Pablo Feijoo, el hijo de una de las jubiladas que vendió el departamento de la calle Miró al jefe de Gabinete, declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita que el funcionario adeuda 65.000 dólares adicionales por las refacciones, lo que eleva el costo total de la propiedad a 295.000 dólares.
Feijoo, desarrollador inmobiliario e integrante de la empresa TSJ Group S.R.L, se definió como el artífice de la compraventa. Relató que le propuso a Adorni un precio de 300.000 dólares y que finalmente aceptó bajarlo a 230.000 porque creía que la operación le serviría como publicidad para futuros proyectos. «No le importó perder ganancias», indicó, aunque ahora admite que el caso le generó publicidad negativa.
El inmueble había sido adquirido por las jubiladas Beatriz Viegas —madre de Feijoo— y Claudia Sbabo a 200.000 dólares, un valor que el exfutbolista Hugo Morales aceptó por la urgencia de la venta y el mal estado de la vivienda. La inmobiliaria que lo tasó originalmente lo había publicado a 375.000 y consideraba que podía venderse a 345.000. Feijoo y Adorni se conocen del colegio al que asisten sus hijos, y una de las hipótesis de la fiscalía es que la operación se armó para facilitarle al funcionario la adquisición del departamento.
Las condiciones de financiación fueron atípicas: Adorni pagó solo 30.000 dólares de adelanto y el resto, 200.000, fue hipotecado por las propias vendedoras a un año y sin intereses. A eso se suma, según el testimonio de Feijoo, un acuerdo verbal por las refacciones —que remodelaron por completo el baño, la cocina, los pisos y los espacios exteriores— por 65.000 dólares que el jefe de Gabinete aún no pagó y que no figuran en ningún documento.
La casa del country Indio Cua y otras deudas
En la misma jornada declaró Juan Ernesto Cosentino, quien vendió a Adorni y a su esposa Bettina Angeletti una propiedad en el country Indio Cua el 15 de noviembre de 2024. La pareja pretendía pagar con 20.000 dólares en efectivo y una hipoteca de 100.000 del departamento de Parque Chacabuco. Cosentino no aceptó y la operación se resolvió cuando las policías Graciela Molina y Victoria Cancio —presentadas por la escribana Adriana Nechevenko— prestaron 100.000 dólares a Adorni con una tasa del 11 por ciento anual. A ellas aún les debe 70.000 dólares.
Viajes y gastos sin justificar
La investigación por enriquecimiento ilícito busca determinar si el nivel de vida del funcionario es compatible con sus ingresos. A las propiedades se agregan los viajes: el vuelo privado a Punta del Este —cuyo costo de aproximadamente 9.000 dólares habría sido afrontado por el periodista Marcelo Grandio— y la estadía en Aruba con toda su familia entre diciembre de 2024 y enero de 2025, con pasajes de 1.440 dólares por persona y hospedaje en un hotel all inclusive. El fiscal pidió información a aerolíneas y empresas de turismo sobre otros destinos que habría visitado, entre ellos Río de Janeiro, Iguazú, Chapelco y Bariloche.
Pollicita también requirió informes a plataformas de pago, billeteras virtuales y cuentas digitales (Mercado Pago, Brubank, Personal Pay, entre otras) para rastrear movimientos de fondos del matrimonio. La suma de gastos, deudas y el incremento patrimonial en apenas dos años de función pública profundizan las sospechas sobre el jefe de Gabinete, cuyo sueldo al inicio rondaba los 3,5 millones de pesos y hoy apenas alcanza los 7 millones.
