A través de un comunicado oficial, el oficialismo aseguró haber “cumplido con las obligaciones correspondientes” y afirmó que ya realizó la transferencia de los fondos presupuestarios destinados a las universidades nacionales.
El Gobierno respondió a la Marcha Universitaria y negó desfinanciamiento
El Gobierno Nacional salió al cruce de los reclamos realizados por rectores, docentes y estudiantes durante la cuarta Marcha Federal Universitaria, en la que se exigió la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Desde la administración nacional calificaron la movilización como una manifestación “opositora” y rechazaron las acusaciones por supuestos incumplimientos en los pagos.
A través de un comunicado difundido por La Libertad Avanza, la gestión encabezada por Javier Milei sostuvo que existe una intención de “instalar” en la sociedad la idea de que el Gobierno busca desfinanciar o incluso cerrar las universidades públicas.
En ese sentido, remarcaron que la administración nacional “cumplió con sus obligaciones” y aseguró haber transferido mensualmente las partidas presupuestarias destinadas a gastos de funcionamiento de las universidades nacionales.
Además, indicaron que el Presupuesto 2026 contempla un incremento en los fondos asignados al sistema universitario, alcanzando los 4,8 billones de pesos para el próximo año.
El Gobierno calificó a la Marcha Universitaria de “opositora” y rechazó críticas por el financiamiento
El Gobierno Nacional volvió a responder a los reclamos surgidos durante la cuarta Marcha Federal Universitaria y aseguró que no existen retrasos en las transferencias destinadas a las universidades públicas. Además, calificó la movilización como una manifestación “opositora”.
Desde La Libertad Avanza señalaron que, durante la gestión del ex presidente Alberto Fernández, los fondos destinados a las universidades se enviaban “hasta con cuatro meses de demora” y en un contexto de inflación anual del 211,4%.
En contraste, remarcaron que actualmente las transferencias se realizan mensualmente y con una inflación interanual del 31,5%.
El oficialismo también cuestionó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y sostuvo que la norma “nació suspendida en su ejecución” debido a que, según afirmaron, durante su aprobación en el Congreso no se establecieron las fuentes de financiamiento necesarias para cubrir el gasto estimado de 1,9 billones de pesos.
Por último, el Gobierno reafirmó el compromiso de la gestión del presidente Javier Milei con el equilibrio fiscal y rechazó cualquier modificación presupuestaria que implique incrementar impuestos o recurrir a la emisión monetaria, al considerar que esas medidas generarían “más inflación y más pobreza”.
