El presidente renunciante de Paraguay, Santiago Peña, aseguró que se presentará para ejercer su derecho a la defensa ante la continuidad del juicio político en su contra, luego del escándalo generado por el cierre del Ueno Bank, que dejó a miles de ahorristas sin posibilidad de retirar sus depósitos.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X y de una carta dirigida a la ciudadanía, el mandatario manifestó que colaborará con las instituciones competentes para esclarecer lo sucedido, determinar responsabilidades y garantizar que quienes hayan cometido irregularidades respondan ante la Justicia.
«La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley», expresó Peña, quien afirmó que afrontará el proceso con argumentos y pruebas, respetando la Constitución y las instituciones paraguayas.
En su pronunciamiento, reconoció que el país atraviesa momentos de preocupación e incertidumbre y sostuvo que su situación personal no debe anteponerse a los intereses nacionales. «Mi suerte personal no está por encima del Paraguay. Cualquiera sea el resultado de este proceso, actuaré con responsabilidad y respeto a la Constitución», señaló.
Asimismo, hizo especial hincapié en la situación de los ahorristas afectados por el cierre de la entidad financiera y reclamó que la devolución de los depósitos no quede supeditada al desenlace del proceso político.
«El pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo. La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas», remarcó.
Peña indicó que su prioridad fue promover, dentro del marco legal y en coordinación con los organismos responsables, las medidas necesarias para que los damnificados puedan recuperar sus ahorros. En ese sentido, consideró que el esclarecimiento de los hechos y la resolución de los pagos deben avanzar simultáneamente.
Finalmente, el mandatario pidió preservar la tranquilidad y la paz social, al tiempo que sostuvo que los reclamos de la población deben recibir respuestas mediante información transparente y acciones concretas.
