Arquitecto – Docente
Imaginemos Buenos Aires hace 216 años; todavía con los ecos del 25 de mayo. La Primera Junta gobernando entre la urgencia militar y el vértigo institucional, y en medio de ese tumulto, un secretario de veintinueve años que se pone a escribir que hay que fundar una biblioteca. No una academia militar, no una fábrica de armas, no un cuartel: una biblioteca. El 13 de septiembre de 1810 la Gazeta de Buenos Ayres publicó un artículo titulado «Educación», anunciando la decisión de la Junta de crear la Biblioteca Pública de Buenos Aires. La misma pluma que había redactado la Representación de los Hacendados en defensa del libre comercio, la misma que suprimiría los honores monárquicos de sus propios compañeros de gobierno, entendía que ninguna soberanía se sostiene con ciudadanos iletrados. Era la pluma de Mariano Moreno.
Hubo suscripción patriótica para reunir los primeros volúmenes, y recién el 16 de marzo de 1812 abrió sus puertas, en la Manzana de las Luces, en la esquina de las actuales calles Moreno y Perú. Moreno no llegó a verla: había muerto en alta mar un año antes, camino a Londres, en circunstancias que la historiografía todavía discute con ese gusto argentino por las tragedias sin resolver. Pero la institución que él imaginó siguió creciendo —más de diecisiete mil volúmenes hacia 1823— hasta que, en 1884, bajo la dirección de Manuel Ricardo Trelles y con la designación de un director nacional, adoptó el nombre que hoy lleva: Biblioteca Nacional. Casi un siglo después, otro escritor ciego, Jorge Luis Borges, la dirigiría también.
Conviene detenerse en el gesto, porque no fue ingenuo ni meramente ornamental. La Junta de Mayo entendía que la revolución política sin revolución cultural y social es apenas un cambio de guardia. Se puede voltear un virrey con un cabildo abierto; no se puede fundar una república sin ciudadanos capaces de deliberar, y no hay deliberación posible sin lectura. Aquella fórmula que después la tradición sarmientina resumiría en una consigna feliz —educar al soberano— ya latía en el decreto de Moreno, treinta años antes de que Sarmiento naciera a la política. Porque en una monarquía el súbdito obedece; en una república el ciudadano gobierna, y quien gobierna sin instrucción gobierna mal, o es gobernado por quien sabe más que él. La biblioteca pública no es, entonces, un lujo civilizatorio que se permiten las sociedades ricas: es una pieza constitutiva del republicanismo, tan indispensable como la división de poderes o el voto.
Doscientos dieciséis años después, esa intuición fundacional exige ser releída, porque el mundo en que circula la información ya no se parece en nada al de 1810. Entonces el problema era la escasez: pocos libros, pocos lectores, un océano de por medio entre Buenos Aires y las imprentas europeas. Hoy el problema es el inverso —la sobreabundancia—, y paradójicamente no menos peligroso. Internet puso al alcance de cualquiera con un teléfono más texto del que Moreno hubiera podido leer en diez vidas, y la inteligencia artificial puede producir en segundos argumentos, resúmenes, verdades a medias y falsedades bien construidas, todo con el mismo tono de autoridad. La pregunta que la Junta se hizo en 1810 —¿cómo educamos al soberano? — sigue siendo la pregunta central de cualquier república, solo que ahora el enemigo no es la ignorancia por ausencia de textos, sino la ignorancia por saturación de ellos: la incapacidad de distinguir la fuente confiable del ruido, el dato verificado de la alucinación algorítmica, el argumento razonado de la falacia engañosa.
Y ahí es donde la biblioteca, lejos de volverse obsoleta, recupera un sentido casi originario. Porque su función nunca fue solamente atesorar libros, sino jerarquizar, garantizar procedencia y, sobre todo, formar el criterio para leer bien. La biblioteca del siglo XXI es menos un depósito que un espacio de alfabetización crítica: el lugar donde alguien —un bibliotecario, una bibliotecaria, esa profesión que seguimos subestimando— nos ayuda a distinguir la fuente primaria de la reproducida sin verificar, el trabajo revisado por pares del posteo viralizado. En una época en que cualquiera puede generar contenido plausible sobre cualquier cosa, la mediación humana calificada —la que orienta, contextualiza y enseña a dudar metódicamente— vale más que nunca. Moreno quería que el soberano supiera leer; nosotros necesitamos, además, que sepa leer con sospechas, con dudas, con pensamiento crítico, con vocación de autonomía y capacidad de discernir.
Ese trabajo, en la Argentina, lo sostienen desde hace más de un siglo las bibliotecas populares, esa institución genuinamente nuestra que Domingo Faustino Sarmiento impulsó a partir de la Biblioteca Franklin de San Juan, fundada en 1866, y que hoy suma más de dos mil entidades a lo largo del país, sostenidas mayormente por el voluntariado ciudadano. No son sucursales de la Biblioteca Nacional ni dependencias estatales strictu sensu: son asociaciones civiles, muchas veces el único espacio cultural de pueblos que no tienen otro. Cumplen, casi sin proponérselo, exactamente la función que Moreno imaginó para su Biblioteca Pública: socializar el conocimiento, poner a disposición del vecino cualquiera lo que de otro modo sería patrimonio de pocos. Que semejante entramado dependa, en buena medida, de una comisión nacional —la Conabip— cuya autonomía y presupuesto fueron recortados por decreto en 2025, debilitando su capacidad de sostener bibliomóviles, subsidios y programas de fomento lector, es una de esas paradojas que la historia argentina repite con obstinación: cada vez que el Estado retrocede de su función de «educar al soberano», son las instituciones de la sociedad civil las que quedan sosteniendo, con menos recursos, un mandato que nació hace dos siglos como política pública deliberada y no como caridad cultural.
Recordemos las palabras de Alejo Peyret pronunciadas en el Teatro 1º de mayo en ocasión de una fiesta dada a beneficio de la Biblioteca Popular “El Porvenir”: “… nosotros no pactamos con la intolerancia ni con el exclusivismo, porque para nosotros, todos son llamados y todos son elegidos en el banquete de la fraternidad universal. Republicanos, no podemos consentir en que haya una aristocracia intelectual, una casta de letrados y de doctores que se arroguen el monopolio de las luces, y que a fuer de tal, usurpe el gobierno y la administración, por no decir la explotación de los pueblos… Queremos, en una palabra, la educación integral, es decir el completo desarrollo de todas las facultades humanas en cada individuo para conseguir la constitución perfecta de la sociedad democrática, borrando para siempre los vestigios de la aristocracia, de feudalismo…”.
No hace falta ser nostálgico del libro de papel —yo mismo escribo en un blog y uso la inteligencia artificial a diario— ni tampoco tecnófobo para advertir que ninguna herramienta, por sofisticada que sea, resuelve el problema republicano de fondo: quién garantiza que el ciudadano tenga las herramientas para pensar por sí mismo. Las bibliotecas, en particular las bibliotecas populares, siguen siendo uno de los dispositivos más igualitarios que conocemos para eso. En tiempos en que el conocimiento se ha vuelto simultáneamente inmenso y sospechoso, defenderlas —financiarlas, dignificar a quienes trabajan en ellas, ayudarlas a que se actualicen y modernicen sin pedirles que se disculpen por seguir existiendo— es la forma contemporánea de aquel gesto que un secretario de la Primera Junta tuvo, en medio de la guerra, la lucidez de firmar.
¡Feliz día bibliotecarios!
