El ex titular de Aduanas, consideró que la Provincia podría presentar una demanda ante la Corte Suprema contra el Decreto 652 que exceptuó a los sueldos de la provincia del sur del pago del impuesto a las ganancias.
Guillermo Michel, consideró que la excepción que contiene ese decreto no está contemplada en la Ley 27.743, conocida como “paquete fiscal”, que fuera votada en conjunto con la Ley Bases en el Congreso.
El ex funcionario de Aduanas recordó que el texto remitido por el Ejecutivo nacional, y que se terminó votando en ambas Cámaras, contó con un párrafo estableciendo que todo pago recibido por cualquier concepto relacionado al trabajo personal en relación de dependencia (sea pagado por su empleador o por un tercero) integrará la base imponible del impuesto a las ganancias.
Michel sostuvo que “esta norma deja fuera del beneficio a cualquier disposición prevista en una norma especial, entre ellas las excepciones contenidas en la ley 19.640 que regula el Régimen especial fiscal y aduanero de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.
Por lo tanto, la excepción que otorga el decreto “claramente violenta el principio de legalidad, ya que mediante un Decreto se da un beneficio superior al que establece la ley. En otras palabras, por la vía del Decreto 652/2024 se busca exceptuar del Impuesto a las Ganancias a los salarios percibidos en Tierra del Fuego sin haber estos sido exceptuados por la ley 27.743”, concluyó.
Para el dirigente de Gualeguaychú, esta situación genera no solo una violación a principios constitucionales del derecho tributario, “sino que genera incertidumbre jurídica y potencia la judicialización de la medida”.
Por lo tanto, razonó, Entre Ríos podría demandar a la Nación por la merma en la base de cálculo de la distribución de ganancias vía coparticipación que se desprende de la excepción firmada por el presidente Milei.
“Imagino que el Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes actuará de la misma manera que lo hizo en 2019 en defensa de los intereses de los entrerrianos”, remató Michel, en referencias a las acciones llevadas a cabo en aquella ocasión contra el decreto de agosto de 2019 de Mauricio Macri que redujo la alícuota de IVA en los productos de la canasta básica, impactando en la coparticipación de las provincias. La Corte Suprema de Justicia falló entonces a favor de las provincias y ordeno al gobierno nacional a devolverles los montos no percibidos durante la vigencia del decreto de Macri.
