Gremios docentes y jubilados rechazaron la reforma previsional y advirtieron sobre la pérdida de derechos
Con fuertes cuestionamientos al proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo provincial, representantes de AGMER, AMET y de la Federación de Jubilados de Entre Ríos participaron este miércoles de la primera reunión conjunta de las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas y de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, comenzó a ser analizada por los legisladores, quienes convocaron a distintos sectores involucrados para exponer su posición respecto de los cambios propuestos en el sistema previsional.
En representación de AMET, el secretario de Relaciones Gremiales, Roberto Aguirre, agradeció la invitación, aunque pidió que las exposiciones de los gremios sean realmente consideradas durante el tratamiento del proyecto. «No queremos ser meros espectadores», expresó.
El dirigente sostuvo que antes de avanzar con una reforma debería realizarse una auditoría sobre el funcionamiento de la Caja de Jubilaciones y reclamó información contable que justifique las modificaciones planteadas. En ese sentido, cuestionó que el Ejecutivo haga referencia al déficit del organismo sin presentar estudios específicos y recordó declaraciones del gobernador Rogelio Frigerio, quien había señalado que el aporte extraordinario aplicado durante 2024 permitió reducir a la mitad el déficit. «Si eso fue así, este año la situación debería ser distinta y seguimos con el mismo pasivo», afirmó.
Aguirre también cuestionó el impacto que tendría la reforma sobre los trabajadores de la educación. Señaló que, si bien no modifica la edad jubilatoria, el proyecto incrementa el esfuerzo contributivo y reduce las perspectivas del haber previsional, lo que, según consideró, desalentará la permanencia en las aulas y generará un aumento de docentes solicitando tareas administrativas debido al desgaste físico y psicológico propio de la profesión.
Otro de los puntos criticados fue la continuidad de sumas no remunerativas acordadas en paritarias, ya que esos conceptos no generan aportes al sistema previsional. Según explicó, esta situación perjudica directamente a los jubilados y contradice el objetivo oficial de sanear la Caja. Además, advirtió que los futuros haberes sufrirían una importante reducción respecto del salario en actividad.
El representante de AMET también alertó que la modificación del cálculo del haber inicial, extendiendo de manera considerable el período tomado como referencia, podría derivar en una gran cantidad de demandas judiciales, al considerar que afecta derechos adquiridos. «Es cambiar las reglas con las que ingresamos a la docencia», sostuvo.
Asimismo, afirmó que el contexto económico de los trabajadores hace que este no sea el momento para avanzar con una reforma de estas características y recordó que numerosos docentes debieron recurrir a préstamos y planes de financiación para afrontar sus gastos cotidianos.
AGMER ratificó su rechazo
Por parte de AGMER, el secretario general Abel Antivero cuestionó, en primer lugar, la ausencia de otros sindicatos docentes en la convocatoria y reafirmó el rechazo total del gremio a la iniciativa.
Durante su exposición recordó la instalación de la Carpa Blanca frente a la Casa de Gobierno como símbolo de resistencia y sostuvo que el sindicato no aceptará modificaciones sobre la Ley 8.732. Además, destacó que la campaña de recolección de firmas contra la reforma ya reunió alrededor de 50.000 adhesiones, reflejando, según indicó, el rechazo de un amplio sector de la sociedad.
Antivero sostuvo que el proyecto responde a una lógica de ajuste y cuestionó que el Gobierno utilice el déficit de la Caja como principal argumento para impulsar la reforma. En ese sentido, remarcó que los sistemas previsionales no están diseñados para generar superávit y calificó de poco realista la proyección oficial que anticipa una disminución de la relación entre trabajadores activos y jubilados durante la próxima década.
También hizo referencia al desgaste que implica la actividad docente y consideró que cualquier modificación en los años de servicio debería contemplar las condiciones laborales y los problemas de salud que afectan al sector, especialmente aquellos relacionados con la salud mental y las afecciones vocales.
Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido a los legisladores oficialistas, a quienes acusó de repetir un mismo discurso durante el tratamiento del proyecto. Además, criticó la convocatoria a representantes del Consejo Empresarial de Entre Ríos y de la Bolsa de Cereales para participar de futuras reuniones de comisión, al considerar que no tienen injerencia directa en el debate previsional.
Antes de finalizar, pidió a los diputados que definan su voto pensando en los intereses de los entrerrianos y advirtió que el gremio señalará públicamente a quienes acompañen la iniciativa. Sus declaraciones generaron la respuesta de legisladores oficialistas, quienes rechazaron esos dichos y los consideraron una falta de respeto. También cuestionaron la ausencia de solidaridad del gremio con la senadora Gladys Domínguez Miranda, quien denunció amenazas tras votar favorablemente el proyecto en la Cámara Alta.
Por su parte, los diputados del bloque Más para Entre Ríos, Juan José Bahillo y Laura Stratta, cuestionaron la celeridad con la que se está tratando la iniciativa y coincidieron con varios de los planteos realizados por los representantes sindicales.
La Federación de Jubilados pidió garantías para los actuales beneficiarios
Durante la misma reunión expusieron representantes de la Federación de Jubilados de Entre Ríos, quienes reiteraron su rechazo a la reforma y solicitaron que la futura ley establezca expresamente la no aplicación retroactiva de las modificaciones para jubilados y pensionados.
El presidente de la entidad, Oscar Pirillo, sostuvo que algunos artículos del proyecto podrían ser objeto de cuestionamientos judiciales por afectar derechos previsionales ya adquiridos, especialmente aquellos vinculados al nuevo mecanismo de cálculo de los haberes y a la posibilidad de establecer aportes extraordinarios.
Asimismo, reclamó que el Gobierno provincial haga públicos los datos económicos que fundamentan la declaración de emergencia previsional y permitan conocer la evolución real del déficit de la Caja de Jubilaciones.
A su turno, la representante de la Federación ante la Caja, Claudia Valori, valoró la posibilidad de participar del debate y pidió revisar las facultades que el proyecto otorga al presidente del organismo para evitar interpretaciones discrecionales de la futura norma.
También expresó su preocupación por la modificación prevista para las jubilaciones por invalidez, cuyo porcentaje se reduciría del 82 % al 70 %, y advirtió sobre la exclusión de algunos regímenes especiales, entre ellos los correspondientes a trabajadores de la salud y del sector vial.
En el cierre de su exposición, Valori sostuvo que el nuevo sistema de cálculo previsto en la reforma provocará una disminución significativa de los haberes futuros y advirtió que quienes se jubilen bajo el nuevo régimen percibirán ingresos considerablemente inferiores a los actuales.
