La presentación fue realizada por la organización Reset Republicano, que acusó al Presidente de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y discriminación por sus declaraciones contra la oposición y el periodismo.
El presidente Javier Milei fue denunciado penalmente por el discurso que brindó ante alumnos de 4° y 5° año del colegio ORT, donde volvió a cuestionar con dureza a dirigentes de la oposición y a distintos sectores de la prensa.
La denuncia fue presentada por la organización Reset Republicano y quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12 de los tribunales de Comodoro Py. La entidad atribuyó al mandatario los presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y discriminación.
Según sostiene la presentación judicial, Milei habría utilizado una actividad institucional en una escuela para realizar manifestaciones de contenido político y confrontar con sus opositores y con el periodismo frente a un auditorio integrado por adolescentes.
Los denunciantes cuestionaron que el jefe de Estado haya incorporado expresiones de carácter partidario durante su exposición y consideraron que sus dichos se apartaron de los deberes que corresponden a su función. También señalaron que el Presidente habría utilizado su posición institucional para transmitir a los estudiantes conceptos que, a criterio de la organización, resultan contrarios al pluralismo político y a la convivencia democrática.
Uno de los principales puntos señalados en la denuncia está relacionado con las expresiones de Milei contra la prensa. Durante su exposición, el mandatario volvió a criticar al periodismo y alentó a los estudiantes a abuchearlo. “Si quieren hacerlo más fuerte se los voy a festejar”, manifestó ante el auditorio.
Para Reset Republicano, esas expresiones adquieren una particular relevancia debido al peso institucional de la figura presidencial. En ese sentido, sostuvieron que la utilización de canales oficiales y de un ámbito educativo para promover expresiones de rechazo hacia determinados sectores podría exceder los límites de la libertad de expresión y configurar una conducta alcanzada por la legislación antidiscriminatoria.
La presentación deberá ahora ser analizada por la Justicia, que tendrá a su cargo determinar si existen elementos que permitan avanzar con la investigación de los hechos denunciados.
