino de la vicegobernadora Alicia Aluani, fijó el aumento del 3% de los aportes previsionales de estatales y docentes, como también de jubilados provinciales incluidos en el régimen ordinario especial. La medida oficial, dispuesta como uno de los antídotos frente a los números rojos de la caja provincial de jubilaciones, se despliega en un contexto agravado por el desfinanciamiento nacional.

Después de cierta tolerancia de los sindicatos entrerrianos, el frente gremial efectuó un paro provincial contra la determinación oficial de incremento de los aportes de trabajadores y jubilados al sistema previsional. La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) impulsaron la medida de fuerza, que además arrojó exigencias por la reapertura de la paritaria provincial y por la nueva ola de despidos de la administración nacional. “La Caja no se toca y  la Ley 8732 no se negocia”, reclamaron en un documento enviado a LA CALLE. “Decimos basta a los recortes, a los despidos, a la desinversión y al vaciamiento del Estado”, advirtieron. “Por nuestros salarios y todos los recortes que venimos padeciendo, nos encontramos, en unidad, en lucha y en las calles”, agregaron. El tablero de los trabajadores de la educación tiene un capítulo extra en el gremio que nuclea a los docentes de escuelas privadas, ya que diferentes instituciones incumplieron con el pago de los salarios de 50 docentes. Una medida que al cierre de esta columna no fue reparada y espera un nuevo capítulo de denuncia.

En contraposición con la definición de austeridad, el Ejecutivo provincial designó al ex viceintendente de Concordia, Alfredo Francolini, como director de la Caja de Jubilaciones. El nombramiento, efectivizado este viernes por el ministro de gobierno, Manuel Troncoso, y el presidente del organismo previsional, Gustavo Bagnat, se llevó adelante en un escenario de ajuste de 44 puestos de trabajo de la carrera administrativa y de puesta en marcha de dos cargos políticos vacantes. El ex titular del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad del citrus, y compañero de fórmula de la segunda intendencia de Enrique Cresto, mantuvo una postura distante con el peronismo luego de la interna mortal de las PASO, donde quedó tercero, detrás del ex senador Armando Gay y el ex diputado Ángel Giano. Incluso, cuando tomó las riendas de la Municipalidad ante la nominación del ex integrante de la Lista 100 para la conducción del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), la relación se volvió insostenible entre ellos. La llegada de Francolini al gabinete de Juntos por Entre Ríos ratifica la necesidad de la Casa Gris de incorporación de cuadros técnicos y referentes políticos del peronismo para distintos lugares claves del Ejecutivo entrerriano.

Sin recursos, la apuesta es simbólica

La semana política de la Casa Gris estuvo atravesada por la media sanción del Régimen Legal de Acceso a la Información Pública en la novena sesión del año de la Cámara de Diputados de la provincia. La propuesta parlamentaria, que promociona el derecho a la información pública y veraz de los tres poderes del Estado, los municipios, las comunes y las universidades, fue apoyada por la bancada justicialista. Además, la norma es parte del menú de iniciativas vinculadas a la transparencia y el robustecimiento institucional, como las leyes de Transición de Gobierno y de Ética Pública, con un guiño hacia el electorado que apoyó a Frigerio en las urnas en las elecciones generales de octubre pasado.

En simultáneo, el Gobernador encabezó una nueva reunión de gabinete conjunto con el presidente municipal de Chajarí, Marcelo Borghesan, que contó con la presencia del diputado nacional Pedro Galimberti. El encuentro siguió el itinerario común de otros cónclaves con administraciones locales, con un diagnóstico de las urgencias y de las necesidades estructurales de la localidad, seguido por un resumen del primer semestre de la gestión en Casa Gris y un diagnóstico del hostil ahogo financiero de Nación. Allí dejó un mensaje sobre la situación de las rutas, que agudizó su centralidad por los reiterados accidentes automovilísticos y las demandas sobre el abandono de su mantenimiento y la paralización de obras en ejecución. A tono con el plan de Milei de tercerización de determinadas funciones del Estado, dejó abierta la puerta a la implementación de corredores viales y la participación de privados en el cobro de peajes. Allí también recibió el reclamo de los productores citrícolas, afectados por la recesión económica, la caída del consumo y la falta de competitividad del mercado, que dejaron una imagen lúgubre en estos tiempos, tirando más de 10 mil kilos de mandarinas al basural de Villa del Rosario.

En continuidad con su agenda más simbólica e institucional, el Gobernador y el presidente de la Cámara Baja, Gustavo Hein, recibieron al titular de Diputados de Corrientes, Pedro Cassani, donde abordaron necesidades comunes sobre las reformas electorales de ambas provincias. Previamente, el ex Intendente de Basavilbaso firmó un convenio con el Tribunal Electoral para el desarrollo de actividades de cooperación, capacitación y asistencia técnica. En paralelo, la Casa Gris prosiguió con su agenda de reuniones con diferentes partidos y frentes políticos, que ya tuvo citas con diputados y senadores de los bloques opositores, el Foro de Intendentes de Juntos por Entre Ríos y las autoridades de la Unión Cívica Radical (UCR), el Frente Entrerriano Federal (FEF), el Partido Socialista (PS) y el Movimiento Social Entrerriano (MSE). La última convocatoria fue con la Liga de Intendentes Justicialistas, encabezada por Frigerio y Aluani, junto a Rosario Romero de Paraná, José Lauritto de Concepción del Uruguay, Adrián Fuertes de Villaguay, Gustavo Bastián de San José, Damián Arévalo de Feliciano, Ricardo Bravo de Federación y Daniel Rossi de Santa Elena.

