Por Arturo Brooks
El golpe militar de 1973 en Chile instaló al general Augusto Pinochet como dictador de un régimen que torturó, mató y desapareció a miles de personas en nombre de la lucha contra el comunismo. Salvador Allende, el primer socialista de América que asumió el poder mediante las urnas, se suicidó cuando las tropas irrumpieron en el palacio presidencial. Bajo Pinochet, se cerró el parlamento, se prohibieron los partidos políticos y se cerraron los medios de comunicación. Chile se convirtió en un banco de pruebas para las políticas de “terapia de choque” del economista Milton Friedman de la Universidad de Chicago.
El mes pasado, el presidente de Chile, Gabriel Boric, lanzó formalmente el primer plan del país para buscar a las víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones políticas bajo la dictadura. Boric, que invocó a Allende en su discurso de toma de posesión, es el presidente más izquierdista de Chile desde 1973 y llegó al poder después de una “explosión social” contra la desigualdad.
Una nación desigual ha producido una política polarizada: el principal oponente de Boric es un apologista de extrema derecha de Pinochet cuyo partido controla un bloque decisivo en el comité que el Presidente creó para reescribir la constitución de la era de la dictadura de Chile. Hace una década, las encuestas sugerían que una de cada ocho personas en Chile consideraba correcto el derrocamiento de un líder elegido democráticamente. Eso es ahora de uno de cada tres. Algunos aceptan que se produjeron abusos contra los derechos humanos bajo Pinochet, pero creen que fueron excusados por un desempeño económico superior. Esto es falso. La transformación del libre mercado en Chile no debe considerarse un éxito.
Más de 500 intervenciones
En 1973 Allende fue acusado por los gobiernos de EE.UU., Reino Unido, Australia y Alemania, y por buena parte de su propio pueblo de administrar mal la economía y de hacer crecer la inflación a un ritmo desenfrenado. Lo que no se sabía entonces era el alcance de la intervención encubierta de EE.UU. Eso sólo salió a la luz un año después, cuando el jefe de la CIA admitió haber gastado 8 millones de dólares (unos 45 millones de dólares en dinero actual) entre 1970 y 1973 para hacer imposible que Allende gobernara. La libre determinación era cosa de amigos con ideas afines.
No fue la primera vez, ni sería la última en que Washington intervendría en otros países para buscar cambiar un régimen, usando todo tipo de justificaciones –la Doctrina Monroe, la guerra fría, la guerra contra las drogas y desde el 11-S estadunidense, la guerra contra el terror. Pero la violación del derecho de la autodeterminación y soberanía de otros países por Washington ha sido esencialmente porque de alguna manera se atrevieron a ofrecer un ejemplo progresista no aprobado por Washington.
Van más de 500 intervenciones militares estadunidenses internacionales desde la fundación de Estados Unidos en 1776, con más de la mitad ocurridas entre 1950 y 2017, y un tercio del total después de 1999, reporta el Proyecto de Intervención Militar en la Universidad Tufts (https://sites.tufts.edu/css/mip-research/#_edn49).
Registros secretos
Es difícil calcular el número de veces en que Washington ha intervenido, tanto militarmente como de otras maneras, directas e indirectas, en América Latina con el objetivo de lograr un cambio de régimen, pero un análisis identificó por lo menos 41 casos entre 1898 y 1994, o uno cada 28 meses durante un siglo, según el historiador John Coatsworth, de la Universidad Harvard (https://revista.drclas.harvard.edu/united-states-interventions/).
Los ejemplos, sobre todo en América Latina, muestran de manera abrumadora que estas intervenciones de todo tipo han sido contra regímenes progresistas y ayudaron a instalar regímenes derechistas, no pocos de ellos entre los más brutales en el mundo.
El gobierno de Estados Unidos sigue manteniendo registros secretos sobre su papel. Washington debería abrir sus archivos y sincerarse.
El golpe chileno es visto a nivel global como lo que fue: parte de un intento de décadas de desestabilizar a los gobiernos de izquierda en la región. Es evidente que la doctrina de seguridad nacional estadounidense era indiferente a las dictaduras y legitimaba las guerras sucias. Washington jamás pidió perdón, ni por las bombas atómicas que lanzó en Hiroshima y Nagasaki.
Por eso inspira animadversión en el continente. Ya sean sanciones a Cuba, acusaciones de que apoya a los enemigos internos del gobierno mexicano o una depreciación forzada por el FMI en Argentina, las sombras proyectadas por el 11 de septiembre de 1973 se están alargando.
