La Cámara de Diputados de Entre Ríos retomará este martes 20, desde las 12, el tratamiento en comisión del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para modificar el Código Procesal Laboral de la provincia. En esta oportunidad, participarán representantes del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser), de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y del Centro Comercial e Industrial de Paraná (CCIP).
La reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Trabajo se desarrollará en el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura. Fueron convocados Miriam Clérici, del Iapser; Carolina Díaz, jefa de asesores de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; Ignacio Subizar, gerente de Administración de las Comisiones Médicas; y Mauricio Benitende, presidente del CCIP.
El encuentro forma parte de la ronda de consultas que lleva adelante la Legislatura para analizar la iniciativa del Gobierno provincial, que propone modificar artículos del Código Procesal Laboral, establecido por la Ley Provincial Nº 5.315 y sus modificatorias.
Según los fundamentos expuestos por el oficialismo, la propuesta busca fortalecer las garantías del debido proceso y adecuar el sistema de pericias médicas a la normativa nacional en los litigios vinculados con los riesgos del trabajo.
Los principales cambios propuestos
Uno de los puntos centrales del proyecto es la eliminación de la obligación de depositar el capital de condena o garantizarlo mediante bienes para que el empleador pueda acceder al recurso de apelación.
De acuerdo con los argumentos presentados por el Ejecutivo, la admisión de la revisión judicial quedaría sujeta al cumplimiento de requisitos procesales objetivos, sin que las condiciones patrimoniales constituyan una barrera para acceder a una instancia superior.
La iniciativa también contempla la creación de tres cargos para conformar un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos dentro del Poder Judicial. Según lo establecido en el proyecto, sus integrantes serían seleccionados mediante un concurso público de oposición y antecedentes, y percibirían una remuneración fija.
El nuevo esquema apunta, según los fundamentos oficiales, a garantizar la independencia profesional, establecer la aplicación obligatoria de la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales y aportar mayor rigurosidad técnica a los dictámenes médicos. Además, se propone eximir al Estado provincial y a sus organismos del pago de la Tasa por Actuaciones Judiciales.
Antecedentes de la discusión en comisión
El análisis legislativo comenzó el miércoles 14 de octubre, cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento recibió a representantes de instituciones profesionales y del Poder Ejecutivo.
En aquella oportunidad participaron el presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER), Santiago Esquivel; el director del Instituto de Derecho del Trabajo de esa entidad, José Ruiz; y representantes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (Cpceer): Edgardo Oneto, José María González y Mariela Gras.
También estuvo presente la subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la Cámara, María Alejandra Viola. Por parte del Ejecutivo, asistieron Matías Plugoboy, coordinador de Asuntos Legales Estratégicos de la Secretaría General de la Gobernación, y Jorge Yuri, coordinador Legal y Administrativo del mismo organismo.
La presencia del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, estaba prevista, pero finalmente no pudo concretarse por cuestiones de agenda, según se informó desde el Gobierno provincial.
Con la nueva convocatoria, el debate continuará con la incorporación de otras perspectivas institucionales y sectoriales sobre una reforma que modifica aspectos centrales del procedimiento judicial laboral en Entre Ríos.