La actual titular de la Liga de caudillos justicialistas fue parte de la redacción y las negociaciones gubernamentales de un proyecto trunco de reforma electoral e implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), como ministra de la segunda gestión de Gustavo Bordet en el sillón de Urquiza. Ambos dirigentes fueron los primeros actores del peronismo que respaldaron la convocatoria del actual Mandatario, en un contexto de críticas incipientes por las prioridades del Ejecutivo de la provincia. “No puedo más que coincidir con la propuesta”, resaltó Romero después de la reunión. “Tenemos que afianzar más nuestras instituciones democráticas”, añadió. Como desarrollamos en ediciones anteriores de Punto y Seguido, respecto a los matices en los posicionamientos de los intendentes frente a Frigerio, los dirigentes Fuertes y Lauritto confirmaron su posicionamiento a favor del proyecto oficial. “Es una convocatoria amplia, democrática, participativa y, fundamentalmente, oportuna”, expresó el presidente municipal de Villaguay. “La reforma tiene que salir”, avisó.

 Brújulas

Sin debates significativos en el PJ, post derrota de los comicios generales del año pasado, la reforma electoral del oficialismo emergió como un eje sobrevalorado por una agenda opositora que evita otras discusiones, como la autocrítica electoral y de gestión, el proceso de reconstrucción y participación interna, las posturas frente a la Casa Gris y la confección de un programa alternativo de gobierno. El posicionamiento del presidente del consejo provincial del PJ, José Cáceres, contra la reforma electoral asomó como contrapunto con Bordet y Romero, aunque su designación como dirigente de unidad del partido desmiente la asincronía. Fue la misma sensación de simulación expuesta durante el debate de la Ley Bases y del paquete fiscal, y la decisión del senador Edgardo Kueider, hombre de confianza durante las gestiones del concordiense en la Municipalidad y en la administración provincial, de apoyar los proyectos de La Libertad Avanza, que tuvieron réplicas de su jefe político.

Como sucedió con el debate de la reforma política, el caso Kueider se viralizó y abrió nuevos matices públicos en el letargo post elecciones del justicialismo entrerriano. Los pedidos de desafiliación al ex Secretario de la Gobernación, impulsados por los consejos departamentales del PJ de Concordia, Gualeguaychú y Paraná, que serán analizados por el Tribunal de Disciplina, no tuvieron ecos en el tridente Fuertes, Lauritto y Romero, como tampoco en el ex titular de Aduanas, Guillermo Michel. Un nuevo capítulo fue expuesto por Cresto, que fustigó a su antecesor en la administración municipal por las críticas al Senador de Unidad Federal y recordó cuando le pidió a Juan Bahillo y Mayda Cresto que acompañen la sanción de la reforma previsional de Macri. “Uno lo escucha al ex Gobernador que sale a criticar la postura de Kueider, pero él fue el que mandó a votar a los legisladores nacionales, entre esos a mi hermana, en contra de los jubilados, a favor del endeudamiento, y de un montón de otras leyes a cambio de nada”, cuestionó.

La designación de Francolini en el gabinete provincial, que no es comparable con el accionar del Senador nacional, expone la realidad de diversos afiliados que son funcionarios de un Ejecutivo provincial que ejerce incondicionalidad con la hoja de ruta libertaria. Un dato extra de la confusión general fue aportada por la presencia de Cresto en el acto institucional de puesta en funciones de su ex viceintendente en la nueva dirección de la Caja de Jubilaciones. El actual Diputado provincial viene dando gestos dispares luego de la abultada derrota en los comicios de 2021 y la carencia de condiciones objetivas para una disputa interna con Adán Bahl por la postulación final a la gobernación. Con diálogo fluido desde otras épocas, marcó una fotografía distintiva en tiempos de antagonismos irreconciliables, con su sucesor en la ciudad del citrus, el dirigente radical Francisco Azcué. “Si queremos a Concordia, hay que construir políticas de estado, más allá de las personas y los partidos”, expresó el dirigente peronista. “Un gran acuerdo político y social”, devolvió el ex Fiscal.

Los debates alrededor de la reforma electoral y de la expulsión de Kueider demuestran la necesidad de discusiones postergadas después del 10 de diciembre del año pasado. Los encuentros generados en Gualeguaychú y San José, donde se mezclaron generaciones, realidades locales e intereses diversos, también fueron una radiografía de las aspiraciones de nombres para la reformulación del peronismo, con el horizonte puesto en las urgencias y el papel opositor, pero además en los comicios de medio término de 2025. Allí, el peronismo renueva las bancas de Carolina Gaillard, que mantiene buen diálogo con las diversas ramificaciones del peronismo provincial y nacional, y Tomás Ledesma, que reporta a La Cámpora. Aunque no es comparable con el arrastre de una contienda de cargos ejecutivos, el posible tablero de tercios pone en un desafío significativo al frente justicialista. Michel asoma como una apuesta, que se evidencia en cada exposición crítica respecto a las gestiones de Milei y Frigerio, aunque el grupo San José tiene sus propios planes de renovación y los caudillos históricos ponen el ojo en la generación de condiciones para el 2027.

Como se afirmó la semana pasada, el segundo semestre está en marcha.

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