El exdiputado es investigado por una transferencia de 200.000 dólares que habría recibido en 2020 de Federico “Fred” Machado, empresario vinculado a una causa por narcotráfico. La Justicia también procesó a su contador, dispuso embargos millonarios y prohibió a ambos salir del país.
La Justicia Federal de San Isidro procesó a José Luis Espert en la causa que investiga un presunto caso de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La resolución fue firmada por el juez federal Lino Mirabelli, quien además ordenó un embargo de 1.000 millones de pesos sobre los bienes del exdiputado y le impuso la prohibición de salir del país.
La investigación se centra en una transferencia de 200.000 dólares que Espert habría recibido en 2020 y que está vinculada a Federico “Fred” Machado, un empresario detenido en Estados Unidos e investigado por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de activos.
En la misma resolución, el magistrado procesó al contador del exlegislador, Mariano Alejandro Cosentino, como presunto partícipe necesario del delito de lavado de dinero. Para él, dispuso un embargo de 700 millones de pesos.
El descargo de Espert
En agosto, Espert había presentado ante la Justicia un escrito de 141 páginas en el que solicitó su sobreseimiento. En esa presentación sostuvo que el dinero cuestionado correspondía al pago por un contrato de asesoramiento para una empresa, que —según afirmó— fue firmado ante escribano y apostillado por el Estado argentino.
La Fiscalía, en cambio, sospecha que ese acuerdo pudo haber sido una maniobra simulada para encubrir el origen de los fondos.
En una publicación realizada en su cuenta de X el 19 de agosto, el exdiputado defendió la legalidad de la operación y sostuvo que la transferencia llegó a una cuenta a su nombre, con sus datos identificatorios y mediante una única operación bancaria.
La Justicia rechazó sus planteos
El procesamiento se conoció pocos días después de que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazara dos planteos de Espert destinados a frenar el avance de la investigación.
Uno de ellos buscaba anular las medidas de prueba solicitadas por el fiscal Rodolfo Domínguez. El otro apuntaba a apartar al funcionario judicial, bajo el argumento de una supuesta pérdida de objetividad y de un interés ajeno al proceso.
Con la nueva resolución, la causa avanza hacia una instancia clave, mientras la Justicia continúa investigando el origen de los fondos y las circunstancias en las que se concretó la transferencia cuestionada.
