La discusión por el financiamiento de las políticas de discapacidad volvió a generar diferencias dentro de La Libertad Avanza. El dictamen impulsado en Diputados por Martín Menem, con respaldo de sectores aliados, modificó aspectos centrales del ajuste previsto originalmente en el proyecto de Presupuesto 2027 y abrió un nuevo contrapunto con el equipo económico.
El conflicto se reactivó después de que el oficialismo avanzara en la comisión con una propuesta alternativa al capítulo VI del proyecto presupuestario. El texto obtuvo 42 firmas, frente a 36 de la oposición, y fue respaldado por legisladores de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR. La iniciativa recupera varios puntos contemplados en la actual legislación de emergencia en discapacidad.
La negociación había sido encabezada por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto con representantes de los bloques dialoguistas. El entendimiento generó cuestionamientos dentro del área económica, que sostiene que los cambios implican un impacto fiscal que debe ser contemplado dentro del esquema de equilibrio de las cuentas públicas para 2027.
Entre los puntos discutidos se encuentran el nomenclador universal de prestaciones, el arancel unificado y las pensiones no contributivas por invalidez. La propuesta oficialista mantiene la vigencia de los valores unificados y establece mecanismos de actualización, al tiempo que prevé controles periódicos para verificar el cumplimiento de los requisitos de acceso a las pensiones.
Diferencias dentro del oficialismo
El debate volvió a poner en evidencia las diferencias entre el sector político de La Libertad Avanza y el equipo económico encabezado por Luis Caputo. Según trascendió, desde Economía cuestionaron el impacto presupuestario de la propuesta acordada con los bloques aliados, mientras que desde el sector de Menem sostienen la necesidad de preservar los acuerdos parlamentarios alcanzados.
La situación guarda similitudes con lo ocurrido durante el tratamiento del Presupuesto 2026, cuando el oficialismo enfrentó dificultades para sostener algunos capítulos vinculados con discapacidad y financiamiento universitario.
A la tensión entre Menem y el área económica se sumaron las diferencias expresadas por Patricia Bullrich. La senadora y jefa del bloque libertario en la Cámara Alta había cuestionado previamente los cambios incluidos en el Presupuesto 2027 y señaló que el capítulo referido a discapacidad había generado una falta de coordinación dentro del Gobierno.
Bullrich también planteó sus reparos durante las reuniones de la mesa política oficialista, donde se buscó encauzar las diferencias internas en torno al proyecto presupuestario.
El PRO también cuestionó el proyecto
El debate por discapacidad tampoco quedó limitado al oficialismo. Desde el PRO cuestionaron el contenido original del Presupuesto 2027 y plantearon la necesidad de introducir modificaciones para garantizar la continuidad de las prestaciones.
La bancada que conduce Cristian Ritondo manifestó su intención de avanzar hacia un dictamen que permita superar la situación de emergencia y, al mismo tiempo, sostener los derechos de las personas con discapacidad.
El nuevo escenario deja abierto el tratamiento parlamentario del Presupuesto 2027, en un contexto en el que el Gobierno deberá compatibilizar su objetivo de mantener el equilibrio fiscal con las negociaciones que lleva adelante con los bloques aliados para conseguir respaldo legislativo.
