Guillermo Ruiz (*)
Además del Día del Maestro que celebramos ayer, septiembre reúne muchas efemérides educativas. La mayoría son nacionales o provinciales (como el Día de la Educación de Gestión Social, o el Día del Maestro Bibliotecario), pero también se encuentra el Día Internacional de la Alfabetización. Algunas remiten al siglo XIX, como el Día del Profesor; mientras que otras fechas constituyen celebraciones establecidas en tiempos más cercanos: el Día de la Educación Técnica, el de Estudiantes, el de Preceptores. El 16 se recuerda la Noche los Lápices.
Ahora bien, a la luz de los 40 años de democracia, ¿hay motivos para festejar la educación argentina? Tratemos de ubicar esta pregunta a la luz de la obra de Sarmiento. Su legado normativo (constitucional, legislativo, pedagógico) aún pervive como un proyecto político-educativo por promover el derecho a la educación, con un Estado comprometido con su expansión y con la formación docente. Durante el siglo XX, el derecho a la educación ganó en contenido, y gobiernos constitucionales como el de Juan Perón y el de Raúl Alfonsín instrumentaron medidas para favorecer el acceso a la educación secundaria y superior: el establecimiento de la gratuidad, en 1952, y la eliminación de los exámenes de ingreso a partir de 1984, verdaderos hitos. Con el restablecimiento de la democracia constitucional, en 1983, la educación obtuvo un amplio reconocimiento debido al sistema de derechos previsto en la Constitución reformada en 1994 y en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional. La labor parlamentaria (más de 300 leyes educativas en estos 40) y las políticas ejecutadas han intentado promover el ejercicio de este derecho.
Sin embargo, los datos del presente educativo reflejan muchas deudas en materia de igualdad y de logros escolares. Ejemplo de ello lo constituyen los críticos desempeños en las evaluaciones de Lengua y Matemática. Asimismo, el número efectivo de días de clases, las recurrentes huelgas, la escasa cantidad de escuelas con jornadas completas, los déficits en infraestructura y recursos, conforman un contexto frustrante para grandes sectores de la población. El surgimiento reciente de propuestas políticas que ofrecen soluciones proclives a la mercantilización del sector, demuestra un profundo desprecio a la educación como derecho. Sin caer en una visión romántica del pasado, el contexto actual invita a una autocrítica.
(*) Autor del libro «El derecho a educación: definiciones, normativas y políticas públicas revisadas».











