El Gobierno provincial informó que en los últimos dos años se ordenó la ocupación del 65% de las tierras fiscales, principalmente ubicadas en la zona del Delta. La medida busca formalizar los usos, generar recursos y avanzar hacia una administración más transparente del patrimonio público.
El Gobierno de Entre Ríos avanza con un proceso de regularización de las tierras fiscales de la provincia. Según informó el Ejecutivo, durante los últimos dos años se logró ordenar la ocupación de unas 124.000 hectáreas, equivalentes al 65% de la superficie total de tierras fiscales.
La iniciativa fue impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio y contempla la formalización de los usos mediante permisos onerosos de ocupación del suelo. De esta manera, el Estado provincial busca recuperar el control sobre terrenos que durante años estuvieron ocupados de manera irregular o clandestina y, al mismo tiempo, generar ingresos para las arcas públicas.
La mayor parte de estas tierras se encuentra en la zona del Delta entrerriano, especialmente en los departamentos Gualeguay y Victoria. De acuerdo con el Gobierno, al inicio de la actual gestión prácticamente la totalidad de estos inmuebles presentaba algún grado de ocupación irregular y no existía un sistema efectivo de control ni un aprovechamiento económico acorde con su carácter de patrimonio público.
El proceso fue reforzado con la creación de la Agencia Administradora de Bienes de la Provincia de Entre Ríos (Aabiper), organismo que tendrá entre sus objetivos avanzar hacia la regularización de la totalidad de las tierras fiscales y establecer mecanismos de administración que permitan generar valor para la provincia.
Desde la Secretaría General de la Gobernación se coordinan las acciones vinculadas con el programa. En ese marco, Mauricio Colello destacó que la recuperación de las tierras implica volver a poner bajo control del Estado un patrimonio que pertenece al conjunto de los entrerrianos.
Por su parte, el titular de la Aabiper, Eduardo Asueta, anticipó que se realizará un relevamiento e inventario de los aproximadamente 200 lotes de propiedad provincial, con información sobre sus características productivas y su valor locativo.
Según explicó, actualmente la falta de datos específicos obliga a establecer los valores de los permisos de uso a partir de criterios generales, que en algunos casos no reflejan las características reales de cada inmueble. El objetivo del relevamiento será contar con información precisa para mejorar la administración y evitar un desaprovechamiento del patrimonio fiscal.
Asueta también señaló que se trabaja en un sistema público y transparente para la administración de los inmuebles provinciales. La intención es que los ciudadanos puedan conocer el destino de cada propiedad y que los interesados tengan igualdad de condiciones para participar en los procesos de contratación de los permisos de uso oneroso.
Desde el Gobierno provincial remarcaron que la regularización constituye un paso hacia un mayor control del patrimonio estatal y una gestión orientada a preservar y aprovechar de manera eficiente los bienes públicos.
